Como es de sobras conocido, ya hace unos meses, entró en vigor la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD), más conocida como “Google Tax”.

Publicidad

En la propia Exposición de Motivos de la norma se expone que esta figura tributaria no sólo no es adecuada, sino que, incluso a nivel de la Unión Europea se ha rechazado, a la espera de encontrar una respuesta global armonizada, en materia tributaria, a los retos planteados por la economía digital. Pese a todas las posibles objeciones, “por razones de presión social, justicia tributaria y sostenibilidad del sistema tributario”, se sigue adelante y se aprueba el nuevo tributo.

Sean pocos o muchos, la norma ampara que los individuos seamos objeto de monitorización continua por las grandes corporaciones tecnológicas que, en todo momento, podrán conocer dónde estamos y qué estamos haciendo con nuestros dispositivos electrónicos

Este impuesto, cuya efectiva entrada en vigor se ha tenido que demorar por falta de desarrollo reglamentario, se ha anunciado y vendido a los medios como aquel gravamen que pretende doblegar a las grandes plataformas digitales (Google, Amazon, Microsoft, Facebook, etc.) y evitar que, amparándose en una deslocalización y desmaterialización de sus negocios, eludan su tributación en España por las operaciones y beneficios generados en nuestro territorio.

Pues bien, la realidad es bien distinta. La solución unilateral adoptada por este Gobierno (u otros, como Italia o el Reino Unido) es el sueño húmedo de los propietarios y directivos de las grandes plataformas digitales, a quienes nominalmente, se les señala como sujetos pasivos del tributo.

Como ya tuve ocasión de advertir hace tiempo (La “Tasa Google” y esa especie de “Tasa Tobin”, dos fracasos anunciados), hay dos objeciones fundamentales evidentes.

En primer lugar, dada la configuración del tributo (en especial, la propia naturaleza de los servicios digitales) hace que la liquidación del gravamen, la recaudación, dependa de la buena voluntad de los llamados a contribuir, los sujetos pasivos, pues son ellos los únicos que conocen la naturaleza de los servicios prestados y los únicos capaces de geolocalizar a sus destinatarios. En principio, legalmente, la Agencia Tributaria ni tiene medios tecnológicos, ni información ni la capacidad para verificar si la liquidación tributaria es correcta.

En segundo lugar, este tributo actúa como un mero sobrecoste para la plataforma digital; los servicios sujetos a este nuevo gravamen se le “encarecen” un 3%. Por tanto, para recuperar este sobrecoste, las grandes plataformas digitales (gracias a su posición de dominio del mercado), se limitarán a trasladar a sus clientes, nuestras empresas o autónomos residentes y localizados en España, dicho gravamen, salvo que, vehiculen el acceso a estos servicios vía una IP geolocalizada fuera de España. Por tanto, en contra de lo anunciado, los efectivos contribuyentes del tributo serán los ciudadanos y empresas españolas.

No hace falta ser muy inteligente para observar que el propio tributo permite el arbitraje para las plataformas digitales; repercutirán el 3% a todos los clientes y liquidarán a la Agencia Tributaria aquello que estimen conveniente. Ganancia neta.

Sin embargo, lo más grave es el oscuro subyacente. La norma tributaria legitima, de facto, que las grandes operadoras tecnológicas puedan monitorizar a los ciudadanos españoles y obtener datos de forma indiscriminada, desvirtuando la actual regulación de protección de datos. Por unas escasas monedas para asegurarse su supervivencia, este Gobierno, rememorando Fausto, ha entregado el alma de los españoles a una suerte de demonios tecnológicos.

Como se establece expresamente en el artículo 7 de la Ley del IDSD, sólo podrán someterse a gravamen las prestaciones de servicios que se entiendan realizadas en España. En este sentido, para determinar si un servicio se localiza en España o no, es preciso hacer un seguimiento constante y exhaustivo de los usuarios finales para conocer los datos fundamentales de todas y cada una de las transacciones.

Por aquello de guardar las apariencias, la norma trata de limitar esta facultad, al señalar que, “los datos que pueden recopilarse de los usuarios con el fin de aplicar esta Ley se limitan a aquellos que permitan la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto.”

Sean pocos o muchos, la norma ampara que los individuos seamos objeto de monitorización continua por las grandes corporaciones tecnológicas que, en todo momento, podrán conocer dónde estamos y qué estamos haciendo con nuestros dispositivos electrónicos. No sólo eso, sino que, se consiente y anima a acumular nuestros datos históricos (por aquello de la prescripción), sin límite temporal alguno, acerca de nuestras ubicaciones y movilidad, accesos, actividad con los dispositivos, etc.

Más aún, la norma sólo faculta la captación de los datos, bajo pretexto tributario, por las actuales grandes plataformas digitales, los potenciales sujetos pasivos del tributo, aquellas que tengan una cifra de facturación superior a 750 millones de euros, interfiriendo así en la libre competencia y favoreciendo a los que, actualmente, tienen una posición dominante.

Recordemos que, el recurso natural básico de la economía digital son los datos. Los datos son el motor de la Cuarta Revolución Industrial, la fuente de generación de valor. Aquel que obtenga más datos y mejores datos, no sólo progresará económicamente, sino que adquirirá el poder y la capacidad de dominar y controlar al mayor número de individuos. Os sugiero leer “Surveillance Capitalism” (Capitalismo de Vigilancia) de Soshana Zuboff.

