Ludwig Brühl es responsable de comunicación de ADF International, una organización jurídica sin ánimo de lucro que crea alianzas y se centra en la libertad de expresión, la vida, la familia y la libertad religiosa. ADF International trabaja en diversas instituciones y tribunales internacionales y está presente en Bruselas (instituciones de la UE), Estrasburgo (CdE y TEDH), Nueva York (sede de la ONU), Ginebra (Consejo de Derechos Humanos de la ONU), Viena (OSCE), Sudamérica (Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión de Derechos Humanos), además de contar con oficinas en Londres y Washington DC.
¿Qué es ADF International y cuáles son sus objetivos?
ADF International es una organización religiosa de defensa legal que protege las libertades fundamentales y promueve la dignidad inherente de todas las personas. Nuestro objetivo es lograr cambios significativos en la legislación y la cultura de todo el mundo para que prevalezca la libertad religiosa, todos puedan expresarse libremente, se garanticen los derechos de los padres, se salvaguarde la vida y se protejan el matrimonio y la familia.
Uno de sus objetivos es la libertad religiosa, pero vemos que en países como Nigeria los cristianos son asesinados por su fe ante la indiferencia de los medios de comunicación. ¿Qué se puede hacer para presionar a los organismos internacionales para que actúen?
La indiferencia de los medios de comunicación ante la persecución religiosa es realmente lamentable. Lo que necesitamos es que los particulares, las ONG y otras organizaciones, así como los propios gobiernos, redoblen sus esfuerzos para defender a los perseguidos en todo el mundo. A través de nuestra labor de defensa en las instituciones internacionales, nos dirigimos a los más altos niveles de la ley y la gobernanza, y esperamos así influir en el cambio en todo el mundo. Por ejemplo, gracias a nuestro estatus consultivo en las Naciones Unidas, nuestro equipo de defensores en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra tiene voz en este organismo intergubernamental formado por 47 Estados, responsable de la promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo.
Debemos tener claro que las mismas corrientes que subyacen a la “cultura de la cancelación” en Occidente se manifiestan a menudo como una severa censura, que puede incluso llevar aparejada una condena a muerte, en otras partes del mundo
Con frecuencia hacemos aportaciones al proceso del Examen Periódico Universal, que obliga a los países a rendir cuentas de sus compromisos en materia de derechos humanos. Canalizamos este mecanismo para señalar problemas urgentes de libertad religiosa y ofrecer soluciones basadas en el derecho internacional. También nos acreditamos ante la Comisión y el Parlamento Europeos y participamos en la Plataforma de Derechos Fundamentales de la UE para reforzar su labor en materia de libertad religiosa. Suele ocurrir que si los gobiernos se preocupan, los medios de comunicación se preocupan y viceversa. De este modo se presionan mutuamente, exigiendo y consiguiendo cambios.
Actualmente defienden a Yahaya Sharif-Aminu, músico condenado a muerte en el estado de Kano (Nigeria) en virtud de la ley contra la blasfemia. Yahaya está a la espera de un nuevo juicio, pero su objetivo es que la ley sobre la blasfemia sea declarada inconstitucional. ¿Es esto posible?
La historia de Yahaya dista mucho de ser un incidente aislado. La criminalización de la blasfemia en Nigeria conlleva peligrosas implicaciones para el país en su conjunto. En un país de más de 200 millones de habitantes, divididos casi a partes iguales entre cristianos y musulmanes, las leyes sobre la blasfemia son un motor fundamental de las tensiones sociales. Estas leyes castigan a los inocentes por expresar sus creencias, silencian a las personas para que no compartan su fe y perpetúan la violencia social.
El caso de Yahaya puede sentar precedente en la medida en que tiene el potencial de anular las leyes contra la blasfemia que amenazan los derechos de todas las minorías religiosas de Nigeria, y en particular de los cristianos. Esperamos que el Tribunal Supremo declare finalmente que las leyes sobre la blasfemia son inconstitucionales y violan directamente el derecho internacional de los derechos humanos. 71 de los 195 países del mundo tienen leyes contra la blasfemia. En varios de estos países, las violaciones de estas leyes pueden castigarse con penas de prisión o incluso con la muerte. Nigeria tiene una voz influyente en toda África y en el mundo musulmán: esta es una oportunidad para liderar el camino hacia la abolición de las leyes draconianas contra la blasfemia que generan profundas violaciones de los derechos humanos en todo el mundo.
Un caso que sólo puede calificarse de orwelliano fue la detención de Isabel Vaughan-Spruce en Birmingham por rezar en silencio frente a una clínica abortista. Poco después, el padre Sean Gough fue detenido por los mismos cargos. Ambos han sido absueltos, pero ¿no nos estamos acercando cada vez más al “crimental” descrito por Orwell en su novela “1984”?
En efecto. Es extremadamente preocupante que Isabel Vaughan-Spruce y el padre Sean Gough fueran detenidos únicamente por el contenido de sus pensamientos. La oración silenciosa es posiblemente la acción interna más privada que uno puede manifestar. En una sociedad libre y justa, todo el mundo se siente a veces incómodo cuando se enfrenta a un pensamiento o idea diferente. Parte de la defensa de este tipo de sociedad es permitir una verdadera diversidad de opiniones en la plaza pública. Aunque a alguien le parezca desagradable la idea de rezar en silencio frente a un centro abortista, eso no significa que esté bien detener y restringir los derechos y libertades de los demás. Tengamos en cuenta que un manifestante por el clima que estuviera junto a Isabel o el padre Sean no habría sido detenido.
