En los últimos meses, hemos asistido a manifestaciones masivas en numerosas ciudades de Europa, Canadá, Australia y Estados Unidos con motivo de la ofensiva israelí en Gaza. Oficialmente, se trataba de marchas en defensa de los derechos fundamentales de los palestinos y contra un supuesto genocidio. Sin embargo, bajo ese ropaje humanitario ha emergido con claridad una soterrada ofensiva cultural, religiosa… y política. Israel, en este imaginario, no es tanto un Estado concreto cuanto un símbolo de Occidente; y el islamismo que se agita en estas protestas, una suerte de nuevo orden antagonista que busca imponerse sobre nuestras instituciones y principios.
Lejos de ser simples expresiones de solidaridad, muchas de estas marchas han tenido un marcado carácter de demostración de fuerza. En barrios, suburbios y pueblos de Europa, y también en ciudades norteamericanas, los islamistas han exhibido hasta qué punto se han asentado y organizado en el terreno social y urbano. La activa complicidad de la izquierda radical ha reforzado este componente antisistema: junto a las banderas palestinas ondeaban con naturalidad las comunistas, las del movimiento antifa e incluso las LGTBI. Paradójicamente, porque el islamismo considera la libertad sexual no un derecho, sino un pecado y un delito que debe ser castigado con extrema dureza.
El verdadero campo de batalla no son las calles de Gaza, sino nuestras propias democracias, donde la inmigración concentrada y mal gestionada permite que, poco a poco, se impongan códigos informales de conducta, preludio de una ley islámica aplicada de facto en cada vez más lugares de nuestra geografía
Tampoco han faltado episodios de violencia y de abierto desafío al orden público. En París y Londres se registraron ataques a comercios judíos; en Berlín, manifestantes arrojaron piedras contra la policía; en Montreal, una de estas marchas se detuvo a rezar, y no precisamente oraciones cristianas, ante la Basílica de Notre-Dame en pleno corazón del cristianismo canadiense; y en Nueva York, otro grupo irrumpió durante la Vigilia Pascual en la Catedral de San Patricio. La elección de estos escenarios no fue casual: buscaba señalar que el desafío no se limita a Israel, sino que apunta contra los cimientos de Occidente.
Este es el trasfondo que conviene tener en mente: la instrumentalización religiosa, política y cultural de la causa palestina como ariete para erosionar nuestro orden institucional. El verdadero campo de batalla no son las calles de Gaza, sino nuestras propias democracias, donde la inmigración concentrada y mal gestionada permite que, poco a poco, se impongan códigos informales de conducta, preludio de una ley islámica aplicada de facto en cada vez más lugares de nuestra geografía.
Hablar de superposición de reglas en numerosos barrios, suburbios y ciudades europeas no es ir “contra” una religión ni sus fieles. Es recordar un principio que está en la base de nuestra convivencia: que los derechos fundamentales de las personas y el imperio de la ley están por encima de cualquier credo, costumbre o ideología. Ese principio fundamental se salvaguarda con un sistema mixto de instituciones electas (Parlamento, gobiernos) y no electas (jueces independientes, defensores del pueblo, tribunales constitucionales), de forma que nadie, ni siquiera los gobernantes —mucho menos los mulá—, se sitúe por encima de la ley y el sufragio no se confunda con la legitimación automática de cualquier exceso.
La pregunta no es si el islam está dando lugar a una “justicia paralela” formal —en España, tal cosa no existe—, sino si sus normas informales (sociales, comunitarias, religiosas) están condicionando de facto la vida de cada vez más personas, especialmente mujeres y menores, sin que el Estado advierta el problema. Y si esto ocurre, cómo debemos responder sin recurrir a medidas incompatibles con la igualdad jurídica.
El economista Douglass North realizó una distinción sumamente útil. Si bien las instituciones son “las reglas del juego” en una sociedad, es decir, las constricciones creadas por las personas que moldean la interacción social, North distinguió entre dos tipos: las instituciones formales (leyes, tribunales, policía) y las informales (costumbres, códigos sociales, sistemas de autoridad local). En base a esta distinción, argumentar que la islamización no representa ningún problema, porque las instituciones formales prevalecen, supone ignorar el peligro, sea consciente o inconscientemente. La vida cotidiana se rige tanto por el BOE como por expectativas y sanciones sociales que no aparecen en ese boletín oficial pero la gente sí soporta o siente su presión.
De la distinción de North podemos extraer una clave fundamental para el debate español: que el ordenamiento no reconozca tribunales religiosos no impide que, en ciertos entornos, las personas busquen “arbitrajes” de líderes comunitarios islámicos o cedan a presiones que condicionan su matrimonio, divorcio, custodia, herencias o incluso hábitos y vestimentas. Eso no convierte a esas mediaciones en “derecho vigente”, pero sí puede mermar derechos en la práctica si el Estado mira para otro lado por culpa de unos gobernantes que temen más a los ajustes de cuentas de la corrección política que a la erosión de derechos fundamentales.
