El próximo domingo 16 de noviembre, Chile elegirá a su nuevo presidente, además de renovar la Cámara de Diputados y el Senado. Ocho candidatos competirán por suceder al actual mandatario Gabriel Boric, pero la verdadera disputa se concentra en tres nombres: Jeannette Jara, del Partido Comunista y representante del oficialismo de izquierda; José Antonio Kast, del Partido Republicano, abanderado de la derecha; y Evelyn Matthei, de la Unión Demócrata Independiente, representante de la centroderecha. En cuarto lugar, con un crecimiento sostenido, figura Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, quien encarna una nueva derecha chilena influenciada por el fenómeno de Javier Milei en Argentina. De acuerdo con la encuesta de Agenda Criteria publicada el 12 de octubre, Jara y Kast aparecen empatados con un 26% de apoyo cada uno. Sin embargo, en un eventual balotaje, el candidato republicano obtendría ventaja y se quedaría con la presidencia. Los datos confirman una transformación política profunda: quienes se identificaban con la derecha en 2021 representaban solo el 18%, mientras que hoy alcanzan el 38%, un salto notable en apenas cuatro años. La izquierda, en cambio, ha retrocedido siete puntos, quedando en torno al 19%. En las mediciones más recientes, Jara se mantiene con un 28%, Kast con 23%, Matthei con 14% y Kaiser con 11%.
El electorado chileno se ha derechizado sumando juntos 53% de las preferencias, según Criteria
El panorama es claro: el electorado chileno se ha derechizado sumando juntos 53% de las preferencias, según Criteria. El cambio también se explica por el profundo desgaste del gobierno de Boric, cuya gestión registra el rechazo de dos tercios de la población. Esa tendencia podría reflejarse también en el Congreso: las proyecciones anticipan que la mayoría de los escaños tanto en la Cámara como en el Senado quedarán en manos de los partidos de derecha. Todo indica que el Partido Republicano presidirá la Cámara de Diputados, salvo que la coalición Chile Vamos —centroderecha— logre imponerse. Por parte de la izquierda, aunque en retroceso, el Frente Amplio se mantendría como su principal fuerza parlamentaria.
La apuesta comunista: Jeannette Jara y su proyecto de país
Por primera vez en la historia de Chile, una candidata del Partido Comunista competirá por la presidencia de la República. Jeannette Jara, ministra del Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric, encarna el intento del comunismo chileno de dar el salto definitivo desde la coalición oficialista hacia el poder ejecutivo. Fiel a una doctrina que no se fundamenta en el diálogo ni en la pluralidad, sino en la noción de conflicto social permanente, divide a la sociedad entre “explotadores y explotados”. El senador comunista Daniel Núñez lo expresó sin rodeos: “Nosotros interpretamos la sociedad —y espero que nadie se escandalice— desde el marxismo”. Con una clara lealtad a los principios ideológicos del marxismo-leninismo, Jara considera a la dictadura cubana una democracia superior. Numerosos antecedentes apuntan a que el PC habría recibido apoyo financiero y militar de los regímenes castro-chavistas, y que miembros de su militancia fueron entrenados por las FARC. En este contexto, la candidatura de Jeannette Jara representa mucho más que una opción política: plantea una visión de país donde el Estado controla la economía y la sociedad bajo el pretexto de la justicia social. En su programa presidencial propone un salario vital de 750 mil pesos, en un escenario con más de 900 mil personas desempleadas, y la creación de un impuesto a los “súper ricos”, y más gasto público. Sin embargo, estas medidas pueden ahuyentar la inversión, frenar la productividad y ampliar el déficit fiscal.
