El 17 de agosto se celebró la primera vuelta de las elecciones bolivianas. Tras casi dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), su candidato Andrónico Rodríguez sufrió una derrota histórica al obtener apenas el 8% de los votos. El senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lideró los resultados con un 32%, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de Alianza Libre, con un 27%. En tercer lugar quedó el empresario liberal Samuel Doria Medina con un 20,2%.
Sin mayoría absoluta, la segunda vuelta, prevista para el 19 de octubre, definirá al nuevo presidente. Sin embargo, más allá de los resultados, la pregunta de fondo persiste: ¿es realmente el fin de la izquierda boliviana o solo una coreografía política disfrazada de renovación? El año electoral coincide con las celebraciones del bicentenario de la independencia, aunque Bolivia tiene poco que festejar. El país llega a esta fecha inmerso en una profunda crisis económica, institucional y social, fruto de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). Según Carlos Sánchez Berzaín, Bolivia conmemora “200 años de independencia sin soberanía ni democracia”, atrapada en un sistema transnacional del socialismo del siglo XXI, caracterizado por el control judicial y la persecución política. Este ensayo analiza el contexto histórico, la situación actual y el panorama electoral de Bolivia, un país marcado por la corrupción, el narcotráfico y la captura institucional que amenazan su democracia.
En Bolivia, como en Venezuela o Nicaragua, los ciudadanos terminan eligiendo entre candidatos del régimen y candidatos funcionales al régimen.” — Carlos Sánchez Berzaín
El inicio de la crisis
Para comprender la actual coyuntura es necesario retroceder al inicio de la crisis que aún afecta al país. El punto de quiebre se sitúa el 17 de octubre de 2003, con la llamada Guerra del Gas, un conflicto que derivó en un golpe de estado y la caída del gobierno de Sánchez de Losada, traicionado por Carlos Mesa, y marcó el inicio del ascenso del Movimiento al Socialismo. Con Evo Morales al frente, se empezó una transformación constitucional inspirada en el modelo venezolano, reemplazando la institucionalidad democrática por el castrochavismo que consolidó el poder de grupos políticos vinculados al crimen transnacional.
Durante esos años, el gobierno de Evo Morales aceleró el deterioro del Estado. Su liderazgo sindicalista desde el Trópico de Cochabamba permitió construir una estructura de poder basada en los cocaleros, quienes se convirtieron en soporte político y fuerza represiva. Un episodio relevante fue la Masacre de Cochabamba en 2007, un acto de violencia protagonizado por los cocaleros, donde un hombre llamado Christian Urresti perdió la vida. Durante su mandato, Bolivia se convirtió en el epicentro del narcotráfico regional. Bajo el discurso de la justicia social y la defensa indígena, se expandió el cultivo de coca —tanto legal como ilegal— Entre sus logros más notorios está el aumento de un 83% en los cultivos legales de coca, que pasaron de 12,000 a 22,000 hectáreas, y el incremento del cultivo de coca ilegal, que aumentó de 3,000 a 50,000 hectáreas. El denominado Cartel del Chapare involucró a funcionarios, militares y políticos, como René Sanabria, exjefe de la fuerza antinarcóticos, condenado por tráfico de drogas, y Juan Ramón Quintana, exministro acusado de vínculos con redes criminales. De acuerdo con un informe de la UNODC, más del 90% de la coca del Chapare carece de destino lícito.
Situación Actual
Bolivia enfrenta hoy un régimen camuflado de democracia, sin independencia de poderes ni garantías institucionales. Las estructuras de control creadas por el MAS han penetrado los espacios judiciales, legislativos y militares, extendiéndose incluso hacia sectores de oposición y organizaciones civiles. En este contexto, el crimen organizado y la corrupción estatal se entrelazan, erosionando toda posibilidad de elecciones libres. El panorama es alarmante: 239 presos políticos y más de 27.000 exiliados reflejan la profundidad de la crisis. Tal como apunta Hugo Marcelo Balderrama, el gobierno del MAS, para tapar el despilfarro de la corrupción, transfirió al sistema dictatorial el ahorro privado de los bolivianos, imprimió dinero generando una inflación de 40%, extendió la deuda externa con china llegando a 10 000 millones de dólares entregándoles recursos naturales a empresas extranjeras que están destrozando el ecosistema. Los más de veinte años de socialismo empobrecieron drásticamente al país secuestrando sectores estratégicos bajo el control del Estado sin generar riqueza. El poder se entregó a grupos ideologizados parasitarios —especialmente los sindicatos— que, lejos de contribuir al desarrollo, viven a costa del trabajo ajeno.
Tal como sostiene Jaime Dunn, el candidato proscrito, la solución para Bolivia no consiste únicamente en sacar del poder al MAS o resolver la crisis económica, sino en establecer un plan estructural de reconstrucción institucional. Jaime Dunn proponía un programa liberal de cambio estructural, enfocado en la seguridad jurídica, la defensa de la propiedad privada y un capitalismo popular que incorpore a las comunidades indígenas. Aunque sus ideas evocan ciertos paralelismos con el discurso de Javier Milei en Argentina, América Latina debería evitar copiar modelos ajenos. Cada nación tiene sus particularidades históricas, culturales y geográficas, y Bolivia no es la excepción. Por eso, cualquier intento de renovación debe adaptarse a su propia realidad y no depender de imitaciones externas.