Formalmente, en España, no hay justicia paralela. La Ley de Arbitraje limita el arbitraje a materias que sean de libre disposición, todo lo que afecte al estado civil, derechos indisponibles o al orden público no puede resolverse fuera de los tribunales ordinarios (divorcios, filiación o custodia). La Constitución y la Ley de Libertad Religiosa garantizan el libre ejercicio de culto, y la Ley de cooperación con la Comisión Islámica de España reconoce ciertos derechos (asistencia religiosa, festividades, educación religiosa), pero siempre dentro del marco constitucional. Además, España tipificó el matrimonio forzado en 2015 de tal forma que estableció un muro legal frente a las prácticas contrarias a la dignidad y la libertad.
Si sólo estamos dispuestos a discutir el asunto cuando aparezca el primer “tribunal de la sharía” con placa y sello oficial, habremos llegado demasiado tarde. La defensa del imperio de la ley exige detectar la amenaza de lo informal antes de que se institucionalice
Estas barreras formales en teoría son robustas. Sin embargo, el punto ciego aparece cuando la presión social en zonas, barrios o pueblos con fuerte presencia islámica disuade de recurrir a esos derechos: mujeres maltratadas o sometidas que no interponen denuncias por miedo a represalias comunitarias, o familias que se ven forzadas a aceptar “mediaciones” con discriminaciones por razones de sexo. Si sólo estamos dispuestos a discutir el asunto cuando aparezca el primer “tribunal de la sharía” con placa y sello oficial, habremos llegado demasiado tarde. La defensa del imperio de la ley exige detectar la amenaza de lo informal antes de que se institucionalice.
En el Reino Unido, no existen “tribunales de sharía” en un sentido estatal, pero sí Sharia Councils privados que asesoran, sobre todo, en divorcios religiosos y asuntos familiares. La revisión independiente de 2018 (Home Office, equipo de Mona Siddiqui) constató desigualdades y presión social en numerosos de estos consejos privados y recomendó reformas y mayor protección de las mujeres, precisamente porque la gente estaba acudiendo a ellos antes o, incluso, en lugar de los tribunales civiles. Este es un claro ejemplo de cómo lo informal acaba imponiéndose al orden institucional formal, hasta acabar suplantándolo, después removiéndolo y finalmente erigiéndose en la nueva Ley.
En Francia, se aprobó en 2021 la Ley que refuerza el respeto a los principios de la República para intentar frenar presiones comunitarias incompatibles con la igualdad y la laicidad, con medidas sobre asociaciones, educación en casa, control de la financiación y clausura de lugares que incumplan la ley. Sin embargo, en 2024, el Senado advirtió serias dificultades de aplicación y la necesidad de evaluar mejor el impacto. Moraleja: no se trata de crear leyes cuando el problema ya es demasiado grave, sino de anticiparse para evitar que normas informales desplacen gradualmente derechos fundamentales.
En Bélgica, el fenómeno no adopta la forma de los Sharia Councils británicos, pero sí son cada vez más habituales las mediaciones religiosas informales en conflictos familiares. Y la experiencia con redes islamistas (como Sharia4Belgium, desarticulada y juzgada en 2015) pone de relieve el auge de ecosistemas donde líderes locales pueden condicionar las conductas y la libertad de las personas disuadiéndolas de recurrir a la justicia estatal.
En Suecia, la policía lleva años señalando “áreas vulnerables” (utsatta områden), donde el control social de actores comunitarios erosiona la confianza en el Estado, y el gobierno ha alertado sobre “sociedades paralelas” en numerosos barrios. No es “sharía” formal, pero sí normas de facto que alteran la libre elección de los residentes y dificultan la acción pública en la salvaguarda de derechos fundamentales.
En Austria, la evolución apuntaba hacia una situación similar a la de Suecia en pocos años. De ahí que se estableciera la Ley del Islam de 2015. Esta ley clarifica derechos y deberes e impone transparencia. Entre otras cosas, obliga a que la financiación para las actividades ordinarias de las comunidades islámicas se obtenga directamente en el país, y no del extranjero, cerrando así el paso a dependencias externas de terceros países, como Arabia Saudí, que con su financiación a las comunidades islámicas establecidas en Europa buscan favorecer la presión normativa del islam.
¿Qué debería enseñarnos todo esto a los españoles? Pues que, si bien esos países no han “reconocido” la sharía como parte de su Estado de derecho, se han dado cuenta de que esta oposición formal no ha impedido que proliferen zonas donde las reglas informales —religiosas, culturales o criminales— compiten con la ley. Ignorar esta enseñanza por miedo a ser etiquetado de islamófobo es un grave error cuyos costes acabarán siendo demasiado altos.
