Francisco Santos Calderón fue vicepresidente de Colombia entre 2002 y 2010. Periodista y activista contra el crimen organizado, se destacó por su compromiso con la defensa de los derechos humanos, así como por su lucha contra el secuestro y la corrupción. Fue víctima de secuestro tanto por el cartel de Medellín como por la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Posteriormente dirigió la Fundación País Libre y lideró marchas nacionales en contra del secuestro y en favor de la paz. Entre 2018 y 2020 se desempeñó como embajador de Colombia en Estados Unidos.
Colombia parece revivir los años más duros de la violencia política con el asesinato de Miguel Uribe. ¿Quién es responsable de esta situación?
Sin duda, el asesinato de Miguel Uribe tiene un responsable político: el presidente Gustavo Petro. Petro lo señaló constantemente en redes sociales, lo estigmatizó y generó una provocación contra los que siguen su línea. La responsabilidad absoluta recae sobre él. Y creo que la muerte de Miguel es solo la primera; temo que vendrán más. Hoy revivimos el pasado, aquellos años noventa. Cuando trabajaba en el periódico El Tiempo, ocurrió el atentado contra Luis Carlos Galán. Después asesinaron a otros dos precandidatos presidenciales. En esa época me secuestraron junto con la madre de Miguel… y a ella la mataron. Fueron elecciones atravesadas por la violencia y por la influencia de la mafia. Ahora estamos viendo un escenario similar. Sabemos quiénes fueron los autores materiales del asesinato de Miguel, pero aún no se conoce quién dio la orden. Uno de los implicados fue abatido en Venezuela, y creo que allí se encuentran los autores intelectuales. Detrás de todo esto está también la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. Y allí operan Iván Márquez, el cartel de los Soles, Diosdado Cabello, el Tren de Aragua y otras estructuras del narcotráfico, cuyos intereses coinciden con los de Petro y Maduro. Espero que algún día la justicia logre conectar todos esos hilos y condenar a todos los responsables.
¿Cómo queda el panorama electoral tras la muerte de Uribe?
Hay un tema de fondo muy importante: el narcotráfico va a jugar un papel mucho más grande en estas elecciones que en cualquier otro momento de la historia. Si miramos hacia los años noventa, cuando el narcotráfico mató a Galán e incluso candidatos de izquierda, vemos un paralelismo inquietante. La muerte de Miguel muestra hacia dónde vamos. La diferencia es que hoy no sabemos de qué lado está el actual presidente. Y temo que vendrán más muertos. Además, los narcos y el actual gobierno van a invertir enormes sumas de dinero para comprar millones de votos. Tendremos unas elecciones donde el gobierno actúa como un ente mafioso, dispuesto a usar todo el poder del Estado para ganar y evitar que haya unas elecciones transparentes. La competencia ya no se da con argumentos o debate, sino con dinero.
¿Y la oposición? Vemos una cantidad enorme de aspirantes.
Muchos de ellos deberían dejar de lado su ego. Necesitamos un frente patriótico para salvar a Colombia con un solo candidato. Es lo que todos esperamos. El panorama electoral tras la muerte de Uribe es muy difícil: hay mucha preocupación y una sensación general de inseguridad. El asesinato de Miguel Uribe y el clima de violencia que atraviesa el país han frenado el proceso electoral que estaba llevando a cabo el Centro Democrático.
El nuevo candidato será Miguel Uribe, el padre, quien ahora carga con la tragedia de haber perdido a su hijo y, en el pasado, a su esposa, Diana Turbay, asesinada en 1991. Lo que más me preocupa es que quizás ni siquiera lleguemos a las elecciones. Veo muy probable que Petro quiera quedarse en el poder, y que finalmente no haya elecciones.
El expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión por los supuestos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, lo que generó una gran controversia. Finalmente, el 21 de octubre fue absuelto. ¿Podemos seguir hablando de una verdadera división de poderes en Colombia?
El caso del expresidente Álvaro Uribe evidencia cómo la justicia puede operar disfrazada de legalidad, pero que tiene una clara funcionalidad política. Lo que se ha vivido no ha sido un proceso judicial, sino una persecución política. Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de una reforma profunda en el sistema judicial colombiano. Es evidente que el presidente Petro cuenta con aliados en el aparato judicial, como la jueza Heredia y el exfiscal Montealegre, quienes han tenido una influencia directa en el caso contra Uribe. En cualquier otro lugar del mundo, Uribe habría sido absuelto desde el principio, pero en Colombia lo han sometido a una campaña sistemática de desprestigio. Esta persecución no es nueva: comenzó desde su presidencia, cuando figuras como Hugo Chávez, Gustavo Petro y otros sectores de izquierda se dieron cuenta de su liderazgo y entendieron que debían generarle problemas judiciales para enlodar su reputación y neutralizar a un adversario tan fuerte. Y, en gran medida, lo han logrado… al menos por ahora.
