Si se presume que el futuro, aunque imprevisible e inventado por la libertad, tiene un fundamento en el pasado, hay que decir que, de alguna manera, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de Amnistía nos deja a los españoles sin futuro. Desde 1978 la Constitución ha venido siendo, pese a sus carencias y a algunos errores, la base de cualquier futuro que quisiésemos construir, pero la sentencia de Conde Pumpido ha hecho de la Constitución papel mojado y no es fácil decir en qué podrá fundarse la convivencia política nacional desde el momento en que el texto jurídico fundamental ha sido objeto de una canallesca barrabasada, y se ha visto despojado de su significado, su vigencia y su autoridad.
No se trata de que se haya contravenido ningún apartado concreto, varios han sido maltratados, en cualquier caso, sino que se ha hecho que lo que la Constitución dice carezca de voz propia. Y no se trata de un despiste de los intérpretes, sino de una decidida voluntad de alteración hecha de la manera más artera y tramposa. No entraré en argumentos jurídicos, para lo que carezco de cualquier autoridad, sino en objeciones lógicas y, en consecuencia, políticas que pueden ser apreciadas por cualquiera con una pizca de buen sentido.
El Tribunal Constitucional ha destrozado el carácter normativo de la Constitución de 1978 y ha dado por válida la regla de que todo vale cuando se tienen los votos, por escasos que sean, para obtener el resultado que se desea
Lo primero que se hace es sustituir la capacidad normativa de la Constitución, basada en principios políticos absolutamente claros, como la unidad nacional o la voluntad de concordia y la defensa de la libertad y el pluralismo, por una supuesta capacidad interpretativa del poder ejecutivo, que se disfraza de legislativo pero cuya intención de forzar la norma en provecho propio es tan innegable como la luz del día, para acabar aprobando esa fechoría política por un órgano cuya función era, precisamente, resguardar y defender la interpretación correcta de la Constitución.
Eso significa privar a la democracia de cualquier fundamento moral y declarar paladinamente que cualquiera que se proclame representante de la soberanía nacional, aun sin el menor fundamento, puede hacer lo que se le ocurra, como hizo, por ejemplo, el canciller alemán en 1933 al obtener una ley que le otorgaba plenos poderes, fue un pisoteo de la Constitución pero se hizo por medios legales. Esto es lo que ahora ha ocurrido entre nosotros, espero que no suceda nada parecido a lo que aconteció en Alemania poco después, pero insisto en que la puerta que se ha abierto con el aval constitucional a la Ley de Amnistía es fruto de trampas legales de naturaleza idéntica.
Como en Berlín hace casi un siglo, también ahora se enuncian propósitos inmarcesibles, pero totalmente falsos. El preámbulo de la Ley asegura que la Amnistía era necesaria para volver a una normalidad alterada por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que establecía la inconstitucionalidad de una parte importante del Estatuto de autonomía de Cataluña. El mismo Tribunal da ahora por válida la afirmación de que su sentencia fue la causa de que se declarase unilateralmente por las autoridades catalanas la independencia del resto de España que, eso sí, no tuvieron el valor de mantener más de 44 segundos.
La siguiente golfada que el Tribunal Constitucional emplea en sus argumentos es la afirmación de que todo lo que no está prohibido expresamente por la Constitución podría ser aprobado por el legislativo, un razonamiento tan chapucero que es vergonzoso que quieran presentarlo como una sutileza. La pretensión es absurda hasta la náusea y permitiría que, puesto que la esclavitud o la violación ritual no están expresamente prohibidas podrían ser bendecidas por la ley… caso de ser necesario para la comodidad política del presidente del Gobierno.
Por último, el Tribunal Constitucional pretende no deber ni poder entrar en asuntos políticos y moverse en un plano estrictamente jurídico al declarar que la Ley no choca con la Constitución. Otro juego de manos digno de un prestidigitador manazas y tosco. Resulta que el que se afirme que se quiere resolver un asunto político nada tiene que ver con la política, pero sería politizar indebidamente el significado de una ley atender a la manera en que ha sido gestada, un proceder que exhibe varios defectos que la inhabilitan.
Están en la mente de todos, pero los enumeraré por su orden: la ley se aprueba como consecuencia de un pacto político para obtener la investidura, es contraria a lo que Pedro Sánchez y el PSOE defendieron en la campaña electoral, es una autoamnistía porque ha sido redactada a instancias precisas de sus principales beneficiarios, está pensada no para la generalidad sino para el beneficio de unos pocos, ha sido privada de todos los informes previos que están previstos en la legislación, es contraria a la lógica constitucional que prohíbe expresamente los indultos generales, pero, sobre todo, pone en duda que la unidad nacional sea el fundamento histórico inamovible del sistema político vigente y da pie a que los instigadores del proceso separatista puedan volver a intentarlo en cuanto tengan la menor oportunidad. Por si fuera poco es de dominio público la manera oscurantista y clandestina en que se ha negociado la aprobación de esta malhadada sentencia.
El Tribunal Constitucional ha destrozado el carácter normativo de la Constitución de 1978 y ha dado por válida la regla de que todo vale cuando se tienen los votos, por escasos que sean, para obtener el resultado que se desea. El PSOE y los nacionalistas y separatistas han declarado que la Constitución es papel mojado y que la concordia que plasmaba en normas debe ceder el paso al deseo incondicionado del poder ejecutivo, aunque ese poder esté cogido con alfileres, sostenido por la corrupción y esté claramente bajo la amenaza de ruina.
Visto lo visto, lo lógico sería que Sánchez siguiera el libreto alemán de los años treinta, pero, si no lo hace, bien por no atreverse bien porque logremos impedir que lo haga, si volvemos a tener la oportunidad de derribar este Gobierno en las urnas, se impone una reflexión de la mayor importancia. Hay que reformar a fondo la Constitución dotándola de cautelas de las que carece y que ahora no han podido defenderla y acabando de una vez por todas con los resquicios de supuestas concesiones y ciertas inequidades territoriales que, si alguna vez tuvieron sentido, lo pierden completamente en pleno siglo XXI y a la vista del descarado chantaje político que continúan ejerciendo los partidos separatistas que no han sido capaces de respetar los pactos que asumieron en la Transición y parecen seguir creyendo que la mayoría de los españoles nos chupamos el dedo y seguiremos pagando sus desplates, disparates y abusos con una paciencia inacabable.
¿Habrá una izquierda capaz de apoyar estos propósitos como la hubo en 1978? Ya empecé diciendo que nos hemos quedado sin futuro claro a la vista, pero la historia se construye con voluntad y no solo con restos del pasado. Lo que ahora parece imposible puede que vuelva a ser razonable, porque no todo el mundo es tan necio, tan hipócrita y patológicamente narcisista como quienes parecen querer pasar a la historia como creadores de una España hecha a la medida de sus torpes obsesiones.
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