Pedro Sánchez salió del hemiciclo del Parlamento Europeo con el eco de unos ladridos. Entre el estupor y la risa, los parlamentarios se miraban unos a otros al oír al can. Alguien con menos fe en las casualidades será capaz de ver en ello una especie de señal procedente de una oscura fuerza. Nuestro “Perro” Sánchez respondido por un congénere, ha dicho más de uno creyéndose ingenioso.
No deja de ser una anécdota. Nos aferramos a ella por no tener que entrar en las categorías, como por ejemplo la categoría “cara dura”. Sánchez se pensó que Estrasburgo era como la Carrera de San Jerónimo. Manfred Weber, que no es cualquiera en el concierto de la política europea, le preguntó por el acuerdo que firmó el Partido Socialista (Obrero) (Español) con Junts, que prevé la creación de comisiones de investigación (léase acoso) de los jueces que osen aplicar la ley vigente a los políticos que forman parte del acuerdo político gobernante.
La acusación que subyace al término «lawfare» tiene una ambigüedad que es la que lo hace efectivo, especialmente entre quienes carecen de una fibra democrática, o moral
Sánchez le trató como si Weber fuera un Feijóo, un Abascal. No negó la mayor, pero le dijo que no se fiara de lo que le dice el PP español. Y le tiró a los nazis a la cara. Weber respondió in situ, en un momento en el que Sánchez ofrecía ya a los europarlamentarios la espalda, y lo que no es la espalda, bajo el quicio de la puerta. Y lo ha vuelto a hacer hoy, en una entrevista concedida a Carlos Segovia: “Lo que ha hecho Pedro Sánchez en el debate lo descalifica para cualquier cargo europeo internacional en el futuro”.
La vida más allá de Moncloa se está haciendo cada vez menos interesante. Lo de presidir la OTAN nunca tuvo muchos visos de producirse. De Europa, dice el político más importante de Alemania, o de los más importantes, que se olvide. Pero siempre le queda el Grupo de Puebla.
Y tendría sentido. Porque Weber le estaba preguntando por la inclusión del lawfare en el acuerdo con Junts. Y el concepto tiene mucha importancia en el Grupo de Puebla, como ahora veremos.
Lawfare (no se pronuncia laufer, sino algo más parecido a loofer) es un término creado a imitación de la palabra warfare (guerra), a la que se sustituye war por law (ley, o derecho). Aunque su acuñación es de los años 70’, se empieza a utilizar tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entonces, una de las respuestas de la Administración Bush contra el terrorismo fue lanzar una campaña de carácter legal: lawfare. Pero no tenía el sentido que se le da actualmente de actuar contra los políticos por medios legales sino, al contrario, el de lograr que el Derecho amparase todos los desmanes que se llevaron a cabo desde el ámbito de la política contra los miembros, reales o presuntos, de organizaciones terroristas.
José Luis Martí, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, hace un repaso histórico del uso del término, cuenta esas circunstancias. Pero las palabras son como vasos, que mientras no se fijen pueden acoger con la misma forma diversos contenidos. De modo que lawfare va mutando su significado una y otra vez. Por ejemplo, dice que “el lawfare internacional se refiere sin duda al abuso de los instrumentos jurídicos internacionales, a la tergiversación o traición de sus principios, pero también, paradójicamente, a los pleitos entre países en el contexto de conflictos que de otro modo podrían haberse resuelto por la vía armada”.
Pero no quiere centrarse en el uso en el Derecho internacional, sino en el nacional. Y aquí nos tenemos que desplazar a la parte del mundo que se encuentra al sur de Río Grande. Aquí se ha hecho un uso crecientemente intenso del término lawfare, pero con otro significado, que es el que enlaza con nuestro Pedro Sánchez. Así, el lawfare sería el uso torticero de los mecanismos de la justicia para lograr por otros medios lo que no se ha logrado en las urnas. O, en términos más amplios, para hacer política.
