La crisis sanitaria provocada por la epidemia COVID-19 ha obligado a la mayor parte de los gobiernos a adoptar medidas severas de restricción de las libertades individuales con el objetivo —al menos eso pudiera parecer— de proteger nuestra salud. Sobre el éxito o fracaso sanitario de tales medidas en los diferentes países de la Unión Europea se han escrito miles de páginas y no les voy a aburrir con unos cientos de palabras más. Sin embargo, y al cobijo de lo que se ha dado en llamar “nueva normalidad”, se están gestando nuevas leyes que nos afectarán mucho más allá de nuestra relación con los virus que queden por llegar, y sobre las que no parece que exista un gran interés analítico por parte de los medios tradicionales.
Esta crisis del Coronavirus está sirviendo a muchos gobiernos de borrador y campo de pruebas para muchas otras iniciativas reguladoras que se pueden camuflar perfectamente bajo el manto de la “protección de la salud ciudadana”. Todo parece apuntar que el deber del Estado de proteger al ciudadano se interpreta de tal manera que las libertades fundamentales puedan restringirse colectivamente en hipotético interés de la salud individual, siendo el Estado quien dicta no sólo qué parámetros deben cumplirse para que podamos considerarnos “sanos”, también el estilo de vida que debemos adoptar para “sabernos sanos”.
Las pasadas semanas hubieran sido instructivas si la intervención estatal durante la crisis COVID-19 hubiese aumentado la sensibilidad de las personas frente a las políticas paternalistas. Sin embargo, las señales que vemos van en sentido contrario. Si la gobernanza férrea y consistente, no importa el grado de restricción de nuestras libertades civiles, ayudó contra los virus, esa misma gobernanza puede ayudar, según la UE, en la implementación de un sistema de regulación que abarque todos los segmentos de la industria alimentaria … y nuestros hábitos alimentarios. El pasado 20 de mayo, de puntillas casi, nacía la iniciativa comunitaria “De la Granja al Tenedor”. Vamos a reducirlo todo: los agricultores el uso de fitosanitarios, fertilizantes, área de tierras de cultivo, motivación e ingresos. Los fabricantes y minoristas perderán libertad de producción. Los consumidores veremos reducida la variedad de productos ofertados en función de ciertos perfiles nutricionales predeterminados… ¡por ley!
La influencia de la política en la nutrición es un ataque a la libertad individual y nuestra cultura. Comer es más que proporcionar alimentos para el metabolismo. La forma en que comemos es una parte central de la cultura de una comunidad humana. «Cultura gastronómica» significa más que salir ilesos del manejo de cuchillos y tenedores al comer
La Comisión enumera 27 medidas que se supone cambiarán nuestra dieta, desde las prácticas agrícolas y ganaderas hasta los productores y minoristas de alimentos y al final, pero no menos importante, el consumidor, que es quien terminará pagando la fiesta y comiendo lo que le dictan. Europa quiere crear el modelo de sistema alimentario para la “nueva normalidad” y ser ejemplo en el mundo entero. Los agricultores y ganaderos que luchan por mejorar el rendimiento de sus explotaciones están desconcertados sobre cómo se debe reducir a la mitad el uso de antibióticos y productos fitosanitarios. La paralela reducción de los fertilizantes en un 20 por ciento, que también incluye recursos naturales como el estiércol, no les ayudará a salir del dilema. Tampoco lo hará la expansión de las áreas para la agricultura orgánica al 25 por ciento. La ingeniería genética verde podría ayudar, efectivamente, pero eso tampoco es aceptable para los ideólogos de la nueva alimentación. Nos encontramos con nuevos conceptos de agronomía diseñados en las oficinas de un montón de burócratas ignorantes de la realidad del día a día de los agricultores y ganaderos.