Isabel fue detenida por la naturaleza de sus pensamientos. Por eso las zonas de censura (las llamadas “zonas tapón”) son tan peligrosas. El acoso ya es ilegal en el Reino Unido. Las zonas de censura no acaban de prohibir el acoso. Lo que hacen es prohibir otras formas de comportamiento que son totalmente legales y están protegidas por la legislación de derechos humanos en virtud de la libertad de expresión, pensamiento y reunión, incluidas las ofertas vitales de ayuda a las mujeres. La ley debería ser capaz de diferenciar entre la oración silenciosa y sin pretensiones y las ofertas caritativas de ayuda y el acoso y la intimidación criminales. Las zonas de censura mezclan todo esto, llevando el umbral de criminalidad a un nivel inadmisiblemente bajo para una sociedad libre.
En las dictaduras, como la URSS, los delitos políticos se definían de forma exagerada y pomposa. En este sentido, quería preguntarle por el caso del diputado mexicano Gabriel Quadri, que ha sido calificado de “violador político de mujeres”.
Sí, el caso de Gabriel Quadri es enormemente preocupante. El excandidato presidencial y actual diputado en México ha sido condenado como “violador político contra las mujeres” por expresar su preocupación por el hecho de que hombres que se identifican como mujeres hayan ocupado espacios en el Congreso reservados para mujeres. Desde 2019, México cuenta con una ley que exige una representación del 50/50 de hombres y mujeres en el Congreso. En las elecciones de 2021, dos escaños del Congreso asignados a mujeres fueron entregados a hombres que se identifican como mujeres. El Sr. Quadri tuiteó sobre los escaños en el Congreso, señalando que es una injusticia que los hombres se aprovechen de la ley para acceder a puestos políticos designados para mujeres. Los tuits se referían en general a cuestiones relacionadas con la “ideología trans”, no contenían lenguaje soez, no nombraban a ninguna persona en particular y no constituían en modo alguno una incitación a la violencia. Pero por defender las oportunidades de las mujeres, ahora podría sufrir atroces consecuencias personales y profesionales.
El máximo tribunal electoral de México dictaminó que las declaraciones realizadas por Quadri en Twitter sobre la situación son discriminatorias, y le ordenó borrar sus tuits, emitir una disculpa pública obligatoria y ser registrado como infractor político por motivos de género, medidas de censura que infringen claramente sus derechos civiles y políticos como ciudadano mexicano y vulneran su derecho humano internacional a la libertad de expresión. En resumen, Quadri ha sido condenado como autor de “violencia política de género” sobre la única base de sus Tweets no violentos. Habiendo agotado sus opciones de justicia en México, Quadri está llevando su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el apoyo de ADF International. En una sociedad libre no hay lugar para castigar a personas que comparten sus opiniones pacíficas y honestas sobre las cuestiones importantes de nuestro tiempo.
Lo que le ha ocurrido a Quadri se está convirtiendo en algo habitual en México hoy en día. Es una consecuencia inevitable de las problemáticas leyes mexicanas, que crean una cultura de violencia y discriminación. Al procesar y sancionar a Quadri por plantear un asunto de interés público en Twitter, el Estado mexicano está cerrando la posibilidad de mantener conversaciones críticas sobre cuestiones que afectan profundamente a los derechos de las mujeres y a toda la sociedad. Los organismos internacionales han pedido reiteradamente a México que corrija su enfoque de la libertad de expresión. (Véase Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Resolución del Parlamento Europeo, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos). Pero estas cosas no sólo ocurren en México. Estamos asistiendo a una tendencia mundial a silenciar determinados tipos de discurso que afectan a las cuestiones fundamentales de la existencia humana; tomemos como ejemplo a la parlamentaria finlandesa Päivi Räsanen, que lleva muchos años en el Parlamento, acusada de “incitación al odio” por publicar escrituras en Twitter. Fue juzgada por el fiscal del Estado por “agitación étnica”, que conlleva una pena máxima potencial de dos años de prisión, por cuestionar el patrocinio oficial de su propia iglesia del evento LGTB ‘Orgullo 2019’, acompañado de una imagen de un texto bíblico.
Así que sí, este tipo de comentarios y preguntas reciben una respuesta desproporcionada por parte de las autoridades que pretenden censurar cierto tipo de discursos.
Una censura cada vez más común y de la que la cultura de la cancelación es el mejor ejemplo. ¿Podemos hacer frente a la cultura de la anulación?
Es imperativo que nos fortifiquemos contra la cancelación negándonos pacíficamente a retroceder en el debate. Todo el mundo tiene derecho a vivir de acuerdo con sus convicciones, y esto incluye el derecho a expresar nuestras creencias. Es crucial que toda persona con convicciones trabaje para proteger y preservar este derecho frente a la amenaza de la cultura de la cancelación, y que nos unamos a quienes son “cancelados” por expresar pacíficamente sus opiniones. También debemos tener claro que las mismas corrientes que subyacen a la “cultura de la cancelación” en Occidente se manifiestan a menudo como una severa censura, que puede incluso llevar aparejada una condena a muerte, en otras partes del mundo. Debemos resistirnos con firmeza a la censura en todas sus formas, sabiendo lo grave que puede llegar a ser cuando permitimos que el gobierno determine lo que podemos y no podemos decir.
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