Lo cierto es que estamos ante un entramado profundamente corrupto, una verdadera mafia enquistada en el poder. Basta con mencionar a personajes como Armando Benedetti —un delincuente absoluto— y al mismo tiempo ministro del Interior. Estas personas, que claramente deberían estar enfrentando a la justicia, continúan en libertad. En cambio, quien no cometió delito alguno estuvo condenado. Por eso, celebro que el Tribunal Superior, a pesar de la avalancha de decisiones arbitrarias y prevaricadoras, haya actuado conforme a la ley.
¿Se ha planteado volver a la política?
No me he planteado volver a la política, pero el activismo sigue siendo parte de mi vida. La lucha para que acá no reine el populismo, para que Colombia no se convierta en una narcodictadura, es parte de mi razón de ser. En ese sentido, sí participaré, pero como activista, ayudando a evitar esos dos escenarios funestos para la democracia, para mi futuro, el de mi familia y el porvenir del país. A través del activismo intento apoyar a quienes quieran defender la libertad.
Hay noticias que vinculan el narcotráfico con la financiación de la campaña del exguerrillero Gustavo Petro. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
El narcotráfico sí financió la campaña de Gustavo Petro. Lo que no se entiende es por qué eso no ha tenido consecuencias judiciales ni políticas. Lo cierto es que los grandes beneficiarios del gobierno de Petro son los narcotraficantes. Ya en 2013, el presidente Santos detuvo el Plan Colombia y, como resultado, pasamos de tener 40 mil hectáreas de cultivos ilícitos a más de 200 mil. Desmontó toda la estrategia de lucha antinarcóticos. Ahora, con Petro en el poder, las cifras siguen en aumento: las hectáreas de coca pasaron de 200 mil en 2022 a 270 mil actualmente. La producción también creció: de aproximadamente 1.600 toneladas métricas a más de 2.600. Además, los narcotraficantes tienen hoy un control territorial mucho mayor.
Petro ha sacado a criminales de las cárceles y los ha llevado a eventos públicos —como ocurrió en Medellín, cuando ordenó la salida de cabecillas— y ha propuesto un proyecto de ley que favorece de forma escandalosa al narcotráfico. Ese documento, aunque aún no aprobado por el Congreso, incluía amnistías preocupantes y penas alternativas que no superarían los ocho años de prisión para líderes criminales. Mayor prueba de connivencia no puede haber. El mejor aliado de los narcos en Colombia hoy se llama Gustavo Petro.
¿El plan de Petro es una copia del modelo mexicano?
Sin duda. Petro quiere replicar lo que hizo López Obrador en México: incorporar a los narcotraficantes dentro del proyecto político. En México fue Morena; en Colombia es el Pacto Histórico. Esta alianza entre narcotráfico y política ya se consolidó en Venezuela, también en México, Rafael Correa intentó hacerlo en Ecuador, y ahora Petro está tratando de consolidarla en Colombia.
En varios países de Hispanoamérica se percibe una fuerte permeabilidad entre el Estado y el crimen organizado.
El narcotráfico se dio cuenta de que hacer política le permite ampliar sus negocios y su horizonte económico; por eso hoy controlan la mitad de las gobernaciones, tienen presencia en el Pacífico colombiano y ecuatoriano, y una tremenda influencia en Honduras y Guatemala. Están penetrando fuertemente en Costa Rica, tienen organizaciones criminales también en Chile y, por supuesto, en Brasil el narcotráfico ha permeado el Estado. Podemos distinguir diferentes niveles de influencia criminal: hay narcoestados como Venezuela; países que son casi narcoestados, como México; y países que están en la mira, como Colombia y Ecuador. Luego están los que vuelan debajo del radar, pero donde el narcotráfico tiene gran influencia, como Honduras bajo el gobierno de Zelaya. El caso de Venezuela es el más llamativo. Detrás de esa dictadura hay actores como Cuba, China, Rusia, Irán, el Foro de São Paulo, las FARC, el ELN y Hezbolá; todos ellos forman parte del entramado crimen transnacional.
¿Cómo se le gana la guerra al narcotráfico en la actualidad? ¿Es posible desmantelar las dictaduras de corte castrochavista?
¿Cómo se le gana? Creo que, en primera instancia, como lo está haciendo el presidente Donald Trump: la guerra contra el narcotráfico es guerra. Hay que atacarlo. En segundo lugar, utilizando la tecnología, sobre todo en temas de producción y transporte. Hoy los drones y la nueva modernidad militar —la que se ha impuesto en la guerra de Ucrania— demuestran que se pueden dar golpes muy duros a las estructuras criminales que producen, transforman y transportan. Hay que diseñar mecanismos en ese sentido. También se necesita que los bancos tengan mayor claridad frente a estos recursos; no nos engañemos: gran parte del dinero se queda en el mundo desarrollado, en Europa y en Estados Unidos. Tercero, Europa debe asumir su responsabilidad: allá la coca está creciendo de manera alarmante y el consumo ha alcanzado niveles históricos, comparables a los años 80 en Estados Unidos. No están asumiendo la responsabilidad que deberían. Las dictaduras castrochavistas han demostrado que lo único que saben hacer es destruir. Ahora bien, lo que está haciendo Trump en Venezuela creo que es un primer paso importante para su desmantelamiento. Es un cambio brutal en la lucha contra el narcotráfico que empieza por Venezuela. Estados unidos va a empezar a hacer varias cosas: lo primero quitarles las visas a todos a todos los delincuentes, sus familias y amigos. Han comprendido que un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Todos esperamos que concluya con la caída de la narcodictadura venezolana.
