La solicitud de España para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea sigue sin concretarse debido a la falta de consenso entre los Estados miembros. Aunque el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos, la propuesta afronta numerosos obstáculos legales, financieros y políticos, lo cual Bruselas no está dispuesta a contemplar por el momento.
En realidad, la iniciativa de Pedro Sánchez obedece sobre todo al chantaje político de Puigdemont y sus socios separatistas, y a su necesidad excluyente de mantenerse en el poder frente al cerco judicial que se cierne sobre su entorno familiar íntimo por casos de corrupción, así como sobre su núcleo partidario más cercano. No hay motivos de reivindicación cultural o de justicia histórica para ninguna lengua, sino únicamente una emergencia coyuntural y un puro oportunismo político.
La estrategia para seguir adelante tampoco es novedosa. Pedro Sánchez hará, una vez más, cualquier cosa —lo que sea— para preservar esa frágil mayoría parlamentaria que le permite continuar en La Moncloa
La maniobra para que el catalán sea reconocido como lengua oficial en la Unión Europea no deja de ser otro cortafuegos frente al nuevo escándalo de actitudes criminales de tinte mafioso del PSOE, ya en metamorfosis con el Gobierno. Partido, Gobierno e instituciones del Estado se entrecruzan y se confunden bajo la pátina de un régimen de nuevo cuño. Cada vez cuesta más distinguir el límite que separa lo criminal de lo legal, lo partidario de lo institucional e, incluso, lo propagandístico de lo informativo en los medios de comunicación.
La estrategia para seguir adelante tampoco es novedosa. Pedro Sánchez hará, una vez más, cualquier cosa —lo que sea— para preservar esa frágil mayoría parlamentaria que le permite continuar en La Moncloa. No habrá reparo alguno, máxime cuando la sombra del banquillo de la justicia podría proyectarse sobre la cabeza del Ejecutivo en un futuro no muy lejano, si los tribunales resisten el embate de colonización gubernamental.
La votación prevista en el Consejo de Asuntos Generales de la UE para que se reconozca el catalán en primera instancia -seguido del euskera y el gallego- ha sido pospuesta por falta de la unanimidad necesaria. Países como Finlandia, Suecia, Austria, Croacia, Francia e Italia han expresado su negativa, sobre todo por las implicaciones legales y financieras de la medida, y temen además que siente un precedente para otras lenguas minoritarias de Europa.
España ha propuesto una implantación progresiva, comenzando por el catalán debido a la presión del secesionismo y a la situación política interna, y no por otro motivo. El Gobierno se ha comprometido a asumir el coste estimado de 132 millones de euros anuales que implicaría la oficialización de las tres lenguas; es decir, todos los españoles pagarían de su bolsillo un despropósito cuyo beneficiario final sería Sánchez y su entorno, al que la oposición ya no duda en calificar de mafia en el poder.
El Gobierno español continuará negociando con los países reticentes –“hará todo lo necesario”, según palabras de sus ministros- y confía en lograr avances en los próximos meses. Sin embargo, no se ha fijado una fecha concreta para una nueva votación y el proceso permanece en una fase de arduo diálogo técnico y político europeo. El tiempo apremia para el Ejecutivo y, pese a las concesiones y favores al separatismo, en el horizonte cercano se vislumbran densos nubarrones que podrían anunciar una tormenta política perfecta.
Ante esta situación, y pese a la calma social y a un cierto beneplácito económico que todavía permite aparentar normalidad democrática e institucional, el llamado “Régimen del 78” ha muerto: lo que hoy vivimos en España es otra cosa. “¡Que viva el nuevo régimen!”, gritarán algunos -un soñado régimen socialista del siglo XXI en Europa con el rostro de Pedro Sánchez-, mientras que para otros será la instauración de un régimen perverso, una pesadilla insoportable hecha realidad. Hace tiempo ya que las dos Españas han vuelto.
Según consta en el Diario de Sesiones de las Cortes del 13 de mayo de 1932, Ortega y Gasset, en su discurso ante las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española durante el debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña, afirmó: “El problema catalán no se puede resolver; sólo se puede conllevar”. Hoy, cuando apelamos a la historia para intentar comprender por qué nos sucede lo que nos sucede, nos estremecemos. Ojalá que el gran filósofo español no estuviera en lo cierto y que “el problema catalán” no sea, en realidad, “el problema español”, y que no haya de ser soportado únicamente con dolor y estoicismo.
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