En teoría, el cacareado Estado de derecho defendido desde la Comisión Europea es uno de los valores fundamentales de la UE, uno que garantiza la democracia, los derechos y las libertades de los ciudadanos. Sin embargo, este valor fundamental es papel mojado frente a las actuaciones de los gobiernos progresistas y de izquierda, y un puño de hierro contra los gobiernos conservadores y de derechas. La Comisión Europea, en vez de ejercer un rol de guardiana de los Tratados, acapara cada vez más poder para socavar la soberanía de los Estados miembros, algo que contradice sus propias funciones y que, para muchos, es una clara señal de su intención de convertir a la Unión Europea en una suerte de superestado. Para ello, y aplicando un doble rasero realmente escandaloso, la Comisión Europea no ha dudado en emplear el chantaje financiero y político. Los ejemplos abundan: el gobierno del conservador Janez Jansa fue acusado de incumplir con el Estado de derecho, pero cuando el gobierno paso a la izquierda liberal de Robert Golob, el acoso a los políticos y medios conservadores no han “alertado” a Bruselas. En España, al gobierno de Pedro Sánchez, acosado por la corrupción y que pretende acabar con la independencia judicial, se le consiente prácticamente todo; por el contrario, países como Hungría y Polonia han sido atacados y chantajeados empleando los fondos europeos con una ferocidad inusitada.
En Polonia todos los problemas desaparecieron por arte de magia con la llegada al poder de la coalición progresista liderada por Donald Tusk, y, como ha sucedido en otros países, las actuaciones del nuevo gobierno contra los políticos y medios conservadores no han suscitado ningún interés por los defensores de la democracia de Bruselas
Sin embargo, en Polonia todos los problemas desaparecieron por arte de magia con la llegada al poder de la coalición progresista liderada por Donald Tusk, y, como ha sucedido en otros países, las actuaciones del nuevo gobierno contra los políticos y medios conservadores no han suscitado ningún interés por los defensores de la democracia de Bruselas. En este sentido, el informe sobre el Estado de derecho publicado este año por la Comisión Europea es muy revelador.
El director del Instituto Húngaro-Polaco de la Libertad y ex viceministro de Justicia del gobierno anterior de Ley y Justicia, Marcin Romanowski, ha publicado un completo análisis en relación a la parte polaca del informe de la Comisión Europea. Romanowski es diputado en el Sejm, parlamento polaco, pero se ha visto obligado a exiliarse en Hungría por los cargos presentados en su contra por la fiscalía.
“Mi análisis no es una mera refutación del escandaloso informe de la Comisión sobre Polonia, que equivale a un respaldo a la anarquía globalista posterior al 13 de diciembre de 2023 y a un espantoso canto a la autocracia liberal, que se ha autodenominado ‘democracia militante’. Es una documentación del desmantelamiento en curso de la democracia y el Estado de derecho bajo la coalición liberal de izquierdas liderada por Tusk”, afirma Romanowski, señalando que eso no habría sido posible sin el respaldo de Bruselas, que ha librado “una guerra legal híbrida contra el gobierno conservador de Polonia y ahora, sirve de garantes de la flagrante ilegalidad perpetrada por la administración liberal de izquierdas de Tusk”. Unas ilegalidades que, además de ir en contra de la Constitución Polaca, destrozan los cimientos del Estado de derecho que la Comisión dice defender.
El análisis de Romanowski señala una a una todas esas ilegalidades, empezando por la absorción ilegal y forzosa de la fiscalía: “Citando tres dictámenes jurídicos privados, el ministro de Justicia declaró que el fiscal nacional independiente nunca había sido nombrado legalmente, a pesar de un nombramiento legítimo previo. A continuación, se le prohibió físicamente la entrada en la sede de la fiscalía. Poco después, el primer ministro, sin la participación reglamentaria del presidente, instaló en el cargo a un leal aliado político”. Las consecuencias de este control político de la fiscalía son las investigaciones contra los diputados de la oposición, con más de setenta casos abiertos, y el archivo de los casos de los aliados políticos de Tusk. Uno de los casos ‘cerrados’ más escandalosos fue el de Roman Giertych, un hombre de confianza de Tusk que estaba acusado por la fiscalía de desviar más de 20 millones de euros de una empresa que cotizaba en bolsa. “La decisión de archivar el caso se ocultó durante meses, lo que no es de extrañar, dado que se basaba en la absurda afirmación de que Giertych no sabía nada de las transacciones multimillonarias llevadas a cabo por su… chófer y guardaespaldas, en una empresa de la que era el abogado principal”.
A pesar de este tipo de actuaciones, la Comisión habla de “progresos significativos” para garantizar la independencia de la fiscalía. Estos progresos han convertido a la fiscalía en “un arma política contra la oposición, con acusaciones inventadas y torturas psicológicas durante la detención para extraer falsos testimonios. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya se ha hecho cargo de múltiples casos. Mi propia detención ilegal, en flagrante violación del derecho internacional, ha dado lugar a que Hungría me conceda asilo político y a que Interpol deniegue una notificación roja (una petición a las fuerzas del orden de todo el mundo para que localicen y detengan a una persona), lo que sitúa a Polonia en la misma categoría que Bielorrusia, Rusia u otros regímenes autoritarios”.