Usted fue víctima de dos secuestros, primero a manos de Pablo Escobar y luego por las FARC. Tras los acuerdos con las FARC, el secuestro disminuyó, pero en los últimos años hay un preocupante repunte. Usted se manifestó en contra de estos acuerdos, ¿por qué? ¿Existe el riesgo de volver a los niveles trágicos de los años 90?
Fui víctima de un secuestro a manos de Pablo Escobar y, posteriormente, tuve que salir del país por amenazas de muerte de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). El secuestro está aumentando precisamente porque el presidente Petro ha desmantelado una parte importante de la infraestructura humana, policial y militar. Les está entregando mucho más poder a las organizaciones criminales, y eso, inevitablemente, se refleja en el incremento de los secuestros. Sí, por supuesto que existe el riesgo de volver a niveles trágicos como los que vivimos en los años 90, si se mantiene el rumbo que ha tomado el gobierno actual. Ya hay zonas del país completamente controladas por el narcotráfico, algo que habíamos logrado erradicar hacia 2010. Estamos ante un claro retroceso, y la única manera de frenarlo es con un gobierno que asuma la seguridad con responsabilidad, seriedad y contundencia, tal como se hizo entre 2002 y 2010 durante el gobierno del presidente Uribe.
¿Cuál es el papel de Rusia, China e Irán en el auge de gobiernos de izquierda y en la desestabilización de democracias hispanoamericanas? ¿Qué impacto tienen negocios como la venta de drones rusos e iraníes, o la colaboración entre Hezbollah y el Tren de Aragua?
Los dictadores y las dictaduras, con apoyo de potencias extranjeras, en especial Rusia, país experto en desinformación, utilizan las redes sociales, las bodegas y la inteligencia artificial para crear narrativas, destruir oponentes y lograr sus objetivos políticos. Rusia, China e Irán trabajan para tener un área de influencia frente a lo que representa Occidente y han puesto sus ojos en Latinoamérica … Estamos en una nueva guerra fría. Su objetivo siempre es deteriorar la democracia, buscar que la libertad empiece a morir en muchos de nuestros países. Apoyan a Nicaragua y Venezuela y generan una presión política que hay que desenmascarar y enfrentar. En Colombia, en las elecciones pasadas, decenas de miles de millones de pesos se utilizaron en la primera vuelta para hacerle daño a un candidato, Fico Gutiérrez, para que no pasara a la segunda vuelta. Luego, en la segunda vuelta, otra cantidad similar se utilizó para desacreditar al rival de Gustavo Petro. Esos recursos, venía de afuera, en especial de Rusia.
Rusia, China e Irán forman parte de un bloque autoritario con una creciente presencia estratégica en América Latina. Rusia busca desestabilizar las democracias de la región mediante campañas de desinformación, el uso intensivo de redes sociales, financiamiento encubierto a organizaciones criminales y la difusión ideológica a través de medios como RT (Russia Today). Por su parte, Irán y Hezbollah han penetrado profundamente en el continente. Hezbollah participa en economías ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico, estableciendo redes de operación transnacional. Irán, además, ha transferido tecnología militar a Venezuela, incluyendo drones, algunos de los cuales han terminado en manos de grupos guerrilleros en Colombia. Incluso se ha instalado una fábrica de drones en territorio venezolano, lo que ha permitido dotar al régimen de capacidades similares a las utilizadas por los hutíes en el Golfo de Omán. Se teme que esta tecnología pueda ser empleada en operaciones contra infraestructuras energéticas en alta mar, como los yacimientos petroleros offshore de Guyana.
Durante los últimos años ha desarrollado una intensa actividad periodística en un escenario marcado por la corrupción, la desinformación y el uso de deepfakes en redes sociales, ¿es aún posible un periodismo honesto al servicio de la verdad?
Sí, es posible hacer un periodismo honesto, pero para eso es fundamental saber a quién se sigue y dónde se busca la información. Desafortunadamente, muchos grandes medios han tomado una posición muy clara en cuanto a su línea ideológica. Sigo como periodista toda mi vida y, durante años, tuve a The New York Times y CNN como referentes de rigor y credibilidad. Hoy noto que han cambiado de rumbo; ya no son lo que eran. Han adoptado decisiones que reflejan una agenda ideológica y su cobertura responde a intereses de una élite “woke” de izquierda. Ese tipo de periodismo, que antes era un símbolo de calidad, se ha perdido en gran medida. Por eso, hoy es necesario buscar en otros espacios. Por ejemplo, leo mucho a Bari Weiss, fundadora de The Free Press, una periodista conservadora y lesbiana que tuvo que salir del New York Times porque se sentía limitada por la ortodoxia editorial y fue hostigada por ello. Ella creó un medio que me parece que mantiene un enfoque conservador liberal y serio en todos los temas. Entonces sí, el periodismo honesto existe, pero se está volviendo cada vez más escaso.
Foto: Carol Fior Pérez.
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