Cuando el género se vuelve más importante que la capacidad, y se cierra la puerta a los verdaderos talentos, la justicia se convierte en una simulación estadística
El proyecto que promueve Jara se presenta como progresista, feminista y regionalista: defiende la ampliación de «los derechos sexuales y reproductivos», la educación sexual integral, la inclusión de la diversidad sexual en las políticas públicas y la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. Asimismo, propone políticas de paridad en cargos públicos y participación política femenina como un avance hacia la igualdad, reemplazando el mérito y el esfuerzo – los valores que realmente impulsan el progreso – por el simple cumplimiento de cuotas. Cuando el género se vuelve más importante que la capacidad, y se cierra la puerta a los verdaderos talentos, la justicia se convierte en una simulación estadística. La candidata Jara también incluye en su programa el enfoque de género que es contrario a la igualdad ante la ley; escaños reservados para pueblos indígenas y derecho a voto a los 16 años; propuestas que proceden de la fallida Convención Constitucional de 2022, rechazada por un 62% de los chilenos.
En temas de seguridad y migración, la candidata evita posiciones firmes: ha sostenido que la violencia en La Araucanía “tiene mucho que ver con la pobreza rural y la falta de diálogo con los pueblos originarios”, y que la calificación de terrorismo “corresponde a los tribunales, no a los presidentes”. La izquierda chilena acoge entre sus eslóganes las reformas judiciales; el control de cárceles y las medidas efectivas de seguridad nacional, sin embargo, es la misma que apoya el flujo masivo de inmigración irregular y la que guiñe el ojo ante el crimen organizado dejando que campen a sus anchas con total impunidad. ¿Cuál es su solucionar a la crisis migratoria? Regularizar a más de 300 mil inmigrantes irregulares, medida que solo incentivaría y agravaría el problema de seguridad nacional. En materia ambiental, Jara plantea una transición verde acelerada en el marco de la Agenda 2030, con énfasis en la descarbonización y el desarrollo del hidrógeno verde, pero poco definida en el programa. Todo indica que Jara será una de las candidatas que pasará al balotaje del 14 de diciembre. La gran incógnita es quién la acompañará desde la derecha.
Evelyn Mattei: un centrismo cómodo para la izquierda
Evelyn Matthei, figura histórica de la derecha tradicional, actual alcaldesa de Providencia y por segunda vez candidata presidencial, ofrece un centrismo pragmático, de tonos conciliadores y promesas moderadas, que pretende atraer al votante indeciso. Sin embargo, esa postura se muestra cómoda, incluso funcional, a los intereses de la izquierda. Su centrismo la convierte en una figura aceptable para los sectores progresistas y tolerable para los conservadores, pero difícilmente inspiradora para quienes desean un cambio profundo. Matthei se ha caracterizado por sostener posiciones intermedias en temas sensibles.
Aunque ahora el mensaje de Matthei busca transmitir autoridad y decisión, muchos lo ven como una promesa difícil de cumplir y como parte del oportunismo electoral
Su programa también incluye un capítulo ambiental titulado “El cambio climático llegó: hagámonos cargo”, con metas ambiciosas como reducir las emisiones a la mitad para 2035 y alcanzar la carbono-neutralidad al 2050. Matthei resume su programa bajo tres conceptos: Orden, Progreso y Esperanza. Quiere reforzar la seguridad, controlar fronteras, fomentar la inversión y reducir burocracia. Entre sus promesas concretas destacan la creación de un millón de empleos, la construcción de nuevas cárceles, el fortalecimiento del control migratorio y la reducción del gasto público ineficiente mediante un sistema de Presupuesto Base Cero. En octubre de 2025, Matthei lanzó una de sus declaraciones más contundentes durante una visita a La Araucanía: “(…) vamos a recuperar La Araucanía en un año. En un año vamos a sacar a los diez grupos terroristas que están actuando acá, narcoterroristas. Vamos a tener todos los enfrentamientos que sean necesarios. Van a haber daños colaterales… pero los vamos a sacar”. En teoría, todo lo que el chileno de a pie quiere escuchar. Sin embargo, su pertenencia a un sector político que ha gobernado sin resolver los problemas estructurales del país genera desconfianza. Aunque ahora el mensaje de Matthei busca transmitir autoridad y decisión, muchos lo ven como una promesa difícil de cumplir y como parte del oportunismo electoral. La candidata del equilibrio… o del cálculo. En una época en que la ciudadanía demanda convicción y coherencia, su discurso puede interpretarse como una estrategia cómoda, no como una alternativa real.
