Los partidos políticos, los medios de comunicación, los intelectuales, las instituciones nacionales e internacionales, renuevan el discurso público. A medida que pasa el torrente de la actualidad, personas, empresas e instituciones responden al mismo imponiendo diques y canales para desviarlo y conducir el agua a su huerto. Lo hacen proponiendo respuestas a los problemas, nuevos y viejos, cambiando la forma de hablar de los mismos, imponiendo nuevos supuestos y señalando zonas prohibidas. Hacer nuevas propuestas puede ser efectivo para cambiar el sentido de la conversación nacional. Pero es aún más efectivo plantear debates nuevos, que nadie antes ha abierto.

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El caso más llamativo en la reciente historia política española es la de José María Aznar. El expresidente planteó a los españoles reducirles los impuestos. Hoy cuesta creerlo, pero hasta entonces, con los socialistas lustro y medio en el poder, plantear una rebaja de impuestos era cometer un delito de lesa socialdemocracia. Por el contrario, lo que los socialistas, que lo ganaban todo en los 80, planteaban a sus electores para renovar su confianza era subir los impuestos. Aznar cambió todo eso. Prometió reducirlos, ganó, lo hizo, la economía creció como hacía años que no lo hacía, España fue el país de Europa que más puestos de trabajo creaba, y volvió a ganar las elecciones con mayoría absoluta. Tanto cambió el discurso que José Luis Rodríguez Zapatero, líder del mismo PSOE que Felipe González, se vio obligado a decir aquello de “bajar impuestos es de izquierdas”.

El hecho de que una mayoría de ciudadanos no quiera ejercer un derecho no quiere decir que se deba negar a la minoría que sí lo necesita

Vox ha hecho algo parecido. Ha planteado lo que nadie se había atrevido a mencionar, o un asunto para el que, simplemente, los partidos no habían visto un mercado. La libertad de poseer armas. Muchos critican al partido de Santiago Abascal por plantear un problema falso, resolver una necesidad que la gente no tiene. España, dicen con sobrada razón, es un país muy seguro. Pero la posesión de armas es un derecho individual, y a las personas que puedan necesitarlas no les vale el hecho de que la media de su país sea no tener que pensar en ellas. El hecho de que una mayoría de ciudadanos no quiera ejercer un derecho no quiere decir que se deba negar a la minoría que sí lo necesita.

Santiago Abascal se ha quitado de en medio en los medios de comunicación, confiando en que Pablo Casado vaya enterrando, él solito, su capital político. Evita los medios de comunicación, y sólo eso le hace mantenerse en las encuestas, o subir. Pero ha abierto la brecha del derecho a la autodefensa en el portal Anarmas, donde acogen su propuesta con indisimulado entusiasmo.

El intercambio clave entre la entrevistadora, Mavi Gutiérrez, y el líder de Vox, es este

En España no existe el derecho a la autodefensa, sino una eximente total o parcial ante una responsabilidad penal. ¿Cómo ve Vox la posibilidad de que los españoles, sin antecedentes penales y con certificado de idoneidad psicológica, puedan tener un arma en casa para defenderse ellos mismos y a sus familias?

En Vox creemos que hay que ampliar el concepto de legítima defensa para que no se produzcan situaciones tan injustas como la que vivió ese anciano de Tenerife que fue condenado por disparar a un asaltante que entró en su casa y agredió y torturó a su esposa. O el policía local de Sevilla que se enfrenta a 20 años por disparar a sus asaltantes. O tantos otros casos. La ley está tratando a estas personas como villanos y a sus asaltantes como víctimas, cosa que también ocurre con los okupas, por cierto. A nosotros esto nos parece dramático.

Hace falta un cambio radical urgente en la ley, no solo para que los españoles sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en su casa, sino para que puedan usarla en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial, a penas de cárcel o incluso a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes que les asaltaron.

Lo que plantea Vox en esa entrevista tiene tres ejes. Primero, que el orden jurídico reconozca el derecho de cualquier ciudadano pueda portar en la calle armas no letales, como teasers o pistolas con pelotas de goma, para poder ejercer con eficacia la defensa ante un ataque. Dos, “que los españoles sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en su casa”. Y tres, “que puedan usarlas en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial”, es decir, que la ley ampare a la víctima de un asalto o agresión en su intento de repelerlos.

No son planteamientos extremos. No se pueden defender los derechos del individuo sin hacer lo mismo con el derecho de esos individuos a poner los medios para hacerlos efectivos. Esta es la lógica que hay en el hecho de que, de las diez enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, que recogen su Declaración de Derechos, las dos primeras hagan referencia a la libertad de expresión y a la de portar armas. Ambos derechos sirven para defender el resto. La autodefensa es un derecho acrisolado en la tradición jurídica occidental.

Por otro lado, Vox plantea que el ejercicio de ese derecho no sea pleno: los ciudadanos podrían tener armas de fuego en casa, pero no en la calle, donde sólo podrían portar armas no letales. En Francia, por ejemplo, se pueden llevar ese tipo de armas, pero en los Estados Unidos, en la mayoría de los Estados, se pueden llevar armas de fuego por la calle.

Es cierto que la regulación de las armas en España es muy estricta, en comparación con otros países. Pero creo que, si una persona se plantea tener un arma de fuego en su casa, puede hacerlo, pero su posesión está ligada a su uso deportivo o cinegético. Pero a mi modo de ver, con la legislación actual, utilizarla para defenderse de un ataque en tu casa sería un fraude de ley (es decir, utilizar la ley para conseguir objetivos prohibidos por ella). De modo que lo necesario, si se quiere hacer efectivo el derecho a la autodefensa es: 1) generalizar la concesión de licencias tipo B (como planteé en el libro Un modelo realmente liberal) para los ciudadanos que no tengan antecedentes penales y pasen un test psicológico. 2) Reconocer plenamente el derecho a la defensa propia en tu casa o tu negocio, como ha hecho recientemente Italia.

En Italia, la víctima del asalto puede responder con cualquier medio al ataque, si se demuestra que el uso del arma ha sido en defensa propia, no podrán ser procesados por haberse defendido (cosa que sí pasa en España), y el asaltante o su familia no podrá exigir una indemnización a la víctima.

La experiencia de los Estados Unidos, y la de otros países, muestra que la extensión del uso de armas reduce el crimen. El motivo es muy fácil de entender. Lo importante, en la regulación, es ver qué uso de las armas será el que prevalezca. Si se prohíbe su tenencia o su uso, los ciudadanos que cumplen la ley no las usarán para defenderse, pero los criminales, que las necesitan para llevar a cabo su actividad ilegal, sí las utilizarán. Pero si la ley ampara al ciudadano común, si reconoce su derecho a poseerlas o utilizarlas, de forma abrumadora las usarán para defenderse. Prevalecerá ese uso, y reducirá el crimen.

Yo, en 2005, propuse que generalizar el derecho a defenderse sería especialmente importante para dos colectivos: Uno, las víctimas potenciales del terrorismo. Dos, las víctimas potenciales de la violencia doméstica (la mayoría de las cuales, señalaba yo en ese artículo, son mujeres).

Para tantos periodistas, que ejercen su profesión desde una ignorancia buscada y un partidismo apenas disimulado, es fácil descalificar la propuesta de Vox. Basta con señalar que están en línea con lo que han aprobado gobiernos populistas, como el de Italia o el de Brasil. Y, sin embargo, lo que plantea ese partido a la sociedad española es algo no muy distinto a lo que regía en Gran Bretaña hasta 2007.

¿Encontrarán respuesta en la sociedad española? Eso es lo que está por ver.

Foto: Andrey Zvyagintsev


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