Se suele afirmar que, en una monarquía parlamentaria, el rey no tiene voz ni opinión política. Sin embargo, como vamos a ver, en la España de la monarquía de partidos de Felipe VI sí. Esta es una irregularidad que el hijo ha heredado del régimen político de su padre: “el juancarlismo”. Durante el juancarlismo la actuación del anterior jefe del Estado superó, desde su origen, las atribuciones de “arbitraje” y “moderación” en el “funcionamiento regular de las instituciones” que le habían quedado limitadas por el artículo 56.1 de la Constitución Española.
En el caso de Juan Carlos I, su intervención tenía una explicación: él había sido el motor y conductor de la Transición y, en torno a él, se había configurado el pacto de poder entre los herederos del franquismo, la izquierda y los nacionalistas. Era, por tanto, soporte y principal actor del sistema político surgido tras la muerte del general Franco. Heredó todos los poderes de la dictadura y los tuvo que transferir a la nueva situación creada bajo el régimen de la monarquía de partidos.
En el caso de Juan Carlos I, su intervención tenía una explicación: él había sido el motor y conductor de la Transición y, en torno a él, se había configurado el pacto de poder
La aprobación de la Constitución en diciembre de 1978 no significó una desaparición de la actuación política de Juan Carlos. Los ejemplos de esta actividad están presentes a lo largo de todo su reinado. Como para muestra basta un botón, ahí está el suceso, reseñado por los cronistas de la época, respecto al nombramiento de Eduardo Serra Rexac como primer ministro de Defensa de José María Aznar. El líder conservador había decidido otro nombre para esta cartera, concretamente el de Rafael Arias Salgado, pero el rey Juan Carlos le convenció para cambiar de criterio. Parece ser que sus razones eran, en aquel momento, controlar con una persona de su confianza todos los asuntos militares. El padre de Felipe VI tuvo, por tanto, voz, acción y decisión política durante los 39 años que duró su reinado. Pero ¿por qué Felipe VI ha heredado esta práctica?
En primer lugar, hay que negar la mayor: no es cierto que en una monarquía parlamentaria el rey no tenga intereses y posición política y no actúe a favor de éstos. Es verdad que, en la mayoría de las monarquías parlamentarias y en especial en la británica se guardan más las formas, y los discursos del rey o de la reina son siempre los discursos del poder ejecutivo. El monarca se limita a leer lo que le escribe el Gobierno. Pero esta idea de justificar la monarquía situándola por encima de los intereses de los partidos políticos, grupos de presión, colectivos sociales, ubicándola por encima del Estado, en una función pretendida de arbitraje y moderación, no pasa de ser una entelequia y una fantasía política.
Para Jellinek, no es posible hallar un individuo fuera del Estado, ni por encima de él
Ya lo había argumentado el filósofo y teórico del Estado alemán, Georg Jellinek, para quien la monarquía, como cualquier otra institución, grupo o persona no puede estar sobre algo a lo que pertenece: la sociedad política. Para Jellinek, no es posible hallar un individuo fuera del Estado, ni por encima de él. Como tampoco puede encontrarse a nadie fuera de sus intereses personales o los de un determinado grupo social: “Toda tendencia por situarse sobre los partidos no evitará al monarca estar más cerca de este grupo social que del otro. Hay intereses dinásticos particulares que son intereses sociales particulares y, en modo alguno, intereses públicos generales. El Estado que hubiese de situarse sobre la sociedad, pertenece al mundo ideal, pero no al tipo común del Estado”.
Por lo tanto, la monarquía tiene intereses, no es un ente abstracto, posee querencias. Es lógico que defienda su posición y que su ubicación le haga coincidir en determinados momentos y circunstancias con unos actores políticos o sociales y, ante otra coyuntura, con otros. Así ha sido, es y será siempre la política entendida como filosofía del poder, como ciencia del gobierno.