José Antonio Kast: la derecha sin complejos
José Antonio Kast vuelve a escena como el rostro de una derecha que ya no busca pedir disculpas por serlo. El abogado y exdiputado, hoy líder del Partido Republicano, encarna la derecha más dura del espectro político chileno y capitaliza el descontento de quienes sienten que el oficialismo ha empeorado la situación del ciudadano común. Kast militó más de dos décadas en la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido del cual se alejó en 2016 denunciando su “pérdida de identidad”. Dos años después fundó el movimiento Acción Republicana, que en 2019 se transformó en el Partido Republicano de Chile. Desde entonces ha construido un proyecto de marcado conservadurismo moral, defensa de la propiedad privada, autoridad del Estado y soberanía nacional. Fue diputado entre 2002 y 2018, y candidato presidencial en 2017 y 2021. Su liderazgo, inicialmente subestimado, terminó por consolidar un bloque político con creciente peso electoral.
El electorado percibe debilidad en los partidos tradicionales, y busca una alternativa que rompa con décadas de política de acuerdos blandos y discursos edulcorados
El programa presidencial de Kast para 2025 está estructurado en torno a tres “emergencias”: seguridad, economía y emergencias sociales. El documento sintetiza su diagnóstico: Chile está atrapado por la inseguridad, la burocracia y la complacencia ideológica. Propone, por tanto, una intervención decidida en La Araucanía, región que —según sus palabras— “vive una situación de terrorismo frente a la cual el Estado se ha rendido”. Plantea reforzar la inteligencia, la tecnología y el despliegue de fuerzas armadas para “recuperar cada espacio del territorio”. En la misma línea, impulsa la iniciativa “Chile sin Vándalos”, que contempla un registro nacional denominado RUV (Rol Único de Vándalos) para identificar a quienes destruyen bienes públicos con sanciones efectivas y restricción de beneficios estatales. En materia migratoria, anuncia una política de tolerancia cero: tipificar la migración irregular como delito, facilitar expulsiones inmediatas y eliminar ayudas sociales para quienes se encuentren en situación ilegal. En economía, el candidato republicano propone un ajuste fiscal de seis mil millones de dólares en los primeros 18 meses de gobierno, mediante recorte del gasto mal asignado y una auditoría “escritorio por escritorio” del aparato estatal, y promete alcanzar un crecimiento del 4 % anual, impulsando inversión privada y reducción de trámites. En materia social, propone la construcción de 500.000 viviendas nuevas, declarar estado de emergencia sanitaria para resolver listas de espera en hospitales, y eliminar el sistema de “tómbola” en la educación pública, restaurando la libertad de elección y el mérito como criterio de admisión. En salud, educación y vivienda, el enfoque de Kast busca combinar gestión estatal eficiente con participación privada, alejándose del modelo estatista defendido por la izquierda. Rechaza la despenalización del aborto libre y mantiene su apoyo a las tres causales vigentes. En política exterior, ha mostrado simpatía por la primera ministra italiana Giorgia Meloni y defiende un modelo de soberanía nacional frente a la globalización ideológica.
Johannes Kaiser: la nueva derecha insurgente
Johannes Kaiser, diputado por el Distrito 10 de la Región Metropolitana, es la expresión más reciente y rupturista de la derecha chilena. Tras militar en el Partido Republicano y alinearse inicialmente con José Antonio Kast, Kaiser decidió en 2023 tomar un camino propio y en marzo de 2025 fundó el Partido Nacional Libertario (PNL), que desde entonces construye una propuesta que se autodefine como libertaria, reaccionaria y radical, distinta de la derecha tradicional, que según él ha perdido fuerza frente a la élite política y la burocracia de siempre.
