Poner números a la evolución de las instituciones parece un empeño imposible. Quizás sea como otros empeños por seguir a Erns Mach (ciencia es medida) a una materia infinitamente compleja y sutil, y que se desvanece entre los números como la arena de la playa entre los dedos. Pero quizás lo que pidamos no sea tanto. Queremos saber si algo va a más o va a menos, a mejor o a peor. Y aunque la quantrofrenia de la que hablaba Pitirim Sorokin no puede cumplir su promesa, podemos contentarnos con lo poco que pueda hacer. Es posible que los pocos granos de arena que quedan entre nuestros dedos sean suficientes.

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Lo vemos con los indicadores de libertad económica. Están hechos con sumo cuidado, y los resultados que ofrecen parecen ser significativos. Además, hay dos instituciones que hacen sendos informes y sus resultados, aunque no sean cada uno una réplica del otro, son perfectamente compatibles. Cuentan la misma historia, o reflejan la realidad con imágenes muy similares.

Vemos que nuestro barco hace aguas, que zozobra, que comienza a hundirse, y parece que nos estemos preguntando si el agua estará muy fría

Indicadores como estos, que buscan apreciar la calidad de las instituciones subyacentes, como los que buscan calibrar los resultados del desempeño económico, o social, hay muchos. Los llamamos indicadores sintéticos. Los dos indicadores de libertad económica que he mencionado, el del Fraser Institute y el de la Heritage Foundation, son dos ejemplos. Pero hay muchos otros. El Banco Mundial estuvo publicando mucho tiempo un índice sobre la facilidad de hacer negocios (Doing Business) que era muy interesante. Pero la corrupción adherida a este tipo de organismos acabó afectando al índice, y se dejó de elaborar.

Dos instituciones, una pública y la otra privada, han elaborado sendos índices que intentan apreciar, en su conjunto, la calidad institucional de nuestro país: el Banco de España y el Instituto Juan de Mariana. En ambos casos lo que han hecho es ponderar otros índices, de modo que el BdE y el IJM han elaborado sendos indicadores sintéticos de varios indicadores sintéticos. El órgano regulador, en su informe anual, incluye un apartado sobre calidad institucional en el que recoge y pondera una decena larga de indicadores de distinta laya, procedentes sobre todo del Worldwide Governance Indicators, la capacidad extractiva del Estado según Hanson y Sigman, la libertad económica o Varieties of Democracy, entre otros.

Los redactores del informe elaboran, en realidad, dos indicadores, aunque muy parecidos: IND1 y IND2. Y comparan a España con otros países, y a todos con su situación en el período 2000-2010 y en el período 2011-2021. Esta consideración de décadas, y no de años, por un lado puede dificultar la interpretación, pero por otra elimina el sesgo de que se elija sólo una fecha. Bien, pues comparando los dos períodos de los dos indicadores, y según el Banco de España, nuestro país está entre los que han ido a peor. En el IND1 es el quinto que más cae, y en el IND2 es el tercero.

Los redactores observan una relación entre la calidad institucional y la productividad. ¿Es una casualidad que la productividad, y por tanto los salarios, se hayan estancado dos décadas en España? Y concluyen que si “la calidad institucional en España alcanzara el mismo nivel que en Dinamarca de acuerdo con el indicador IND1, el crecimiento de la productividad en España en los cinco años siguientes podría aumentar un 5,5 % (si la calidad institucional fuera el único determinante de la productividad). Esto implicaría un aumento de la tasa media de crecimiento anual de la productividad total de los factores durante dicho período de 1,1 puntos porcentuales (pp)”.

Siguiendo esa estela, el Instituto Juan de Mariana ha elaborado su propio Índice de Seguridad Jurídica (ISJ), a partir de 16 indicadores. En su caso, ha optado por una ponderación igual. Los capítulos peor parados son los de inversión y laudos (3,5 sobre 10), corrupción (6,3), calidad regulatoria (6,4), efectividad institucional y derechos de propiedad, ambos con (6,5). El índice de democracia (8,1) es el único que tiene una valoración acorde con lo que debería ser un país como el nuestro. El índice general, con sus altos y bajos, ha descendido desde los 7,8 puntos de 2000 a los 6,5 de 2023; notablemente por debajo de los 7,2 puntos que, de media, tiene la UE.

Ha habido dos momentos de gran deterioro en ese índice: la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero y 2023, último año para el que hay datos. Cuando el IJM actualice este informe en 2027, vamos a ver cómo en 2025 se rompe la tabla por debajo, y muy probablemente pensaremos que se queda corto, vista la situación del año electoral. Pero la época de gobierno del PP, con Mariano Rajoy, es de profundización en ese deterioro; no lo perdamos de vista.

Más allá de los datos y de cómo se calibra un deterioro que es evidente a ojos vista, lo que me planteo es cómo es posible. No es Pedro Sanchez, que también. No fue Mariano Rajoy, que lo mismo. No fue Rodríguez Zapatero, que otro tanto. Ni José María Aznar, que en la segunda legislatura, en que iba a reforzar la democracia española comienza a observar este deterioro. Son todos ellos y, diablos, somos todos nosotros. Vemos que nuestro barco hace aguas, que zozobra, que comienza a hundirse, y parece que nos estemos preguntando si el agua estará muy fría.

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