La acusación que subyace al término tiene una ambigüedad que es la que lo hace efectivo, especialmente entre quienes carecen de una fibra democrática, o moral. Pues en un Estado de Derecho todo se somete a la Ley. Y las actuaciones de los políticos no menos que las de los ciudadanos. Cualquier ciudadano, asociación o corporación tiene el derecho de actual legalmente contra un político, si considera que ha violado la ley. El sistema judicial tiene que someter a consideración la acusación, y eventualmente iniciar un proceso. Y éste debe desarrollarse con todas las garantías, y con independencia y ecuanimidad.
El juicio puede ser fallido por varios motivos, y el sistema tiene sus propios automatismos para reducir la incidencia del error. Pero una cuestión es denunciar el fallo del sistema judicial y otra proclamar que la política debe quedar al margen de la ley, que es la conclusión que se ha sacado en el ámbito del Grupo de Puebla. En España, al menos, a la pretensión de que los políticos no tengan que responder en los tribunales, se le ha llamado lucha contra la “judicialización de la política”.
De fondo de esta acusación, junto con el infinito deseo de liberar a los poderosos de tener que responder por sus desmanes, hay una brutal ideología positivista. Los políticos hacen la ley (positivismo: el Derecho está completamente deslindado de la moral, y sólo necesita cumplir un conjunto de requisitos para considerarse como tal). Si los políticos pueden crear la ley, no tiene sentido utilizarla contra ellos, pues podrían volver a crear un nuevo Derecho. Además, son representantes del pueblo y no hay nada por encima del principio democrático. Someter a la ley a los políticos supone poner un freno a la democracia.
El Grupo de Puebla es el foro que con más ahínco defiende la democracia; siempre que entendamos democracia como el ejercicio del poder, sin límites, de gobiernos de izquierdas. Por eso ha abrazado la idea del lawfare. El funcionamiento del Estado de Derecho (lawfare) es un obstáculo para la democracia, tal como se conceptúa en el Grupo de Puebla.
Vamonos al III Foro Mundial de Derechos Humanos (sic) organizado por el Foro de Puebla, y que tuvo lugar el 22 de marzo de este mismo año, en el Centro Cultural Kirchner (no reírse), de Argentina. En ese foro hubo una mesa redonda bajo el nombre “Desafío de las democracias frente a la utilización de la justicia como arma política”. Ahí estaba nuestro ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, junto con otros héroes democráticos, como Cristina Kirchner, Evo Morales, o Rafael Correa.
Desde el Grupo de Puebla se denuncia el recurso a la “guerra jurídica” desde hace años. En 2019 en Ecuador. En 2020, en Bolivia. En 2021 en Paraguay… Forma parte de su pobre arsenal discursivo, y siempre con el mismo sentido: la ley no debe actuar contra los políticos de izquierdas.
El pasado mes de noviembre, en la web del Grupo de Puebla, y haciendo suya la ideología detrás del término lawfare, escribió un artículo nada menos que Baltasar Garzón. No deja de ser estupefaciente. El abogado, que fue candidato del PSOE con el número 2 por Madrid sólo por detrás de Felipe González, fue condenado en firme por prevaricación en una causa contra la corrupción del Partido Popular.
El prevaricador, en el contexto de la aprobación de la Ley de Amnistía, acusa a otros jueces, sin citarlos, de prevaricación por motivos políticos. Dice:
Lo que sí se percibe en algunos componentes del sector judicial es es un alineamiento político con la estrategia del PP y VOX para entorpecer la investidura de Sánchez; y, respecto a la amnistía, su ataque exterior en instituciones europeas, incluso antes de que se convierta en ley en España. Esto sí es lawfare y verdadera subversión del Estado de derecho.
Baltasar Garzón termina el artículo diciendo: “Puedo hablar con conocimiento de causa”. Y es cierto.
Foto: European Union.
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