El pasado mes de septiembre se cumplían 5 años desde la adhesión de España a la llamada Agenda 2030. 195 países firmaron un documento de compromisos desde los que fomentar la conservación y el uso eficiente de recursos, la aparición de sociedades más inclusivas y la lucha contra la desigualdad, el respeto de los derechos humanos, la sostenibilidad en nuestra movilidad y, en definitiva, la transformación del sistema productivo a nivel global. El Gobierno de coalición liderado por el Partido Socialista Obrero Español que en estos momentos dirige las políticas del país, se ha puesto manos a la obra con el fin de conseguir los objetivos fijados en aquella ocasión.
Mediante la creación de diferentes secretarías de Estado y otros organismos dependientes de las mismas, el Gobierno pretende poner en marcha un plan de gasto público sin precedentes. Según cálculos recientes, deberíamos invertir en los próximos 10 años al menos 103.000 millones de euros para lograr acercarnos a los objetivos fijados. Permítanme, para no perderlos de vista, citarles aquí los 17 objetivos fijados como prioritarios por el Gobierno de España:
-El fin de la pobreza
-Hambre cero
-Salud y bienestar
-Educación de calidad
-Igualdad de género
-Agua Limpia y Saneamiento
-Energía asequible y no contaminante
-Trabajo decente y crecimiento económico
-Industria, Innovación e Infraestructuras
-Reducción de las Desigualdades
-Ciudades Sostenibles
-Producción y consumo responsable
-Acción por el clima
-Vida submarina
-Vida de ecosistemas terrestres
-Paz, justicia e instituciones sólidas
-Alianzas para lograr objetivos
Si se acercan a los documentos que el Gobierno ha puesto a nuestra disposición a través de la página web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se darán cuenta de que el concepto sostenibilidad se convierte en vehículo argumentativo principal de prácticamente todas las propuestas.
¿Cómo definimos sostenibilidad?
Antes de pasar a analizar cada uno de los puntos de la Agenda 2030, algo que sin duda sobrepasa el espacio que nos ofrece un único artículo (esto será una serie de artículos), creo necesario adentrarnos en la complejidad de todo lo que se esconde tras el término sostenibilidad.
Activistas climáticos como David Shearman y Joseph Smith ya están propagando abiertamente la transición a un “gobierno académico-tecnocrático” totalitario al estilo del Estado del rey filósofo platónico. La democracia corre realmente peligro. Nuestro particular “camino de servidumbre” no ha hecho más que empezar
Quien piense que sólo existe una definición para “sostenible” se sorprenderá al descubrir que, en la literatura científica, y desde un punto de vista ecosocial, existen multitud de definiciones de “lo sostenible”. Esto es así porque, a la hora de definir sostenibilidad, se utilizan tanto juicios de valor normativos, es decir, tanto juicios sobre qué objetivos son correctos y cuáles son incorrectos, como juicios de valor empíricos, esto es, juicios sobre qué descripciones de hechos empíricos son correctas o incorrectas.
Los juicios de valor normativo se refieren, por ejemplo, a cuestiones sobre cómo compensar el bienestar intergeneracional, qué especies de seres vivos deben tenerse en cuenta y merecen mayor protección o qué grado de aversión al riesgo puede considerarse aceptable. Los juicios de valor empírico se refieren, por ejemplo, a cuestiones como qué recursos son realmente agotables, qué recursos son renovables, dónde están los límites del uso excesivo o no de estos recursos renovables o cómo de alta debemos establecer la probabilidad de que los recursos agotables puedan ser substituidos por futuros avances tecnológicos.
Bajo los parámetros arriba descritos es posible entonces encontrar definiciones de sostenibilidad que van desde las tesis de R. M. Solow,
“dado que, gracias a la tecnología, en el medio y largo plazo será posible sustituir todos los recursos agotables por recursos renovables, se postula que las próximas generaciones deben tener derecho a poder consumir como mínimo lo mismo que nuestra generación” Solow, R. M. (1974), Intergenerational Equity and Exhaustible Resources. Review of Economic Studies (Symposium), S. 29-45
a las más radicales de Herman E. Daly,
“dado que cualquier forma de crecimiento económico causa efectos indeseables es preceptivo el mantenimiento constante de todos los recursos naturales a día de hoy sin importar el coste de oportunidad, ya sea en forma de reducción del consumo o de vidas humanas” Herman Edward Daly, Elements of environmental macroeconomics, in: Robert Costanza (editor), Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability. Columbia University Press, New York.
Estas diferentes formas de definir sostenibilidad no son meras disputas académicas. De la adopción de una u otra postura dependen directamente muchas de las acciones políticas a las que asistiremos en los próximos 10 años. La polémica suscitada sobre el “coste de emitir una tonelada de CO2 hoy y en el futuro” entre Nicholas Stern y el Premio Nobel de economía William Nordhaus es un buen ejemplo de esto que les cuento. Si nos fiásemos de Stern, y dicho de manera “metafórica”, nuestros tatara-tatarabuelos, que en aquel momento tenían aproximadamente el mismo ingreso medio que los residentes actuales de Zambia, ¡habrían tenido que ahorrar parte de sus ingresos para pasárnoslos a nosotros!
No existe ningún método científico con el que podamos probar la falsedad o veracidad de los juicios de valor normativos. En última instancia, todo ciudadano responsable debe tomar una decisión en función de sus preferencias personales. Sin embargo, como nos muestra la controversia entre Stern y Nordhaus, un debate científico sobre las consecuencias de decisiones normativas bajo el prisma de juicios empíricos puede proporcionarnos informaciones muy útiles. Y es esto precisamente lo que convierte en absolutamente asombroso el hecho de que nuestro Gobierno haya tomado una decisión por y para todos en lo referido a la definición de sostenibilidad: “tenemos que dejar a nuestros hijos y nietos una estructura ecológica, social y económica intacta”.
En otras palabras, partiendo de la adopción de un juicio de valor empírico cómo único y cierto, obviando que éste puede variar en la misma medida en que avanza nuestro conocimiento científico sobre nuestro entorno, el Gobierno adopta un juicio de valor normativo y lo convierte en leyes. Este proceso legislativo no solamente nos sustrae a los ciudadanos y a nuestros representantes elegidos democráticamente del debate político, también cierra posibilidades a la ciencia y la tecnología para poder alcanzar nuevos conocimientos y desarrollar nuevas tecnologías. El Gobierno sabe, por lo tanto, exactamente qué es una “estructura ecológica, social y económica intacta”. Si esto es así y queda plasmado en forma de múltiples leyes, ¿podremos realmente salvarnos de este discurso institucionalizado? ¿quedamos en condiciones de rebatir el enunciado principal desde la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías? Este vicio a la hora de desarrollar hábitos de superioridad normativa tendrá peligrosísimas consecuencias. En realidad, se trata de uno de los pilares fundamentales del pensamiento totalitario.
Activistas climáticos como David Shearman y Joseph Smith ya están propagando abiertamente la transición a un “gobierno académico-tecnocrático” totalitario al estilo del Estado del rey filósofo platónico. La democracia corre realmente peligro. Nuestro particular “camino de servidumbre” no ha hecho más que empezar.
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La próxima semana, la 2ª. Parte, analizaré varios de los puntos de la Agenda 2030.
Foto: United Nations