Kaiser sostiene que el Estado chileno ha dejado de cumplir con su responsabilidad más básica: proteger y garantizar justicia para los ciudadanos. “Nos estamos convirtiendo en una narco-república”, ha dicho, acusando a las instituciones de colaborar con el crimen organizado, en lugar de combatirlo. Su propuesta contempla un control más estricto de las fronteras, la construcción de campamentos destinados a retener a inmigrantes en situación irregular hasta su salida del país y una participación activa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, configurando así una respuesta rápida y directa frente a la violencia y el desorden. En el plano económico, Kaiser propone reducir drásticamente el tamaño del Estado y su gasto, fusionando ministerios —de 25 a 9— y subsecretarías —de unas 40 a 18—, eliminando impuestos indirectos como las contribuciones a viviendas y simplificando trámites para estimular la inversión privada. Su proyecto apunta a un ajuste fiscal equivalente al 4,5–5 % del PIB, acompañado de una modernización de la administración pública y reducción de la burocracia. Busca, en palabras propias, un Estado que haga menos, pero haga mejor, con menor interferencia en la vida económica y social de los ciudadanos. En educación y cultura, Kaiser defiende la libertad de elección de los padres, promoviendo un modelo de “voucher”, mientras que en salud y política social propone priorizar la maternidad, con la ambiciosa idea de convertir a Chile en “el mejor país del mundo para ser mamá”. Su discurso también enfatiza la defensa de la civilización occidental cristiana frente a lo que considera imposición de ideologías progresistas extranjeras, posicionándose como un baluarte contra la ideología de género y la agenda progresista.
Aunque comparte varias ideas con José Antonio Kast, Kaiser adopta un tono más radical y menos dispuesto al consenso o al gradualismo que caracteriza a la derecha tradicional. Según Kaiser, “lo que está tratando de hacer el Partido Republicano es diferenciarse nuevamente de Chile Vamos, pero, en la práctica, cuando se trata de ir por la definición en el poder, se alinea con Chile Vamos y se alinea con políticas blandas”. Su candidatura encarna la impaciencia de un electorado que percibe debilidad en los partidos tradicionales, y busca una alternativa que rompa con décadas de política de acuerdos blandos y discursos edulcorados.
El legado de Boric y la amenaza de un gobierno comunista
Estas elecciones representan un momento crítico para la institucionalidad y gobernabilidad del país, frente a la crisis y el descontento acumulado en los últimos cinco años del gobierno de Boric, que llegó al poder gracias a las manifestaciones violentas del 2019. Diversos integrantes del actual gobierno tuvieron un rol activo en esas manifestaciones, alentando la destitución del presidente Piñera y justificando la violencia como una expresión de “desobediencia civil”. El llamado “estallido social” de octubre de 2019, que comenzó como una protesta contra el alza en la tarifa del metro, derivó rápidamente en violencia sin precedentes: 19 estaciones de metro fueron incendiadas y destruidas, 63 más sufrieron daños que requirieron reparación, y más de mil comercios, farmacias y oficinas fueron saqueados y vandalizados. La izquierda chilena, y en particular el Partido Comunista, celebró estas movilizaciones como “despertar social”. El estallido social, según algunos sectores de la derecha como Johannes Kaiser, fue en realidad una guerra híbrida para debilitar el Estado y legitimar la acción de grupos violentos. Las movilizaciones, para nada espontáneas, fueron organizadas por grupos criminales internos y externos para impulsar agendas ideológicas radicales, y derrumbar el gobierno de Piñera.
