La crisis internacional en torno a Irán ha puesto de relieve un fenómeno que trasciende la coyuntura de la guerra: el creciente aislamiento diplomático de España y la ambigüedad estratégica de su política exterior. Lo que se presenta como una postura de prudente neutralidad y defensa del orden internacional por parte del gobierno de Pedro Sánchez empieza a interpretarse, tanto dentro como fuera del país, como un distanciamiento progresivo del eje atlántico y una aproximación, cuando menos retórica, a la narrativa geopolítica de la “multipolaridad”.
El primer indicio de esta deriva es el choque directo con Estados Unidos, principal aliado estratégico de España desde la segunda mitad del siglo XX. La decisión de impedir el uso de instalaciones clave como la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón para operaciones vinculadas a la crisis con Irán ha generado una tensión diplomática poco habitual entre dos socios de la OTAN. Estas bases forman parte esencial de la arquitectura militar occidental en el Mediterráneo y Oriente Medio; limitar su utilización supone, de facto, romper la coordinación operativa con Washington en un momento de máxima tensión estratégica.
El gobierno español defiende su postura como un intento de mantener distancia frente a una escalada militar peligrosa. Sin embargo, el problema es que el sistema internacional actual se está estructurando cada vez más en torno a grandes bloques de poder
El desacuerdo no ha quedado en el plano puramente técnico. En el debate político estadounidense han aparecido ya voces que plantean trasladar las bases militares a otros países aliados más cooperativos, una señal de hasta qué punto la relación se ha deteriorado. Para un país cuya seguridad y proyección internacional han estado durante décadas vinculadas a la alianza atlántica, este tipo de fricción representa algo más que una discrepancia puntual: indica una erosión de confianza estratégica.
El segundo síntoma de aislamiento se percibe en el ámbito europeo. España, pese a ser la cuarta economía de la Unión, ha quedado al margen de algunas reuniones restringidas de coordinación entre los principales países europeos en materia de seguridad y defensa. En la política comunitaria, donde buena parte de las decisiones se gestan en círculos informales antes de llegar a las instituciones, quedar fuera suele interpretarse como una pérdida de influencia y de peso político. Cuando los grandes países empiezan a discutir cuestiones estratégicas sin contar con España, el mensaje implícito es que Madrid ya no se percibe como un actor ni central ni confiable.
La acumulación de fricciones tampoco es nueva. En los últimos años se han producido varios desencuentros con aliados occidentales: desde la resistencia española a incrementar el gasto militar dentro de la OTAN hasta una política relativamente abierta hacia empresas estratégicas chinas como Huawei. Tomados por separado podrían considerarse decisiones puntuales; juntos dibujan una trayectoria que, en algunos círculos estratégicos, se interpreta como un alejamiento progresivo del alineamiento tradicional de España.
En este contexto cobra especial relevancia la cuestión de la neutralidad. El gobierno español defiende su postura como un intento de mantener distancia frente a una escalada militar peligrosa. Sin embargo, el problema es que el sistema internacional actual se está estructurando cada vez más en torno a grandes bloques de poder. Por un lado, el conjunto de democracias occidentales articuladas en torno a Estados Unidos y la OTAN; por otro, un bloque emergente impulsado por China y Rusia que busca revisar ese orden.
En un escenario así, la neutralidad rara vez es verdaderamente neutral. Cuando un país europeo rompe la coordinación estratégica con Washington, ese movimiento no queda en el vacío: debilita la cohesión del bloque occidental y refuerza, al menos indirectamente, la narrativa de quienes promueven un orden alternativo.
Esa narrativa se presenta con frecuencia bajo el término aparentemente benigno de “multipolaridad”. Sobre el papel, la idea describe un sistema internacional más equilibrado, con varios centros de poder que limitan la hegemonía de una única potencia. En la práctica, sin embargo, el concepto ha sido promovido con insistencia por China y Rusia como una forma de fragmentar la cohesión política y estratégica de Occidente.
Desde esta perspectiva, el debate abierto por la crisis con Irán trasciende el episodio de la guerra. La cuestión de fondo es más inquietante: dónde quiere situarse España en el nuevo mapa geopolítico que está emergiendo. Durante décadas, la respuesta fue clara: el país formaba parte inequívoca del espacio atlántico. Hoy, sin embargo, algunas decisiones de política exterior sugieren una desplazamiento hacia el eje Pekín-Moscú.
En geopolítica, la ambigüedad impostada suele tener un coste. Cuando un país se distancia de sus aliados tradicionales sin haber construido un nuevo sistema de alianzas sólido, el resultado más frecuente no es la autonomía estratégica, sino algo más simple: la pérdida de influencia y de seguridad.
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