El Tribunal Constitucional, así llamado, ha validado la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Me enfrento a esta decisión con el ánimo de los periodistas que salieron a la calle el 11 de marzo de 2004. Intento que el espectáculo de la muerte no se filtre en mi ánimo que, por respeto a los lectores, es el de intentar entender, con ellos, qué es lo que está pasando. Por dar unidad al análisis, antes de irnos al futuro, tendremos que fijarnos en el presente. Pero no podremos hacerlo, sin entender el pasado. De modo que vamos a empezar mirando atrás.
Tampoco nos vamos a detener mucho. Conocemos ya las generalidades del asunto. El PSOE perdió las elecciones, en el verano de 2023, pero ha logrado forjar una coalición de partidos que le ha permitido seguir gobernando. Es como un castillo de naipes: si se cae uno, se caen todos. Y uno de esos naipes son los siete diputados de Junts per Catalunya. El partido de Puigdemont (prófugo de la justicia tras protagonizar un intento de subversión en Cataluña), exigió al gobierno la aprobación de una ley que les absolviera, a posteriori. A esta norma la ha llamado Pedro Sánchez Ley de Amnistía. De modo que es ilegal desde su mismo nombre; la Constitución no prevé que se puedan hacer amnistías de carácter general.
El Tribunal Constitucional, que es la mayor amenaza a la democracia y a la ley en España, ha hecho oficial lo que ya sabíamos por el Ministerio de Hacienda: hay una ley para nosotros, y otra para ellos, para los que están en el poder o hablan con él
No hace falta ser jurista para darse cuenta de que la ley atenta contra todo principio jurídico. Pero quienes sí son juristas lo han señalado con precisión. En primer lugar, viola el principio de igualdad ante la ley. Unas personas tienen que hacer frente a las consecuencias legales de sus actos, mientras que otras, que son objeto de la protección de esta norma, se libran de ello por su capacidad de influencia política. Es una legislación ad hominem, que es lo contrario de como tiene que ser una ley: general y abstracta. Viola la separación de poderes. El legislativo redacta las leyes, y los jueces las interpretan al aplicarlas a la realidad social. Pero aquí el legislador se mete en el terreno del poder judicial. La ley, además, vacía de consecuencias penales una actuación que atentó contra la unidad de España, que está reconocida y protegida por la Constitución.
Seis magistrados han firmado esta tropelía jurídica. Cuatro han votado en contra. Enrique Arnaldo ha dicho en su voto particular que la decisión “supone una ruptura del pacto constitucional de 1987”. Es un juicio importante, porque es ese pacto el origen de la propia Constitución. Es arbitraria, dice, como lo fue también su tramitación. Por otro lado “no responde a una finalidad legítima, como dice el juez César Tolosa. “Se sustenta en una mal entendida soberanía parlamentaria usada como instrumento rupturista de los principios en los que se cimienta la democracia constitucional, única democracia posible, incompatible, por su esencia, con cualquier tipo de despotismo, incluido el de la mayoría parlamentaria”, añade Tolosa.
Es muy pertinente la valoración que hace otro de los magistrados discrepantes, Ricardo Enríquez: “La Constitución no es la suma y agregado de una multiplicidad de mandatos inconexos, sino precisamente el orden jurídico fundamental de la comunidad política, regido y orientado a su vez por la proclamación de su artículo 1.1., a partir del cual debe resultar un sistema coherente en el que todos sus contenidos encuentren el espacio y la eficacia que el constituyente quiso otorgarles”. Ese orden ha quedado en un segundo plano ante los intereses políticos de Sánchez.
Lo que dice la sentencia, en esencia, es que los jueces cometieron un error al juzgar y condenar a quienes protagonizaron esa revuelta contra la legalidad y la unidad de España. ¿Pueden volver a hacerlo? Sí. Además, ahora, lo pueden hacer con cierto respaldo legal. No me veo capaz de juzgar hasta qué punto. Y con un respaldo institucional y político, de eso no hay duda.
El Tribunal Constitucional se ha erigido en un tribunal de casación del Supremo, cuando esa no es su función. Y, como es un tribunal político, ha acabado asumiendo su naturaleza, y actúa de forma arbitraria y al servicio de los intereses políticos de quienes nombraron a los magistrados. Ya limpió de penas a los protagonistas del mayor caso de corrupción de España por volumen de fondos robados, que son los ERE de Andalucía.
Hablando de corrupción, no la hay tan grave como esta sentencia. Se ha corrompido la institución del TC, se ha corrompido la ley, se ha corrompido la Constitución, y se han corrompido las normas de convivencia que, más allá de todo aspecto legal, prevén que quienes atentan contra la convivencia deben ser apartados. El Tribunal Constitucional, que es la mayor amenaza a la democracia y a la ley en España, ha hecho oficial lo que ya sabíamos por el Ministerio de Hacienda: hay una ley para nosotros, y otra para ellos, para los que están en el poder o hablan con él.
Hacienda ya nos lo había dicho. Si te retrasas en el pago de IVA, te crujo. Si eres el hermano de Sánchez, te dejo decidir qué impuestos pagas. Si sacas dinero en efectivo, dirijo sobre tus hombros el ojo de Mordor. Si has montado una trama para no pagar IVA en hidrocarburos y repartir millones entre los amigos de Sánchez, me vuelvo ciego. El mismo principio es el que aplica el Tribunal Constitucional: si estás en el poder, la ley no es para ti. Si eres del común, sí. En eso se resume todo.
¿Por qué ser mecenas de Disidentia?
En Disidentia, el mecenazgo tiene como finalidad hacer crecer este medio. El pequeño mecenas permite generar los contenidos en abierto de Disidentia.com (más de 2.000 hasta la fecha), que no encontrarás en ningún otro medio, y podcast exclusivos. En Disidentia queremos recuperar esa sociedad civil que los grupos de interés y los partidos han arrasado.
Ahora el mecenazgo de Disidentia es un 10% más económico al hacerlo anual.