Bajo el mandato de Boric, varios casos de corrupción y mal manejo administrativo aumentaron la percepción de decadencia institucional
Una vez alcanzado su objetivo, las protestas llegaron a su fin y se dio inicio al gobierno de la izquierda, cuyos resultados fueron profundamente desoladores. Bajo el mandato de Boric, varios casos de corrupción y mal manejo administrativo aumentaron la percepción de decadencia institucional. Entre los más emblemáticos se encuentran el caso de los Convenios —desviación de aprox. 15 millones de dólares de fondos públicos a más de 30 fundaciones, el caso Monsalve y el de Sierra Bella, que evidenciaron la vulnerabilidad de la justicia ante injerencias políticas. Su administración elevó el presupuesto en un 36,6%, mientras el gasto ejecutado fluctuaba entre 90 y 100 %, reflejando improvisación y déficit de planificación. El aumento del funcionariado público —de 1.099.610 a 1.206.280 empleados— y el crecimiento del gasto del Estado generaron presión sobre la inversión privada y limitaron la capacidad de crecimiento económico. Además, se agravaron los problemas con la vivienda: entre 2022 y 2024 las chabolas urbanas aumentaron un 31,1 %, alcanzando más de 1.400 asentamientos informales a nivel nacional, con un déficit habitacional estimado en 750.000 viviendas. La inseguridad alcanzó niveles históricos: según la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana 2023, la percepción de inseguridad llegó al 90,6 %. El gobierno de Boric en vez de combatir el crimen organizado permitió campar a sus anchas a narcotraficantes y negó los actos terroristas en la Macrozona Sur. Además, de 109.846 migrantes irregulares en 2021, la cifra subió a 336.984 en 2025, lo que generó colapso en servicios básicos, comercio informal y aumento de la delincuencia. Recordemos que el actual presidente era el propulsor de esas políticas migratorias descontroladas afirmando que “la migración es un derecho humano” y que “ninguna persona es ilegal”.
Conclusiones
La percepción generalizada es que Chile está peor que antes de 2019: un 63% de la población considera que la situación del país ha empeorado, según encuestas recientes. El desafío para los votantes de 2025 es claro: optar entre la continuidad de políticas que han erosionado la seguridad, la estabilidad y la economía, o un cambio que priorice la gobernabilidad, el orden y la recuperación de la confianza en las instituciones. La derecha, en sus distintas expresiones, ofrece terminar con la impunidad, restaurar la ley y garantizar la protección de los ciudadanos.
Este es el momento de elegir liderazgos renovados, capaces de romper con la inercia de la vieja política
Este es el momento de elegir liderazgos renovados, capaces de romper con la inercia de la vieja política, con acción firme para estimular la inversión, generar empleo y fortalecer la seguridad. Los chilenos de bien —quienes rechazan la violencia y anhelan un país seguro — deben prepararse para tiempos difíciles. Es probable que la victoria electoral de la derecha provoque nuevas oleadas de ´´estallidos sociales´´ impulsados por sectores de la izquierda incapaces de aceptar la derrota. Intentarán revertir los resultados por vías democráticas o abiertamente ilegítimas, pacíficas o anárquicas, con tal de inclinar la balanza a su favor. Los chilenos no pueden ceder ante el desorden y la impunidad. En sus manos está elegir la justicia, la paz y el respeto por las instituciones. Hacer que se cumpla la ley y quienes dañan al país asuman las consecuencias. Una victoria de la derecha puede desatar disturbios de quienes no respetan el voto mayoritario, pero la respuesta debe ser institucional y contundente. Solo así Chile podrá avanzar con firmeza hacia un futuro de orden, libertad y verdadero progreso.
*** Marzena Kożyczkowska es investigadora hispanista, traductora, profesora y analista del mundo hispanohablante. Graduada en Filología Hispánica por la Universidad Ateneum de Gdańsk (Polonia), licenciada en Lenguas y Literaturas Modernas, está especializada en Estudios Hispánicos en la Università degli Studi di Palermo (Italia) y tiene el Máster en Estudios Hispánicos Superiores de la Universidad de La Rioja (España).
Foto: Felipe Brayner.
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