En el año 2011 Gerardo Pisarello, actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y por aquel entonces profesor de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, publicaba un ensayo titulado, Un largo termidor: la ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. En este trabajo Pisarello realizaba una historia alternativa del constitucionalismo europeo e iberoamericano, planteando la tesis de que este movimiento político había experimentado una bifurcación.

Publicidad

Junto a una modalidad democrática, social y progresista, cuyos momentos estelares habrían venido representados por la Revolución francesa en su vertiente jacobina, la Revolución de octubre rusa, la experiencia de la fallida revolución Espartaquista alemana de 1919 o los recientes movimientos latinoamericanos vinculados al llamado socialismo del siglo XXI, se habría abierto paso una tendencia constitucionalista de corte oligárquico.

Pisarello rastrea sus orígenes en la antigua Grecia, como una reacción intelectual frente a las versiones democráticas radicales de Pericles y Enfialtes, para acabar situando su momento álgido en la llamada revuelta Termidoriana que, durante la revolución francesa, puso fin al experimento social y radical Jacobino.

Pisarello caracteriza el constitucionalismo clásico, representado por el constitucionalismo liberal, como una forma de institucionalización del poder político esencialmente antidemocrática

Pisarello caracteriza a lo que tradicionalmente se ha denominado constitucionalismo clásico, representado por el constitucionalismo liberal, como una forma de institucionalización del poder político esencialmente antidemocrática y proclive a los intereses de ciertas élites económicas. El ensayo de la actual mano derecha e ideólogo en materias jurídico-constitucionales de Podemos resulta interesante porque refleja muy a las claras la visión que la nueva izquierda tiene de las instituciones liberal-democráticas. Por ello no es de extrañar que maniobras, como el intento de pasar por alto el veto del Senado para la aprobación de los presupuestos generales del Estado a través de enmiendas a una ley sobre violencia machista, sean presentadas como intentos de superar esta visión oligárquica del constitucionalismo.

El propósito del presente artículo es rebatir esa visión que presenta la nueva izquierda de corte populista sobre el llamado constitucionalismo y que ejemplifica la obra de Pisarello.  El constitucionalismo es ante todo una forma de organizar el poder político que persigue garantizar el respeto de la mayor libertad posible de los ciudadanos. El constitucionalismo se basa, por lo tanto, en el reconocimiento de cinco instituciones esenciales; idea de constitución como norma suprema, idea de poder constituyente como depositario originario del poder, las declaraciones de derechos, la idea de la separación de poderes y control de constitucionalidad de las leyes.

La primera institución jurídica esencial en el constitucionalismo es la de constitución normativa. En otras épocas históricas han existidos leyes fundamentales de carácter solemne, que establecían la organización institucional. Sin embargo, las constituciones modernas pretendían establecer una ruptura con un orden precedente, basado en la desigualdad y en el privilegio.

La igualdad ante la ley es, en un estado verdaderamente constitucional, el principio que regula las relaciones del poder político con los ciudadanos, con independencia de la condición social de estos. Nada más lejos del constitucionalismo que la idea del privilegio. Las llamadas constituciones populares o de democracia participativa que postulan los defensores del constitucionalismo crítico pretenden volver a una situación de privilegio y de desigualdad, donde la condición sexual, el género o la pertenencia a determinados colectivos (indigenismo) suponen la consagración en la propia constitución de formas de discriminación positiva.

Las llamadas a una lectura de género o incluso a la redacción de constituciones de corte feminista suponen una vuelta a un periodo felizmente superado

Las llamadas a una lectura de género o incluso a la redacción de constituciones de corte feminista suponen una vuelta a un periodo felizmente superado. Difícilmente hay algo más oligárquico que pretender que la condición sexual suponga una coartada al, por naturaleza voraz, poder político para limitar los derechos de muchos ciudadanos a fin de poder satisfacer las demandas de determinados grupos de presión, que se arrogan una representatividad de la que muchas veces carecen.

La segunda gran institución que incorpora el constitucionalismo es la idea de poder constituyente. Esta es una noción abstracta que intenta resolver el problema conceptual que se plantea al retirar la soberanía al monarca absoluto. Según esta doctrina la legitimidad del orden político debe proceder de un decisión soberana y vinculante del pueblo que se plasma en un texto constitucional. La nueva izquierda radical populista hace un uso muy efectista de esta idea del poder constituyente al que considera la expresión más palmaria del poder popular, frente a la institucionalización del mismo por parte del constitucionalismo, que intenta “fosilizar” el poder popular, mediante complejos procesos de reforma constitucional.