No sin razón los agricultores están preocupados porque prevén severos recortes en el suministro de alimentos locales en Europa, ya que las medidas anunciadas conducirían a una disminución en la producción autóctona en favor de la de países extracomunitarios, incluso no europeos. ¿Acaso aumentar las distancias desde el punto de producción al de consumo es una medida que favorezca la “sostenibilidad”? Muy significativo es que la estrategia “From Farm to Fork” fue presentada por los comisarios responsables de salud y medio ambiente. El comisario de agricultura no asistió. En un primer comunicado, los agricultores alemanes, por ejemplo, se muestran acertada y contundentemente críticos con la reducción de productos fitosanitarios, proponiendo más inversión en el desarrollo de nuevos productos antes que nuevas prohibiciones injustificadas. También destacan el dilema que, desde el punto de vista de la sostenibilidad y la biodiversidad, plantea el hecho de tener que aumentar la superficie cultivada, ya sea convencional o ecológica. Cabe destacar el último punto de su propuesta:
“Es preocupante ver cómo la Comisión de la UE da la impresión, en la estrategia de biodiversidad, de que las reservas naturales podrían prevenir nuevas zoonosis. Las estrategias serias para combatir las enfermedades infecciosas se basan en reglas de higiene y vacunas. Desde el DBV criticamos que un documento oficial de la Comisión de la UE no haga uso de hallazgos epidemiológicos, sino que ponga en primer plano los supuestos poderes de autocuración de los ecosistemas naturales.”
Efectivamente, los agricultores quieren ciencia y no magia. ¿Quién se lo podría reprochar?
Los nuevos requisitos estatales también frenarán a los fabricantes y minoristas de alimentos. Hoy los estantes de nuestros supermercados están rebosantes de una amplia gama de alimentos de alta calidad. Para cada dieta, desde la vegana hasta la paleo, con muchas o pocas calorías, los consumidores pueden elegir según su gusto individual. Aparentemente esto necesita ser “neoregulado”. Desde la perspectiva de los burócratas de Bruselas, se deben redefinir —han de ser más responsables, dicen— las prácticas corporativas y de marketing. Los alimentos procesados deben reformularse y se prescriben niveles máximos para ciertos nutrientes. Los perfiles nutricionales impuestos por el Estado restringirán el uso de azúcar, sal y grasa. Y no olvido la exigencia de convertir las etiquetas de los productos alimentarios en algo que parecerá el prospecto de un medicamento. Porque claro, usted no sabe leer la información que ya le proporcionan los fabricantes y envasadores. En lugar de invertir más en educación para informar a los consumidores es preferible el atajo regulador. Y no crean que la reglamentación atenderá los principios de la ciencia basada en la evidencia: desde el punto de vista de activistas y burócratas con motivación política, esto tampoco es necesario. Para ellos, un estudio observacional simple que proporciona correlaciones construidas en lugar de causalidades bien fundadas tiene suficiente valor informativo.
Surgen preguntas. ¿Los medios propuestos persiguen propósitos legítimos? ¿Las medidas son adecuadas en sí mismas? ¿Son estas medidas necesarias y apropiadas o violan directamente las libertades de productores, fabricantes y consumidores?
La influencia de la política en la nutrición es un ataque a la libertad individual y nuestra cultura. Comer es más que proporcionar alimentos para el metabolismo. La forma en que comemos es una parte central de la cultura de una comunidad humana. «Cultura gastronómica» significa más que salir ilesos del manejo de cuchillos y tenedores al comer. La composición del desayuno en la mañana, el pincho de media mañana o la cena no son el problema. Los ideólogos de la “alimentación sana, sostenible y biodiversa” deben reconocer que la mayor parte de las enfermedades que denuncian son consecuencia muy importante de nuestros hábitos sociales. Nuestra forma de vida menos activa físicamente, estresante y más larga aumenta la cantidad de enfermedades como la obesidad, los síndromes metabólicos o muchas patologías gastroenterales. ¿Pero a quién le importa? La afirmación de querer proteger la salud de los ciudadanos debido a su vida irracional les parece suficiente para obligar a todos a cumplir con el valor de índice de masa corporal establecido por ley.
Esta idea de culpabilizar a los ciudadanos haciendo referencia a los supuestos costos para su salud de su irresponsable forma de vida destruye uno de los pocos espacios libres que aún nos quedan: la mesa de comedor diseñada de acuerdo con las propias preferencias.
El virus, con sus dramáticas consecuencias para la libertad, debería hacer que las personas sean más críticas cuando se trata de defender su individualidad también allí donde no existe una amenaza inmediata de muerte. Pero no parece que sea ese el camino elegido.
Foto: chuttersnap
