El sistema de pensiones de España es uno de los menos sostenibles del mundo desarrollado. Mercer ha publicado el Melbourne Mercer Pension Index, que calibra las prestaciones y la salud de los distintos sistemas de pensiones, y este es el principal resultado para nuestro sistema de pensiones.
El MMPI 2018 es un índice creado a partir de tres criterios: Buen gobierno, suficiencia y sostenibilidad, en una escala que va del 0 al 100. Por lo que se refiere a la suficiencia, es decir, a lo que paga el sistema en comparación con la renta y los precios del país, España está en la décima posición, justo por debajo de Noruega. Vaya esto por los activistas que no se acuerdan de Santa Bárbara hasta que llega el Partido Popular al poder, y que dicen que las pensiones son demasiado bajas. Las que paga nuestro sistema está por encima de la media de los países considerados en el informe.
España es el país con un sistema de pensiones menos sostenible, excepción hecha de Austria e Italia
Por lo que se refiere al buen gobierno, España está por debajo de esa media. Pero eso no es lo preocupante, sino que sea el país con un sistema menos sostenible, excepción hecha de Austria e Italia. Hasta Argentina está ligeramente por encima de nuestro país. El informe ofrece a España los consejos canónicos: aumentar la edad de jubilación, limitar los beneficios antes de la jubilación, y aumentar el ahorro. Correcto. Recuerdo cómo se lanzaban los mismos mensajes a mediados e incluso a comienzos de los años 90’.
Se han tomado desde entonces varias medidas para “reformar” el sistema; es decir, para ajustar lo que paga a lo que puede pagar, que cada vez es menos. Se ha ampliado el período de cálculo de las pensiones de los dos últimos años a 25. Y ya se habla de ampliarlo a 30 años. Se ha arbitrado una fórmula para calcular los (magros) incrementos de las pensiones. Ahora hay que cotizar un mínimo de 15 años, y a partir de 2027, sólo recibirán la pensión máxima quienes hayan cotizado 37 años o más. Y la edad de jubilación se ha ampliado a 67 años. Qué duda cabe de que se pueden reformar, es decir, rebajar más pensiones. ¿Cómo no considerar retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años en el país más longevo del mundo a partir de 2040? Sabemos que en algún momento se ampliará el período de cálculo a toda la vida laboral; lo que ignoramos es cuándo.
Pero los pasos atrás de los políticos irresponsables, como Pedro Sánchez, dañan la sostenibilidad del sistema. E incluso con todas esas reformas, la factura del sistema crece a gran velocidad. En este mes de octubre, por ejemplo, el gasto en esta rúbrica ha crecido un 4,81 por ciento interanual. No es sólo que se jubilen más españoles, sino que llegan al pasivo del sistema con un pasado de sueldos y contribuciones mayores, por lo que aumenta lo que éste les debe. A todo ello hay que sumar que nuestro baby boom, más tardío que el de los Estados Unidos, se empezará a jubilar en un par de lustros.
No hay nada que una rebaja drástica de las pensiones no pueda solventar, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo combinar la promesa de repartir más dinero ajeno cuando el numerador de las contribuciones cae y el denominador de quienes quieren cobrar no deja de crecer? Se puede dar patada a seguir, pero indefinidamente. ¿Qué hacer, pues?
De Bismarck a Beveridge
Hay una fórmula de hacerlo. Consiste en cambiar por completo la filosofía del sistema de pensiones; pasar de Bismarck a Beveridge. Como explicaron los profesores J. Ignacio Conde-Ruiz y Clara I. González en el Journal of the Spanish Economic Association hace dos años, hay dos concepciones muy distintas de lo que debe ser un sistema de pensiones. La concepción del sistema impulsado en la Alemania de Bismarck y que hemos implementado en España y en la mayor parte del mundo es un sistema de previsión, de seguro ante el fin de la vida laboral, que prestaría servicio a todo el mundo. Es un sistema contributivo; es decir, que se genera el derecho contra el sistema porque se han hecho contribuciones al mismo durante años, y en función de esas contribuciones. Funciona, de este modo, como si fuera un seguro privado sólo que en lugar de ser un ahorro, lo que hay es una transferencia de los trabajadores a los jubilados.