Si se analizan los perfiles de los principales candidatos, se observa que Bolivia sigue anclada en el pasado. Varios candidatos opositores fueron descalificados mediante maniobras judiciales, como el caso de Jaime Dunn, proscrito bajo pretextos económicos para impedir su participación. Dunn fue eliminado del juego electoral por razones políticas, precisamente porque su popularidad crecía vertiginosamente, amenazando no solo a la izquierda sino también a la casta política de los partidos centristas que se protege mutuamente para conservar sus privilegios. Su exclusión muestra cómo el sistema político boliviano se blinda a sí mismo, impidiendo la entrada de nuevos liderazgos. A pesar de la derrota del MAS, su influencia persiste. Parte de su electorado votó nulo o se refugió en partidos supuestamente opositores infiltrados en otras fuerzas políticas. No es casual que Evo Morales y Luis Arce hayan aceptado la derrota con sospechosa serenidad: su poder se ha trasladado, no desaparecido.
Las Elecciones generales 2025
Los resultados del 17 de agosto marcaron un cambio superficial más que una ruptura real con el socialismo del s. XXI. El MAS, debilitado, conserva influencia a través de alianzas e infiltraciones dentro de otras fuerzas. Según Sánchez Berzaín, “en Bolivia, como en Venezuela o Nicaragua, los ciudadanos terminan eligiendo entre candidatos del régimen y candidatos funcionales al régimen”. Al no haber mayoría absoluta, la presidencia se disputará entre Rodrigo Paz Pereira – Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Jorge “Tuto” Quiroga – Alianza Libre. Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ex miembro del gobierno de la UDP en los años 80 que dejó al país con una hiperinflación del 27000%. Encabeza una opción populista bajo el programa Agenda 50/50, que propone redistribuir el poder entre el gobierno central y las autonomías. Según el programa electoral su propuesta se enfoca en la institucionalidad, digitalización, transparencia del sector público y políticas sociales inclusivas para sectores vulnerables —mujeres, ancianos, personas con discapacidad y colectivo LGBTI. Sin embargo, su discurso progresista oculta la presencia de figuras vinculadas al MAS, como su candidato a la vicepresidencia, Edman Lara, apoyado por sectores cocaleros. cuya postulación ha despertado sospechas de ser un posible trampolín para el regreso de Morales al poder. Según el líder cocalero, sus seguidores le dijeron: “Somos evistas, pero vamos a votar por Lara”. A su vez, “Tuto” Quiroga, el exmandatario encabeza una coalición heterogénea que combina partidos de izquierda y social-liberales. Su discurso “ni de izquierda ni de derecha” refleja un correctismo político y pragmatismo ideológico que muchos interpretan como continuidad del statu quo. Su plan de gobierno gira en torno a siete ejes: recuperación económica, digitalización, fortalecimiento democrático y reinserción internacional. Promete alinear su gestión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda autoritaria y progresista 2030. Su pasado político y alianzas lo vinculan a la misma élite que gobernó las últimas décadas. Así, ambos candidatos representan diferentes matices del mismo sistema: una oposición funcional, incapaz de desmantelar el entramado político-criminal consolidado por el MAS.
El análisis del escenario político boliviano revela una crisis estructural profunda. La pérdida de independencia de poderes, el control del órgano electoral, la existencia de cientos de presos políticos y la manipulación judicial muestran que la democracia sigue secuestrada por una élite que utiliza las urnas como mecanismo de legitimación, no de alternancia. Las elecciones de agosto y octubre de 2025 se desarrollan en un contexto sin garantías reales. Aunque el MAS haya sufrido un revés electoral, su aparato de poder continúa intacto. Los principales candidatos representan una oposición funcional al sistema, sin capacidad real de desmontar el entramado político-criminal consolidado en los últimos veinte años. La influencia extranjera de países como Cuba, Irán, China y Rusia, junto con el narcotráfico y la corrupción, refuerzan la dependencia del sistema castrochavista. Ante este panorama, la única vía hacia un cambio auténtico pasa por un liderazgo con legitimidad social, voluntad de ruptura y compromiso con la Constitución anterior a 2009, anulando las amnistías políticas y restaurando el Estado de derecho. Mientras tanto, la política boliviana continúa siendo una “fiesta de disfraces”, donde los programas electorales son meros papeles mojados y los partidos cambian de rostro, pero no de esencia: un espejo de una élite sin principios ni impunidad, movida por el dinero y poder.
*** Marzena Kożyczkowska es investigadora hispanista, traductora, profesora y analista del mundo hispanohablante. Graduada en Filología Hispánica por la Universidad Ateneum de Gdańsk (Polonia), licenciada en Lenguas y Literaturas Modernas, está especializada en Estudios Hispánicos en la Università degli Studi di Palermo (Italia) y tiene el Máster en Estudios Hispánicos Superiores de la Universidad de La Rioja (España).
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