A la vista de lo que está sucediendo en numerosos países de Europa, resulta cuando menos ingenuo pensar que España será una excepción milagrosa. No hay elementos sólidos que justifiquen esa confianza, más allá del autoengaño. Si países con tradiciones democráticas más consolidadas que la nuestra, con mayor experiencia migratoria y con recursos mucho mayores destinados a integrar la inmigración musulmana han visto surgir estos problemas, ¿qué nos hace pensar que aquí no se reproducirán? España no es un país aislado del continente, ni un terreno milagrosamente inmune a las tensiones que recorren Europa.
Las manifestaciones pro-palestinas que han llenado calles de Europa y América no son, por tanto, episodios aislados de solidaridad mal encauzada, sino ensayos generales de poder
No se trata de plantear una guerra cultural y religiosa. Se trata de asegurar que cualquier persona, crea lo que crea, pueda divorciarse civilmente con garantías, rechazar un matrimonio no deseado, estar protegida, especialmente si es menor de edad, frente a prácticas culturales abusivas, vestir como quiera, heredar conforme a la ley, o llamar a la policía cuando lo necesita sin sufrir represalias. En España, la cooperación con las confesiones (incluida la islámica) es constitucional; lo que no cabe es aceptar que presiones informales recorten derechos individuales. Para quienes ven en esto un ataque al islam, les recuerdo que sin imperio de la ley no hay libertad religiosa. Aunque me temo que esta libertad, en realidad, no es para ellos lo importante: es tan sólo un falso pretexto para el hostigamiento de una civilización y una cultura, social y política, muy concretas que suponen una barrera para sus aspiraciones políticas.
La respuesta al fenómeno de la islamización no puede ser la del mazo que golpea ciegamente, sino la del bisturí que opera con precisión. De lo que se trata es de reforzar la primacía del Estado de derecho sobre cualquier pretensión de desactivarlo. Eso implica revisar con atención cómo nuestras instituciones garantizan derechos fundamentales en los barrios y municipios donde la inmigración musulmana tiende a concentrarse y donde empiezan a imponerse códigos paralelos; significa exigir a las autoridades que no miren hacia otro lado por miedo a ser acusadas de intolerancia; supone también dejar de manipular el lenguaje público, evitando etiquetas simplistas que bloqueen cualquier debate serio. La defensa de la ley y de la igualdad ante ella no necesita histeria, sino firmeza, vigilancia y una educación cívica constante.
Defender nuestro modelo no significa negar la diversidad. Ese es un argumento falaz. La cuestión es asegurar que la diversidad se exprese dentro de un marco común: la igualdad ante la ley, la libertad individual, el pluralismo y la separación de poderes. Ese marco es lo que garantiza la convivencia dentro de una civilización respetada y compartida, previniendo su asalto encubierto por parte de concepciones medievales incompatibles con la libertad. Como decía Montesquieu, la libertad muere cuando un poder, público o social, se vuelve absoluto; sobrevive cuando se limita y se somete a reglas que todos podemos invocar.
Las manifestaciones propalestinas que han llenado calles de Europa y América no son, por tanto, episodios aislados de solidaridad mal encauzada, sino ensayos generales de poder. Ensayos que muestran hasta qué punto determinados movimientos islamistas, con el beneplácito de una izquierda que juega con fuego, son capaces de tomar el espacio público, desafiar símbolos de nuestra civilización y exhibir su fuerza sin apenas resistencia institucional.
El problema no es sólo lo que gritan en las calles, sino lo que consiguen imponer en los barrios. Lo vimos en Montreal o en Nueva York, cuando se atrevieron a irrumpir en lugares de culto cristiano: el mensaje no era sólo político, era civilizatorio. Quieren decirnos que sus códigos pueden ocupar nuestras plazas, nuestras catedrales y, si no reaccionamos, también nuestras instituciones.
Ignorar esta deriva por miedo a etiquetas o por comodidad política sería un error de consecuencias graves. La defensa de la libertad, de la igualdad ante la ley y de la convivencia no se garantiza con declaraciones bienintencionadas, sino con instituciones firmes, ciudadanos vigilantes y una voluntad colectiva de no ceder terreno.
Las marchas que recorren nuestras ciudades nos están advirtiendo de lo que está en juego: no sólo Gaza, sino Occidente. Y el dilema es sencillo: o reafirmamos sin complejos el marco común de derechos que hace posible nuestra vida en libertad, o iremos cediendo, poco a poco, a un poder paralelo que no descansará hasta imponer su propia ley.
Foto: Matt Hrkac.
¿Por qué ser mecenas de Disidentia?
En Disidentia, el mecenazgo tiene como finalidad hacer crecer este medio. El pequeño mecenas permite generar los contenidos en abierto de Disidentia.com (más de 2.000 hasta la fecha), que no encontrarás en ningún otro medio, y podcast exclusivos. En Disidentia queremos recuperar esa sociedad civil que los grupos de interés y los partidos han arrasado.
Ahora el mecenazgo de Disidentia es un 10% más económico al hacerlo anual.
