Ferrovial, empresa de construcción y servicios, ha anunciado que cambia su sede fiscal. Ya no será España, sino los Países Bajos. La dirección estará en Amsterdam, no en Madrid. Y será allí donde consolide sus cuentas, y la hacienda holandesa quien reciba el cheque fiscal; no la española.
La noticia ha sonado en nuestro país (España, dicho sea para los socios de Sánchez en el Gobierno), como una campanada en mitad de la noche. Nos ha despertado a todos (o a muchos), y preocupado a unos cuantos. El Gobierno está a la cola de la lista de los sorprendidos, pues conocía la decisión con antelación, pero a la cabeza de la lista de los que están preocupados.
No hay ningún freno institucional. No hay una limitación a los impuestos que puede gravar el Gobierno, como sí ocurre en Irlanda, por ejemplo. Y no hay un reproche ideológico, tampoco
Esta cuestión tiene varias aristas, pero creo que lo primero es entender qué ha pasado. Lo primero que hay que decir es que la empresa es de origen español, pero es una multinacional. El 80 por ciento de los ingresos y el 95% de su valor en bolsa se generan fuera de nuestras fronteras.
La actividad de Ferrovial en el Reino Unido llevó a la compañía a plantearse el cambio de sede a Londres, pero el Brexit frustró esos planes. Ámsterdam es una corrección dentro de un plan que está pensado hace años; muchos años.
¿Qué motiva la decisión de Ferrovial? ¿Pagará menos impuestos? Lo más inmediato es la decisión del Gobierno de introducir un cambio en el sistema fiscal. Quiere limitar en un 50% la deducción por pérdidas en las filiales de los grupos consolidados; una medida que supone un recargo del entorno del 5 por ciento. Esta medida no sólo afecta a Ferrovial, sino a algo más de 3.600 empresas que aportan el 25% del empleo y la mitad de la recaudación por Sociedades.
Si Hacienda quiere gravar los beneficios, es lógico que el cómputo de los mismos sea global, y tenga en cuenta tanto los resultados positivos como los negativos. Además, esto permite a las empresas que lo han pasado mal recapitalizarse, y recuperar su capacidad productiva, cuando obtienen ganancias tras un período con pérdidas. Estas razones le dan igual a Sánchez, el doctor en diplomacia económica.
Peor fue la decisión de revisar la deducción por la repatriación del Impuesto de Sociedades generado en otros países, del 100 al 95%. No es sólo que suponga un mayor coste fiscal, sino que supone incurrir en una doble imposición por el mismo concepto: un beneficio tributa una primera vez en el país de origen, y una segunda vez en España.
Poco antes, el gobierno de Sánchez había fijado un umbral de tributación del 15 por ciento para las grandes empresas. Las compañías más grandes son muy reducidas en número, pero están sobrerrepresentadas en la recaudación fiscal. El umbral reduce o anula la efectividad de las deducciones; esa es su función.
La fiscalidad de los Países Bajos es parcialmente menos gravosa. Es menos agresiva en el tratamiento de los dividendos, y su repatriación está exenta. Sobre todo, el estado holandés está abierto a alcanzar acuerdos privados con empresas. Se calcula que Ferrovial podría ahorrarse 40 millones de euros al año. Es una cantidad no desdeñable, pero parece suficiente para adoptar una decisión como esta.
Una parte de la decisión tiene que ver con los impuestos futuros, no los presentes. La deuda pública, contabilizada según el protocolo de déficit excesivo, alcanza el 115,6% del PIB. Es una parte pequeña, en realidad, de la deuda que tiene el Tesoro español. Si tenemos en cuenta el valor presente de las obligaciones que tiene con los pensionistas actuales y futuros, esa deuda más que duplica el PIB.
No es sólo que la política de Pedro Sánchez agrave la situación con el aumento del gasto, sino que en España se pueden adoptar las medidas de gasto improductivo, político, sin que haya una contestación por parte de la ciudadanía que acabará pagándolas.
De modo que no son sólo los impuestos presentes y futuros, sino la arbitrariedad con la que puede actuar fiscalmente el Gobierno. No hay ningún freno institucional. No hay una limitación a los impuestos que puede gravar el Gobierno, como sí ocurre en Irlanda, por ejemplo. Y no hay un reproche ideológico, tampoco. Lo único que frena al Gobierno es la reacción de la economía; y de los agentes, como la empresa Ferrovial.
Iberdrola ha mencionado, en alguna ocasión, que tiene entre sus planes la salida de España. El 70% de los ingresos de las empresas del Ibex se genera fuera de España. El antecedente de Ferrovial hace ver que otros podrán seguir su ejemplo. Y esto es un gran fracaso. Un fracaso que no es sólo de Pedro Sánchez, es del Estado español y, en última instancia, de la propia sociedad española, que no valora la propiedad privada, que acepta los aumentos de impuestos sin rechistar, y que ve reflejado en el discurso del gobierno contra los empresarios su propia desconfianza hacia los creadores de riqueza.
