Desde hace ya algunos meses venimos observando en el conjunto de la UE un incremento constante de los precios de la energía, reflejados en los medios a través del notable incremento del precio de la luz y sus dañinos efectos sobre las economías familiares. Este asunto no ha sido desperdiciado por los diversos partidos políticos que componen el arco parlamentario español, lanzando cada uno sus propuestas -a cada cual más inverosímil-, con las única intención de arrimar el ascua a su sardina. Unos han vuelto con su propuesta de constituir una eléctrica pública, mientras otros reclamaban soberanía energética para España, reforzando su discurso nacionalpopulista con un nuevo toque de idiocia, simplificación y desconocimiento.
Yo no soy ningún experto en la materia, pero a lo largo de los últimos meses he puesto algo de empeño en leer ciertos informes, artículos y documentos informativos escritos por aquellos que sí lo son. Son precisamente las conclusiones o indicios de dichos documentos lo que vengo a reseñar en este artículo.
España debe plantearse cómo aumentar el suministro eléctrico a través de fuentes con mínimos costes variables, principalmente, mínima emisión de CO2, para así reducir el precio de la electricidad
En primer lugar, hemos de tener presente que el principal problema del aumento del precio de la energía no es por defecto el aumento del precio del consumo energético per se, sino su traslado a los precios de diferentes bienes y servicios- Ello conduce a una especie de espiral inflacionaria (la cual no estamos observando). Aún así, el traslado de precios no está produciéndose de manera lineal, aún siendo la energía un factor productivo de elevada relevancia.
Resulta normal que la ciudadanía demande soluciones rápidas y efectivas al aumento del precio de la energía. El problema real se encuentra en que este no es un asunto exclusivo de España, sino del conjunto de la UE e incluso de gran parte del mundo, ya que los precios de la gasolina, el gasóleo, el gas natural o los derechos de emisiones de CO2 no dependen del mercado español, sino de la producción y comercialización internacional.
Un informe que arroja bastante luz al respecto proviene del servicio de estudios del Banco de España. Según el informe del Banco de España, entre diciembre de 2020 y junio de 2021, el 50% del encarecimiento de la factura de la luz provendría del incremento de los precios del gas natural, mientras otro 20% habría sido directamente causado por el incremento del precio de los derechos de emisión. El precio tanto del gas como de los derechos de emisión de CO2 dependen de los mercados internacionales. En el caso de los segundos, varias directivas europeas establecen su retirada paulatina para fomentar una subasta cada vez más reducida que incentive una aceleración de la transición energética. Esto significa que tener una mayor participación de la energía renovable en el mix energético nacional supondrá cada vez un menor precio de la energía a medio y largo plazo, mientras, por ejemplo, el carbón, al emitir mucho CO2 en la producción de electricidad, será cada vez menos rentable y, por tanto, desplazado del mercado. Este hecho implica a su vez que el gas natural cobre un mayor protagonismo, ya que los picos de demanda, al no poder ser cubiertos en su totalidad con fuentes de energía renovable, requerirán del gas natural para ser cubiertos.
Llegados a este punto muchos argüirán que, aunque sea cierto que el precio de la electricidad haya aumentado a lo largo de los últimos meses, el incremento del precio de la luz ha sido muy superior en proporción. El motivo de este fenómeno se halla en la estructura de costes de los diferentes modos de producir electricidad, muy dispares entre sí. Por un lado, encontramos las energías renovables y la nuclear, cuyos costes variables de producción son minúsculos, mientras tienen que afrontar elevados costes de entrada, asumiendo una importante inversión inicial que ha de ser cubierta con ingresos futuros. Una de las razones por las cuales los costes variables de producción en estos casos son casi nulos se debe a que estas energías no generan CO2 y, por lo tanto, no pagan derechos de emisión. Mientras tanto, los costes variables si se trasladan a los costes reportados -y, por lo tanto, a los precios- en los casos del gas y el carbón, ya que estos producen CO2. Además, suelen ser los que fijan el precio mayorista de la energía en España por el (lógico) funcionamiento del sistema marginalista.
Esto último ha generado números críticas recientes al sistema marginalista. Muchas de ellas carecen de suficiente fundamento o no proponen alternativas. No se ha mencionado lo suficiente que el sistema marginalista es aquel establecido por las directivas de la Unión Europea, debido principalmente a la falta de alternativas a raíz de la elevada proporción de fuentes de producción eléctrica con reducidos o inexistentes costes variables. En algunos casos, determinadas personalidades han puesto de ejemplo a Francia para mostrar la supuesta necesidad de existencia de una empresa pública de energía en España. Es cierto que, en Francia, EDF -una eléctrica pública-, ha logrado mantener los precios de la electricidad más bajos de Europa durante todos estos meses. Lo que a muchos se les olvida comentar es que EDF es propietaria de 56 reactores nucleares, cuya producción supuso cerca del 70% del total en Francia en el año 2019. Es decir, el factor diferencial no es la titularidad de la empresa energética, sino la fuente de la energía.
En este sentido, de cara al futuro, España debe plantearse cómo aumentar el suministro eléctrico a través de fuentes con mínimos costes variables -principalmente, mínima emisión de CO2- para así reducir el precio de la electricidad. Aunque una combinación de energía nuclear y renovables sería una solución quasi-óptima, esta no es una opción factible. La energía nuclear, si bien es cierto que no genera emisiones, si presenta ciertos problemas a la hora de gestionar sus residuos radiactivos. Además, el elevado tiempo que conlleva la construcción y puesta en marcha de una central nuclear no permite que esta sea una solución a corto o medio plazo para reducir el precio de la electricidad. Por lo tanto, gran parte de la solución se hallará probablemente en el progreso tecnológico que hará que las baterías de litio permitan una mayor viabilidad de la energía producida a partir de fuentes renovables. Resulta extremadamente complicado encontrar una solución a corto plazo, por lo menos desde un prisma realista. Mientras tanto, diferentes formaciones políticas siguen lanzando propuestas inviables y ridículas en lugar de proponer soluciones factibles a un asunto que es, en realidad, de trascendencia y solución supranacional.
*** Álvaro Martín, estudiante de Economía en Cambridge University.
Foto: Riccardo Annandale.
