El Tribunal Constitucional ha decidido con su borrado de los delitos de malversación del ‘caso ERE’ que, si un político o un grupo de políticos incurren en delitos en el ejercicio de sus funciones, no pueden ser juzgados porque eso implica interferir en las competencias propias de la institución a la que presuntamente sirven. De esta forma, el Constitucional no sólo absuelve a delincuentes con sentencias firmes, también acusa al Tribunal Supremo de no respetar la separación de poderes, dando así legitimidad a quienes acusan a los jueces de lawfaer. No tenemos un Tribunal Constitucional, tenemos un conciliábulo de servidores del poder. Hay que reformarlo, hacerlo desaparecer y trasladar sus competencias a una sala especial del Tribunal Supremo.
PODCAST José Luis González Quirós, analista político, y Javier Benegas, editor de Disidentia.
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Este Tribunal Constitucional debe desaparecer
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