Alquileres turísticos. Un atentado contra el derecho de propiedad

Se conoce como gentrificación un fenómeno antiguo y natural (propio de la ciudad  moderna industrial y de servicios) en la que se produce un desplazamiento de clases populares del centro de las ciudades, propietarios e inquilinos,  por el incremento de valor y precio de los inmuebles. Michael Pacione es el geógrafo urbano que ha desarrollado y  popularizado el concepto a partir de la palabra en inglés gentry, alta burguesía.

En Europa, la ciudad medieval y barroca, constreñida por murallas, se caracterizaba por la convivencia próxima del palacio del señor junto a la vivienda de menestrales y artesanos. A partir de la mitad del siglo XIX, con la industrialización se produce la transformación, la modernización, de la ciudad. Ya fuera de las murallas, los sucesivos ensanches urbanos reubican, de modo muy marcado, una estratificación social por ingresos según el atractivo y valor del centro o de áreas residenciales.

Se pueden exhibir numerosos ejemplos de gentrificación en Nueva York, el sur y centro de Harlem, el Soho de Londres o la Colonia Roma de ciudad de México. En España el ejemplo más claro y próximo es el barrio de Chueca, en Madrid, que pasó de ser, hace cuarenta años, una zona degradada (y hasta peligrosa) a convertirse en un centro urbano atractivo para la inversión inmobiliaria.

Como otros fenómenos sociales e históricos, la gentrificación tiene su activo y su pasivo. El activo es la revalorización de inmuebles que beneficia a los antiguos y nuevos propietarios y una indudable mejora estética urbana. El pasivo es el desplazamiento de inquilinos (a veces, ocupas) hacia la periferia de la ciudad por precios más bajos de los alquileres en comparación con los se van revalorizando.

La invasión de turistas en España supone un factor favorable a la «gentrificación»

Y aquí llegamos al meollo de la amenaza de la gentrificación: la invasión de turistas en España supone un factor favorable a este proceso, al incremento de rentas de propietarios y a la oferta diversificada de nuestra industria turística, que casi supone el veinte por cien de nuestro Producto Interior Bruto. El lobby hotelero español, deseoso de eliminar o reducir la competencia, abandera la prohibición y limitación de los pisos turísticos, un fenómeno general en todas las ciudades de alta demanda de habitaciones y pisos turísticos. Este debate, además de en Madrid, se encuentra en Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Málaga y otras muchas ciudades y pueblos de nuestra geografía.

Los ayuntamientos se encuentran en un dilema. Por un lado los inquilinos se quejan del incremento de los precios en las áreas en transformación, de mayor demanda, y son un potencial reguero de votos. Pero por otro lado, numerosos propietarios son partidarios del libre mercado y del desarrollo del proceso de gentrificación. Un buen ejemplo de este proceso lo constituye, en Madrid, el barrio de Lavapiés.

Lavapiés es un barrio céntrico de Madrid, tradicional, castizo, popular y barato. En los últimos treinta años el barrio ha padecido una gentrificación al revés. Los antiguos vecinos castizos madrileños, se han visto desplazadas por la invasión de ocupas y de inmigrantes sin papeles que han convertido el barrio en un lugar a la vez apetecido por los inversores y disfrutado por una población flotante de subsaharianos y magrebíes. El resultado es que Lavapiés se ha transformado en un foco conflictivo. Hace apenas unos meses, los vecinos han tenido que padecer graves altercados por el fallecimiento de un mantero (vendedor ambulante) subsahariano por causas naturales, según la autopsia.

De la prohibición al deterioro

¿Qué hacen las autoridades españolas ante la gentrificación? El gobierno nacional, como en tantos aspectos importantes de nuestra convivencia, nada. Partido Popular y Partido Socialista no tienen opinión y pasan la pelota a las autonomías y a los municipios. Por supuesto una solución general, como en Italia o en los Estado Unidos, es inimaginable en nuestras ciudades. En Italia cualquier vivienda o habitación es susceptible de alquiler a turistas, previa licencia y con la salvedad de comunicar a la policía (por razones de seguridad y fiscales) el nombre e identificación del cliente.

Los ayuntamientos españoles, muy en la tradición gremial de limitar el libre comercio y el derecho de propiedad, se inclinan por reducir o prohibir los pisos turísticos

Los ayuntamientos españoles, muy en la tradición gremial de limitar el libre comercio y el derecho de propiedad, se inclinan por reducir o prohibir los pisos turísticos. En Madrid, el ayuntamiento de Podemos ha resuelto prohibir los alquileres turísticos con la salvedad de aquellos que tengan acceso directo e independiente a la calle. Es decir, prácticamente ninguno.

Estamos ante una nueva limitación del derecho de propiedad, de la congelación del mercado intentando frenar la gentrificación. En el franquismo la congelación de alquileres produjo un efecto similar con un gran deterioro de las áreas urbanas del centro de las ciudades, potencialmente revalorizables. Fue necesaria la iniciativa socialista de la Ley Boyer y en pocos años se produjo una mejora espectacular de los centros históricos en toda España.

La paradoja de los populistas e intervencionistas es que en el fondo, son seguidistas del multimillonario lobby hotelero y aplican políticas antimercado cercanas a las leyes de alquiler franquistas, mientras se pasan el día condenando (a toro pasado) la dictadura del general Franco.

Habida cuenta de que la gentrificación es una muestra de la vitalidad de una sociedad abierta y de que el turismo precisa una diversificación de oferta  y satisfacción equilibrada de la demanda, habrá que esperar que surja un nuevo Miguel Boyer. Un reformista político que promueva alguna medida que convierta la amenaza de la gentrificación que recorre España, en una ventana de oportunidad, de respeto a la propiedad y a la libertad.

Foto Carlos Zurita

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