En otras ocasiones los populismos de izquierdas plantean la “ilegitimidad” del orden político en el que aparecen, alegando su carácter esencialmente anti-popular. Prometen, una vez que se hayan instalado en el poder, abrir un proceso constituyente no sometido a ningún tipo de condicionamiento constitucional, económico o político. De forma que será la “voz del pueblo”, la que hable.

La noción de poder constituyente como poder absoluto y omnímodo es tan irreal como peligrosa

En el caso venezolano ya se ha visto como el llamado Chavismo se ha hecho dos constituciones a medida del propio régimen que menoscaban el pluralismo político y los derechos del ciudadano frente al poder político. Por otro lado, el pueblo, como realidad homogénea, no existe. Lo que hay detrás de todo proceso constituyente es una infinidad de partidos, grupos de interés y ciudadanos con planteamientos muy diversos sobre cómo organizar su convivencia política que, tras un juego político, no exento de renuncias y compromisos diversos, alcanzan un acuerdo de mínimos que debe resultar ratificado en las urnas por los propios ciudadanos.

La noción de poder constituyente como poder absoluto y omnímodo es tan irreal como peligrosa. La propia historia nos muestra multitud de ejemplos de supuestos líderes políticos que se arrogaban una representatividad exclusiva del pueblo para hacer y deshacer a su antojo, camuflando una dictadura con ropajes presuntamente democráticos.

Otra de las grandes instituciones jurídicas que aporta el constitucionalismo es la idea de los derechos como fundamento del orden político. Frente a la antigüedad, en la que el orden político descansaba en la idea de la realización de la justicia, en la modernidad el fundamento reside en la protección de los derechos individuales, que se reputan anteriores y superiores a la instauración de cualquier forma de gobierno.

Las constituciones de inspiración socialdemócrata han ampliado el catálogo de derechos, en muchas ocasiones de forma irresponsable. De manera que han contribuido a difundir entre la ciudadanía la falsa creencia  de que el Estado debe garantizar la felicidad de los ciudadanos, cuando lo que debe hacer es garantizar las condiciones mínimas para que estos puedan perseguir sus propios fines y metas. El constitucionalismo que propugna la nueva izquierda incide aún más en este infantilismo creciente y acaba, como demuestran la reciente experiencia venezolana, no pudiendo garantizar ni la mínima subsistencia a su propia ciudadanía.

El constitucionalismo propugna que el carácter supremo de la constitución quede a salvo de mayorías políticas cambiantes: es un control no sólo político sino también jurídico de éstas

Frente a los gobiernos autocráticos, que se caracterizan por promover la máxima concentración del poder en unas pocas manos, el constitucionalismo promueve la idea de la dispersión del poder en múltiples instancias, como la mejor manera de combatir su tendencia expansiva y opresiva. Hay dos consideraciones que hacer respecto a la división de poderes y al populismo. La primera es que hay que desconfiar de sus proyectos constitucionales, donde dicen reconocer (incluso perfeccionar dicho principio), pues como hemos visto, suele convertirse en “papel” mojado. En el populismo de izquierdas, el poder en realidad es patrimonio del líder carismático, que dice “ejercerlo” en nombre del pueblo y para éste. Es por lo tanto una forma de despotismo “ilustrado”, o en palabras de Duverger, “un cesarismo constitucional”. Segundo, los populistas suelen prometer un programa de acción de gobierno, netamente intervencionista, lo que es incompatible con la limitación del poder que postula este principio. La judicatura deja de ser, bajo el populismo, un poder independiente para ser un apéndice del mismo.

Por último, el constitucionalismo propugna que el carácter supremo de la constitución quede a salvo de mayorías políticas cambiantes, de ahí que postule un control no sólo político sino también jurídico de las mismas. Aun reconociendo el riesgo de que los llamados Tribunales constitucionales se puedan convertir en intérpretes espurios de la propia constitución, su existencia ha permitido sustraer a los políticos de su lamentable tendencia a hacer y deshacer a su antojo. De ahí que la forma de designación de sus jueces sea uno de los grandes caballos de batalla. Si en las democracias liberales son instituciones sospechosas de politizarse, en los llamados países que han abrazado el llamado socialismo del siglo XXI se han convertido en verdaderos títeres.

Foto: Jon Tyson


Disidentia es un medio totalmente orientado al público, un espacio de libertad de opinión, análisis y debate donde los dogmas no existen, tampoco las imposiciones políticas. Garantizar esta libertad de pensamiento depende de ti, querido lector. Sólo con tu pequeña aportación puedes salvaguardar esa libertad necesaria para que en el panorama informativo existan medios disidentes, que abran el debate y marquen una agenda de verdadero interés general. No tenemos muros de pago, porque este es un medio abierto. Tu aportación es voluntaria y no una transacción a cambio de un producto: es un pequeño compromiso con la libertad.

Ayúda a Disidentia, haz clic aquí

Muchas gracias.