Siguiendo con el poder judicial, el gobierno Tusk también ha ignorado al Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano constitucional encargado de salvaguardar la independencia judicial, para acortar “los mandatos de cientos de presidentes y vicepresidentes de tribunales, sustituyéndolos por leales al partido. Además, hizo caso omiso de una sentencia del Tribunal Constitucional que dictaminaba que tales acciones, al excluir al Consejo Nacional de la Magistratura, son inconstitucionales”. Como resultado, más de mil vacantes judiciales siguen sin cubrirse y el Ministerio se niega a anunciar nuevos nombramientos, “en un esfuerzo por impedir cualquier nominación fuera del control liberal de izquierda”.
El informe de la Comisión también menciona “sólo de pasada que la Comisión Electoral Nacional de Polonia rechazó el informe financiero de un partido, con la consiguiente pérdida de financiación pública, sin mencionar que el partido en cuestión es Ley y Justicia (PiS)… El Tribunal Supremo declaró ilegal esta acción y ordenó que se restableciera la financiación conforme al Código Electoral. Sin embargo, el primer ministro Tusk declaró en la X que, ‘en su opinión’, el dinero no se pagaría, y el ministro de Finanzas hizo lo mismo, ignorando la sentencia del Tribunal Supremo”. Este bloqueo a la financiación publica de PiS ha tenido su efecto en las pasadas elecciones presidenciales, pero, como señala Romanowski, “una vez más, el pueblo polaco estuvo a la altura de las circunstancias. Decenas de miles de pequeñas donaciones financiaron la campaña de Karol Nawrocki, que triunfó contra todo pronóstico, incluido un aparato estatal, un complejo mediático y un establishment liberal de izquierdas alineados en pleno modo de asalto”.
¿Y los medios de comunicación? En una entrevista en enero del año pasado, el ex director de TVP World, Filip Styczyński, cuyas oficinas fueron tomadas por la policía, señalaba la hipocresía del portavoz de la Comisión Europea al ser preguntado por este asunto: “No comentamos acontecimientos concretos en países de la UE”. Parece que la Comisión no ha cambiado de opinión porque, como afirma Romanowski, “en todo el mundo, los globalistas están en guerra contra la libertad de expresión y Polonia no es una excepción… Los periodistas independientes se enfrentan a una creciente persecución y amenazas, algunas proferidas directamente por el portavoz del Ministerio Fiscal y el nuevo ministro de Justicia. Se chantajea a los anunciantes para que boicoteen a los medios conservadores, mientras que a los reporteros de la conservadora TV Republika, la cadena más vista de Polonia, se les prohíbe asistir a las ruedas de prensa del gobierno. Los funcionarios amenazan abiertamente con revocar sus licencias. ¿El informe de la Comisión? Elogia la ‘reforma’ de los medios de comunicación públicos”.
“También se ha omitido el ataque sin precedentes al Consejo Nacional de Radiodifusión, órgano constitucional encargado de salvaguardar la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación. El presidente del Consejo defendió valientemente la libertad de expresión y concedió licencias a emisoras conservadoras. Como represalia, los diputados de la coalición gobernante iniciaron un procedimiento de destitución para forzar una suspensión y paralizar la institución. El Tribunal Constitucional, en una sentencia definitiva, dictaminó que la apertura de un procedimiento de destitución requiere una mayoría cualificada de tres quintos, pero, haciendo caso omiso de la sentencia, el Sejm suspendió al presidente por mayoría simple, violando simultáneamente dos garantías constitucionales: las del Consejo y las del Tribunal Constitucional”. La concesión de licencias de emisión ha sido uno de los medios empleados por el gobierno Tusk para acabar con los medios conservadores, como en el caso del canal wPolsce24 hace unos meses.
¿Qué habría pasado si un gobierno de derechas hubiera hecho lo mismo que Tusk? Romanowski lo tiene muy claro: “Si un gobierno del PiS hubiera cometido siquiera el 1% de las transgresiones que ahora lleva a cabo la coalición de Tusk, Bruselas estaría alborotada y los titulares de todo el mundo gritarían sobre la muerte de la democracia en Polonia. Lo que estamos presenciando es una operación política extraordinariamente burda que, a pesar de todos los esfuerzos, no puede disfrazarse con los ropajes de la neutralidad o la objetividad”. Para Bruselas, socavar los cimientos de la democracia es aceptable siempre y cuando sirva a su agenda progresista.
Afortunadamente, el pueblo polaco dio la victoria a Karol Nawrocki en las elecciones presidenciales, lo que ha significado un duro revés para los planes de Tusk, que ve como las dudas crecen dentro de su coalición de gobierno. “El presidente tiene el poder constitucional de vetar la legislación, que sólo puede ser anulado por una mayoría de tres quintos en el Sejm, un umbral que Tusk no alcanza. Según la Constitución, sin el consentimiento de un presidente elegido por votación popular directa, un gobierno no puede gobernar de forma efectiva; sólo puede administrar”. Por tanto, para Tusk la única opción es seguir con la ruptura constitucional, para lo que cuenta con el apoyo incondicional de la Comisión Europea. La retórica del “Estado de derecho se ha convertido en un eufemismo para la guerra ideológica contra los gobiernos conservadores que desafían el proyecto globalista”.
Foto: Dati Bendo.
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