En 2019 se organizaron en el país austral unas revueltas con la intención de crear un clima de violencia e inseguridad que hiciera pensar a la clase política, y también a la opinión pública en general, que el malestar y la desigualdad social era de tal intensidad que hacía ineludible un proceso constituyente. Las autoridades, entre el desconcierto y la falta de determinación, claudicaron y cedieron.
Este guión, aunque con matices, ya lo habíamos visto en Venezuela, Bolivia y también en Ecuador. El activismo bolivariano, bien organizado y financiado, con la comprensión e incluso con el apoyo del exterior, incendió las calles de Santiago reclamando una reforma constitucional. La intención era convertir las revueltas y la violencia en el fundamento de un proceso constituyente. Por eso no podían ser manifestaciones ordinarias ni convencionales. Se atacaron empresas, iglesias, comunidades, condominios, etc… Había que transmitir la sensación de subversión total y conseguir que hubiera víctimas mortales que imputar a los gobernantes y fuerzas de seguridad del Estado para conseguir el relato del «estallido».
Los chilenos no deberían cometer un error histórico como han cometido otros. Deberían asegurar el próximo 19 de diciembre una mayoría electoral contraria al chavismo y a los simpatizantes de La Habana, Caracas o Managua, como primer paso para, acto seguido cerrar el proceso constituyente cuanto antes
Así, bajo amenaza de mantener incendiadas las calles y hacer la vida imposible a los chilenos, finalmente se habilitó el acuerdo de apertura del proceso constituyente el 15 de noviembre de 2019 con el denominado «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución». El chavismo había dado en Chile un paso gigantesco y parecía cobrarse una nueva e importantísima víctima en Sudamérica. Todo hacía presagiar que la asamblea constituyente, compuesta por 155 miembros elegidos por votación en mayo de 2021 supondría un impulso en la agenda determinada por el Grupo de Puebla, capital Caracas, y subsede Barcelona.
No puedo detenerme aquí en las curiosas, maximalistas y alambicadas normas de funcionamiento de esta Convención Constituyente, pero sí merece la pena advertir los 17 escaños reservados para los pueblos indígenas y originarios, que en el mejor de los casos se limitan a reducidas comunidades, y las delirantes reglas paritarias establecidas para imponer una igualdad de sexo en la asamblea. Al margen de esto, cierto es que los esfuerzos por presentar este proceso como un proceso participativo, transparente, igualitario y deliberativo han sido muy notables y en los organismos internacionales estarán muy satisfechos, pero el texto ya estará seguramente prerredactado en alguna ciudad española, dejando todo lo demás en mera apariencia o cobertura formal.
El chileno medio creyó que el acuerdo político para impulsar una asamblea constituyente acabaría con la violencia en las calles, que era lo realmente apremiante. Por eso votó en el plebiscito de 2020, aún con una escasa participación (50,9%) teniendo en cuenta el tipo de proceso del que hablamos, a favor de su instauración. El itinerario trazado era exactamente el mismo que se había seguido en los países antes mencionados y el que se ha pretendido y aún se pretende en otros. En Honduras lo intentó hace diez años Manuel Zelaya y todo hace pensar que ahora su mujer, que acaba de ganar las elecciones, retomará también la idea. En Perú es Pedro Castillo, otro señor que viste sombrero de grandes dimensiones, quien anda exactamente en lo mismo.
En Chile, por su parte, todo progresaba adecuadamente hasta las elecciones del pasado 21 de noviembre. Con una participación nuevamente baja (47,3%), aunque en la línea de los comicios desde la implantación del voto voluntario, el inesperado resultado electoral proyecta, en caso de confirmarse en segunda vuelta, un escenario inédito y potencialmente conflictivo. Podrían gobernar quienes se muestran contrarios a una reforma constitucional, mientras que en paralelo los miembros de la convención constituyente andarán enfrascados en sus trabajos de reforma. El plazo de que disponen éstos para aprobar y presentar un texto es de nueve meses, prorrogable por otros tres a petición de la Presidencia o un tercio de sus miembros.
El chavismo ibérico-hispanoamericano no puede permitirse un escenario de bloqueo en Chile, como tampoco se podía permitir perder el control de Bolivia el año pasado, así que algo andarán tramando de cara a la segunda vuelta electoral el próximo 19 de diciembre con los partidos políticos tradicionales ya desaparecidos de escena. Necesitan imperiosamente el control del gobierno chileno para controlar paralelamente la asamblea constituyente y que acabe su cometido.
Chile es pieza de caza mayor para el Grupo de Puebla. No solamente es uno de los mejores lugares del mundo para vivir, también disfruta de la economía más dinámica e innovadora de Sudamérica. Un lugar en el que durante décadas ha existido libertad económica y una estabilidad política envidiable para los países de su entorno. Aún con sus problemas, deficiencias y limitaciones, Chile tiene acreditada experiencia y capacidad para resolver problemas sociales y económicos. Es un país que no solamente ha creado clases medias, sino que ha conseguido unos niveles de desarrollo y seguridad inimaginables para sus vecinos.
Además, en lo que a Estado de derecho y pluralismo político se refiere, Chile presume de un currículo con una ordenada alternancia política a lo largo de todos estos años. Los chilenos han elegido democráticamente, sin el más mínimo atisbo de duda en sus procesos electorales, gobiernos de centro, de centro-derecha, de centro-izquierda y también de izquierda.
El próximo 19 de diciembre no deberían cometer un error histórico. Es deseable una mayoría electoral contraria al chavismo y a los simpatizantes de La Habana, Caracas o Managua, y acto seguido cerrar el proceso constituyente cuanto antes. No será fácil, porque los muñidores bolivarianos que se encuentran desplegados en su país y quienes están monitorizando el proceso desde otros lugares, harán lo imposible para que esto no suceda. Y si sucede, entonces todo apunta a que provocarán nuevamente una seria crisis de seguridad e ingobernabilidad. Esta es su forma de entender las reglas democráticas.