En la monarquía de partidos que es, propiamente, el régimen de 1978, esta posición política del monarca se hace aún más evidente: porque el rey, por mucho que se nos quiera vender lo contrario, no se encuentra al margen del pacto de poder entre los partidos que dieron lugar a la Constitución de 1978. Es parte del arreglo: suscribió, coronó y otorgó validez al acuerdo que dio origen a nuestro régimen de la Transición.
La voz y la posición política del rey se ha hecho cierta en numerosas ocasiones, y más, concretamente, en cada una de sus alocuciones públicas durante sus discursos de Nochebuena
Por eso, la voz y la posición política del rey se ha hecho cierta en numerosas ocasiones, y más, concretamente, en cada una de sus alocuciones públicas durante sus discursos de Nochebuena y, sobre todo, en sus comparecencias públicas ante acontecimientos graves que ponían en riesgo la paz o la continuidad constitucional de nuestra nación. Aquí, el protocolo no escrito de un borrador de discurso que salía del palacio de la Zarzuela iba a la sede del Gobierno en la Moncloa y era devuelto corregido a las manos del monarca, sabemos que no siempre ha sido cumplido. Algunas ocasiones por imposibilidad real, y otras veces por voluntad regia.
Muchos argumentarán que esta costumbre no es per se negativa y que, incluso, en nuestra historia reciente el posicionamiento político del rey, paralelo o contrario al Gobierno, ha sido eficaz para la estabilidad e, incluso, para la continuidad constitucional de nuestra nación. Y es ahí donde se ponen como ejemplo dos discursos: en primer lugar, el ya clásico de Juan Carlos I en la madrugada del 24 de febrero de 1981 (tras el golpe del general Armada el 23-F), y, más recientemente, el discurso del rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017 (dos días después de la celebración del referéndum ilegal de independencia en Cataluña).
Ambas alocuciones se han interpretado por la doctrina constitucional de manera diferente. El discurso de Juan Carlos en 1981 fue meramente informativo, ya que el jefe del Estado compareció ante la opinión pública para informar de una serie de medidas que ya había adoptado: cursar una orden a los Capitanes Generales que leyó a continuación, cumpliendo así su función como jefe supremo de las Fuerzas Armadas ante un hecho excepcional como era el secuestro violento del Gobierno y del Congreso de los Diputados por un grupo rebelde de guardias civiles.
Por primera vez en nuestra historia reciente, el rey de España se apartó de lo que hasta este momento ha sido el mandamiento supremo de nuestro régimen constitucional: el consenso
Sin embargo, en su alocución de octubre de 2017, Felipe VI no informó de ninguna decisión, tampoco ejerció una función arbitral y moderadora, no medio entre dos partes en conflicto. Todo lo contrario: ante la crisis institucional provocada por el intento de la Generalitat de declarar la independencia de Cataluña, y en contra de la posición indecisa del Gobierno de Mariano Rajoy, el rey Felipe VI responsabilizó directamente a las autoridades catalanas de incumplir sistemáticamente la ley e hizo una llamada explícita a todos los poderes del Estado para asegurar el orden constitucional.
Esta posición del rey Felipe VI supone, por sí misma, una circunstancia política de primera magnitud por dos razones principales. En primer lugar, porque en ningún momento, el actual jefe del Estado, realizó una apelación directa ni indirecta al diálogo, la negociación o la mediación. Y, en segundo lugar, porque el nuevo monarca no utilizó en ninguno de sus párrafos el vocablo mágico del consenso.
Lo excepcional, por tanto, del discurso estuvo en la novedad y trascendencia de sus palabras de cara a nuestro inmediato futuro. Por primera vez en nuestra historia reciente, el rey de España se apartó de lo que hasta este momento ha sido el mandamiento supremo de nuestro régimen constitucional: el consenso como fórmula de solución y funcionamiento de nuestras disputas políticas. La anterior tiene una relevancia máxima en nuestro sistema de poder, que seguiremos desarrollando en futuros análisis, lo que lleva a situar la intervención de Felipe VI el pasado 3 de octubre en un grado de importancia y trascendencia histórica superior respecto a lo que significó el discurso de su padre la madrugada del 24-F de 1981.
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