La Cámara de los Comunes ha aprobado una regulación según la cual todos los empleados del servicio sanitario doméstico tienen que estar vacunados, si quieren trabajar en Gran Bretaña. La norma ha suscitado cierta polémica. El Partido Conservador, mayoritario en la Cámara Baja, se ha quejado de que el Gobierno le ha enviado la ley sin acompañarla de un informe que detalle sus previsibles efectos. Parece que los tories estén desviando la atención ante un asunto muy grave: con su voto han aprobado una norma que permite al Gobierno entrar en las venas de los ciudadanos. Pocas veces una intromisión del poder público llegó tan lejos.
El servicio sanitario doméstico es la punta de la aguja. Luego viene el resto de la varilla para inocular el socialismo en toda la economía. Tras ese sector, irá el resto. Las grandes empresas, como predijo Adam Smith, aunque por vericuetos más sutiles de los que llegó a imaginar, son la avanzadilla del Gobierno. Google y Facebook han seguido la política “jabs for jobs”: si quieres trabajar en ellas, tienes que vacunarte. El secretario de Estado para relaciones exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, ya ha dicho que esa es una “política inteligente”.
Aquí el individuo queda desprotegido. La soledad es causa de condena. La independencia es un crimen atroz. El pensamiento propio es una desviación. La libertad, un fallo moral, y la persona con carácter un candidato al ostracismo
Pero hay un elemento que podría arruinar la política del Gobierno de imponer la vacunación. El gabinete de abogados Lewis Silkin ha compartido con el diario The Telegraph su análisis jurídico al respecto, y considera que, por ejemplo, los veganos podrían quedar exentos de esa obligación.
Al leer la noticia me quedé como en aquella ocasión en que me ofrecieron una cerveza vegana, con la mirada llena de interrogantes. No es que las vacunas se hagan con trazas de animales, sino que las vacunas “inevitablemente habrán sido probadas sobre animales”. Imagino que si las vacunas se hicieran sin tener contacto alguno con otros seres vivos, los animales veganos quedarían conformes.
¿Por qué los veganos tienen derecho a no vacunarse, y los empleados del hogar no? El motivo, apunta la firma Lewis Silkin, es que los veganos han adquirido ante otro tribunal el carácter de ser un grupo con características protegidas. El veganismo ético es una creencia que adquiere un estatus privilegiado, el de formar parte de las filosofías o creencias que adquieren una protección especial sobre el resto.
El caso fue motivado por la denuncia de Jordi Calamitjana contra una organización de la que formaba parte: la Liga contra los Deportes Crueles (LACS, por sus siglas en inglés). Calamitjana dijo que el fondo de inversión de la LACS tenía participaciones en empresas que realizan pruebas con animales, y fue despedido por hacer esas denuncias. El tribunal hizo suyo el razonamiento del abogado del activista, Peter Daily, quien consideraba que el veganismo ético es “una creencia filosófica que sigue una proporción significativa de la población del Reino Unido, y del resto del mundo”. Así, según el juez, el veganismo ético cumplía los requisitos de la Ley de Igualdad de 2010 para ser una “creencia filosófica protegida”.
Una vez adquirido ese estatus privilegiado, los fieles del veganismo ético pueden obtener algunas ventajas que otros no poseen, como es la de quedar fuera de la obligación de vacunarse para obtener un empleo.
Gracias a la sentencia por el caso Calamitjana sabemos que los veganos éticos son legión, pero la activista Jeanette Rowley nos habla más bien de una centuria: ha recibido un centenar de solicitudes del grupo veganoético de sustraerse a la obligación de vacunarse. Y ofrece el argumento político-jurídico definitivo: “Están muy afectados psicológicamente”. Y precisa que esa aflicción mental es a causa del dilema de tener que elegir entre su trabajo y sus creencias, y no es anterior.
La Ley de Igualdad británica señala que no vale tener una mera opinión para poder alegar ante un tribunal poseer una “creencia filosófica” que obtenga un privilegio sobre el resto. Ha de ser coherente, seria, y aplicable a algún aspecto importante de la vida o del comportamiento humano. Lo cual no es mucho decir.
El resto de la ley oscurece, más que aclara, qué pensamientos merecen esa especial protección, y cuáles quedan desamparados. Pues, y no hay un ápice de ironía en ello, la ley prevé que no se podrá discriminar en tu contra si eres seguidor de una religión (o no lo eres), si tienes una creencia filosófica particular (o no la tienes), si alguien cree que eres de una religión o creencia particular (o cree que no las mantienes) o estás vinculado a alguien que tiene (o no) cualquiera de estas creencias.
Así expuesto, resulta difícil alegar que cualquier creencia es suficiente para lograr que ninguna ley o práctica privada resulte discriminatoria, o simplemente lesiva. Sabemos desde Aristóteles, que para eso fue el creador de la lógica, que A y no-A lo completan todo. De modo que si basta tener una fe o creencia, o no tenerla, esa condición la cumplimos todos. Incluso los anacoretas, iconoclastas, negacionistas de toda laya, gruñones y pasotas.
Pero por algún motivo, la lógica y las leyes ideológicas no acaban de casar. En realidad, me imagino que no todo vale. No me imagino a alguien diciendo que es un liberal clásico, de la estirpe de John Stuart Mill y otros, y que eso sea suficiente para rechazar el pinchazo.
Pues, en realidad, lo que ha de caracterizar a esas filosofías protegidas es que definan a un sector social que se considere relevante. No basta que sea una reflexión personal. Ni, por descontado, basta que el individuo diga que sólo él puede decidir sobre su cuerpo ¡como si fuera a abortar!
Aquí el individuo queda desprotegido. La soledad es causa de condena. La independencia es un crimen atroz. El pensamiento propio es una desviación. La libertad, un fallo moral, y la persona con carácter un candidato al ostracismo. O formas parte de un club aprobado por el discurso político, o a base de ser alguien, no eres nadie.
Foto: Sophia H. Gue.