¿Cómo se explica que una red social como WhatsApp preste servicios gratuitamente a miles de millones de personas? ¿Acaso sus propietarios son una entidad sin fines lucrativos que aburridos de ganar dinero ponen a nuestra libre disposición unos servicios de mensajería y comunicación social asumiendo todos los costes de su desarrollo y funcionamiento?

Hasta ahora, pareciera que Google o WhatsApp necesitaban explicar o justificar porqué querían nuestros datos y qué querían hacer con ellos. Ahora, tras la entrada en vigor de la Ley 4/2020, se sentirán legitimados para disponer de nuestros datos, para su acumulación y utilización. Eso sí, lo hacen por “nuestro bien”, para financiar a ese soma mental, denominado Estado de bienestar.

Emilio Pérez Pombo. Economista y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.

Foto: Anete Lusina.


Por favor, lee esto

Disidentia es un medio totalmente orientado al público, un espacio de libertad de opinión, análisis y debate donde los dogmas no existen, tampoco las imposiciones políticamente correctas. Garantizar esta libertad de pensamiento depende de ti, querido lector. Sólo tú, mediante el pequeño mecenazgo, puedes salvaguardar esa libertad para que en el panorama informativo existan medios nuevos, distintos, disidentes, como Disidentia, que abran el debate y promuevan una agenda de verdadero interés público.

Apoya a Disidentia, haz clic aquí

5 COMENTARIOS

  1. El autor acertó de pleno, todo parece indicar que es un acuerdo entre la Hacienda pública y las compañías tecnológicas para compartir los datos privados que ya han dejado de serlo oficialmente.

    Echar un vistazo al BOE 1-2-2021
    Plan control tributario 2021.

    El autor se quedó corto, parece que ha acordado saltarse la ley con pértiga y a pachas.

  2. Yo creo que hay un error, y el error creo que está aquí,

    «Aquel que obtenga más datos y mejores datos, no sólo progresará económicamente, sino que adquirirá el poder y la capacidad de dominar y controlar al mayor número de individuos.»

    Eso es falso, ningún dato controla a ningún individuo.
    Un ordenador funciona con lógica, por lo tanto ni tan siquiera un ordenador cuántico podría controlar una mínima acción humana.

    No es que no esté de acuerdo con el artículo, que estoy totalmente de acuerdo, en lo único que disiento es que los ordenadores cuánticos de Google e IBM juntos más todos los programadores de Google, Amazon, Microsoft, Facebook reunidos y trabajando al unísono puedan predecir una sola de mis decisiones, acciones, ideas, pensamientos o emociones. De momento y por suerte para los humanos eso es imposible, algo que a no poco tardar aprenderán todos los idiotas autistas de Silicon Valley.

    Que todo lo que dice el artículo es cierto, no me cabe ninguna duda, que todas las apps que se actualizan en ordenadores y teléfonos tienen ese fin, no es que no tenga dudas, es que es así, de no ser así no actualizarían los terminales en la manera que lo hacen.

    El problema para esta gente radica en que hay personas que piensan y deciden por si mismos ajenos a su sistema de pensamiento.

    El hombre no es cuantificable, no tener esto presente le ha costado a la humanidad múltiples desgracias, la que está por venir o casi tenemos encima es una de tantas y no será la última.

    Desde niño me he preguntado ¿De dónde vengo, adónde voy y qué hago aquí?

    Contestar esas tres preguntas y en especial la última es algo que lleva toda una vida, espero que el ordenador cuántico de Google me conteste las dos primeras, que seguro que no puede, la última prefiero contestarla yo.

    La verdad es que es un asunto apasionante, la lógica contra la sabiduría.

    Como me lo estoy pasando a costa de los idiotas del Silicon Valley y sus bien mandados capataces de la finca global.

    Me compré un ordenador pa jartarme de reír.

    Y aún no hemos visto nada de lo que tienen preparado, no es por presumir pero ya me lo me se todo, estoy esperandoles a la vuelta de la esquina.

    De momento llevo dos años rascándome la barriga tras liquidar todos mis bienes y negocios y mi capital se ha revalorizado un sesenta por ciento sin hacer nada.
    Es fascinante Coronavirus + Sánchez + Europa + Davos + China + Biden + Twitter. Dime cómo piensas y te diré que tramas.

    Son tan idiotas pero con tanto poder que la van a liar muy gorda.

  3. «Hasta ahora, pareciera que Google o WhatsApp necesitaban explicar o justificar porqué querían nuestros datos y qué querían hacer con ellos. Ahora, tras la entrada en vigor de la Ley 4/2020, se sentirán legitimados para disponer de nuestros datos, para su acumulación y utilización. Eso sí, lo hacen por “nuestro bien”, para financiar a ese soma mental, denominado Estado de bienestar.»

    Y lo que nos daban gratis era una monumental trampa. El perfil del monstruo que hemos alimentado ingenuamente es tan feo que mucha gente no quiere verlo. Y es que cuesta reconocer que hemos hecho el tonto.

  4. Mas claro agua Don Emilio

    Parecería que la Ley esa la han hecho las propias plataformas en conivencia con a saber quienes mas.

    Un muy cordial saludo

Comments are closed.