Beveridge, en el famoso informe de 1942 en el que se sentaron las bases de lo que luego ha sido el Estado de Bienestar, planteaba un sistema muy distinto, y quizás menos ambicioso, en el cual todos los jubilados reciben la misma cantidad, independientemente de las contribuciones que se hayan hecho. Ya no es un sistema contributivo, sino asistencial. Tiene una fundamentación completamente distinta.
Lo que se puede observar es un intento por cambiar el carácter de nuestras pensiones, de un principio contributivo a otro asistencial
Nuestro sistema de pensiones es contributivo. Hay unas pensiones mínimas, pero también las hay máximas, y hay una correlación entre la cantidad aportada y el número de días de contribución al sistema, y lo que éste fija como pensión para la persona que se jubila. Lo que se puede observar, ya con el gobierno de Mariano Rajoy y con fuerza con el gobierno accidental de Pedro Sánchez, es un intento por cambiar el carácter de nuestras pensiones, de un principio contributivo a otro asistencial.
En 2013, Conde-Ruiz advirtió sobre cómo se estaba cambiando de forma taimada de un principio a otro. Observaba, por ejemplo: “La política seguida hasta ahora durante los últimos 15 años, como se ve en el siguiente gráfico, muestra dos tendencias claras: el ratio pensión mínima y base mínima ha aumentado hasta el 1,2 (lo cual quiere decir que si un trabajador cotiza por la base mínima toda su vida laboral la pensión que percibe es un 20% superior dicha base), mientras que el ratio pensión máxima y base máxima descendió para luego estabilizarse en el 0,9 (lo cual quiere decir que si un trabajador cotizase toda su vida por la base máxima la pensión que percibiría será un 10% inferior a la base por la que cotizó)”.
Se realiza, así, una “reforma silenciosa” del sistema por la cual se mantiene, en términos reales, la pensión máxima, mientras que se aumenta la base mínima de cotización. De modo que la tasa de sustitución de las pensiones máximas (el porcentaje que éstas suponen sobre el último sueldo) es cada vez menor. Y se reduce el número de personas que tienen derecho a esa pensión máxima. Como resultado de todo ello, “se consigue romper la relación entre la pensión media y la productividad media”, lo cual es una reforma “hecha por la puerta de atrás”. Pero, sobre todo, se está minando lentamente las bases del sistema contributivo, y convirtiéndolo poco a poco en uno de carácter asistencial.
La aplicación de este tipo de reformas podría implicar, en un escenario extremo, una reducción en los beneficios por retiro del 50 por ciento a largo plazo
En el artículo de 2016 se revisan todos los cambios realizados en la última década y media, y los efectos que tendrá en el futuro. Y son efectos potencialmente muy importantes. Por ejemplo, para aquellas personas que tienen una educación superior, y que en consecuencia tendrán una carrera con mayores sueldos, “la aplicación de este tipo de reformas podría implicar, en un escenario extremo, una reducción en los beneficios por retiro del 50 por ciento a largo plazo”. El efecto dependerá de varios factores, como el crecimiento medio de la productividad del trabajo, pero en cualquier caso va destinado a lo mismo: cambiar la naturaleza del sistema de pensiones. La decisión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez de elevar las bases máximas de contribución a la Seguridad Social y congelar al mismo tiempo las pensiones máximas es, de nuevo, dar un paso en la transformación del sistema de pensiones de contributivo a asistencial.
Hay otros elementos que van en el mismo sentido, como negarle la pensión a los escritores, porque sus obras siguen dando royalties. El criterio de la Seguridad Social es que son rentas laborales, y que por tanto no tienen derecho a la pensión. Cuando, en realidad, los libros son bienes duraderos, que siguen produciendo renta a lo largo del tiempo, al igual que pueda ser una máquina industrial o una casa, por ejemplo. Y a lo que apunta este criterio es a señalar que aquellas personas que tengan ingresos de capital no reciban la pensión porque ya tienen otros ingresos.
Estamos ante un cambio fundamental de las pensiones; uno del que apenas se habla y que tiene implicaciones fundamentales cara al futuro.
Foto: Fabian Blank
