Tractor Supply, una cadena de supermercados rival de Home Depot, anunció el pasado junio que eliminaba todos los trabajos dedicados al cumplimiento de la diversidad, equidad e inclusión (DEI). Retira de los objetivos de la empresa todos los que estaban vinculados con DEI, y dejará de financiar festivales de orgullo LGTB. Esta decisión es la reacción a un comentario crítico con tales políticas de la empresa, vertido por Robby Starbuck, un activista conservador.
No es la única empresa que ha adoptado el mismo camino. John Deere, otra compañía vinculada a la América menos urbanita, también ha dejado de lado la política DEI. Harley Davidson, Lowe’s o Coors siguen el mismo camino. Otras empresas han anunciado que retiran su apoyo a tales políticas, sin abandonarlas por completo. Entre ellas hay compañías muy conocidas, y de una gran importancia, como son Caterpillar, Boeing o Ford.
Entre las políticas de la nueva Administración, estarán: prohibir la formación sobre diversidad en la administración federal y restringir las iniciativas de DEI de los empleadores privados, centrándose, entre otros, en los contratistas federales
Esta situación era ya bastante significativa, antes de que se produjera una nueva noticia en este sentido. Según The Wall Street Journal, Walmart ha decidido abandonar la política DEI. No es cualquier cosa: Walmart es la primera empresa del mundo por ingresos. Y no tenía poca vinculación con las políticas de diversidad, equidad e inclusión.
Walmart se había entregado a la servidumbre voluntaria del DEI gracias al operador Human Rights Campaing. Ya sabemos que si uno quiere luchar contra todos los derechos propios de la persona, más o menos reconocidos en las sociedades aún parcialmente libres, lo que tiene que hacer es crear una organización que lleve en su nombre “derechos humanos”. Walmart regaba con dinero a Human Rights Campaing, una especie de Standard & Poor’s del wokeismo, que a su vez reconocía a la empresa distribuidora con las máximas calificaciones DEI. Este mismo año en el que ha anunciado la defección, Walmart había financiado la cena anual de Human Rights Campaign.
Una decisión así no se toma a la ligera. Es una cuestión estratégica, y la decisión tiene que estar a la misma altura. ¿Por qué caen estas empresas en estos delitos de leso wokeismo? Para empezar es una política cara. Exige detraer muchos recursos, en tiempo de los empleados y en la creación de nuevos puestos laborales, para dedicarlos a unos fines que proceden del ámbito político, y no de las necesidades de la empresa. Por otro lado, si las actividades no crean valor, son una amenaza para los trabajadores, pues hace la empresa menos competitiva. No todos los empleados serán ciegos ante este hecho. La cultura woke tiene que ser muy fuerte dentro de la empresa para poder sortear el peligro de la división interna.
Daniel Cameron, que escribe para el WSJ, dice sobre la decisión de Walmart: “La decisión (de no seguir sometiéndose a los estándares de Human Rights Campaign) es una decisión empresarial inteligente. Walmart está creando valor en el mercado para sus clientes y accionistas sin dejar de ser un gran empleador y un buen ciudadano corporativo. La única diferencia es que se aleja de la ideología partidista”.
Sin estar muy metido en el ámbito empresarial, es difícil valorar el distinto peso que pueden tener los motivos que hay detrás de esta ola, quizás ya no muy pequeña, de decisiones. Las necesidades internas de la empresa, la presión de los accionistas, el cansancio de los clientes, el descrédito creciente que obtienen las políticas DEI… es difícil calibrar su peso relativo.
Seguro que también están ayudando un par de elementos añadidos. Por un lado, estamos a la espera de que arranque una nueva Administración. Aunque la mayoría de estas decisiones son anteriores a las elecciones presidenciales. Por otro, en el ámbito del Derecho parece que la discriminación en nombre de la antidiscriminación no pisa un terreno firme.
Ha resultado ser muy importante la decisión Fair Admissions v. Harvard, que anuló las políticas de admisión de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte basadas en criterios raciales. Pero, por otro lado, y más recientemente, la decisión Muldrow v. City of St. Louis puede dar alas a nuevas demandas por discriminación, pues rebaja de “significativo” a “alguno” el perjuicio que puede alegar un empleado a la hora de denunciar a la empresa.
Lo que sí tiene un sentido claro es la política que se va a imponer después del próximo 6 de enero. Entre las políticas de la nueva Administración, estarán: prohibir la formación sobre diversidad en la administración federal. Restringir las iniciativas de DEI de los empleadores privados, centrándose, entre otros, en los contratistas federales. Investigación de los programas DEI por parte del Departamento de Justicia. Impugnar las prácticas universitarias.
Posible anulación de los requisitos del plan de acción afirmativa de la OFCCP para los contratistas federales. Y restricción de los visados H1-B y otros programas de contratación de inmigrantes.
Pero lo más importante no es tanto la materialidad de esas medidas como el espíritu contrario a la discriminación legal que llega con el nuevo equipo de gobierno.
Foto: Mercedes Mehling.
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