Honduras atraviesa uno de los momentos más convulsos de su historia reciente tras las elecciones generales del 30 de noviembre. En estos comicios, los ciudadanos elegían al próximo presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados, 298 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Las fallas en la herramienta de conteo han desatado una profunda crisis electoral que, a tres semanas de celebradas elecciones, mantiene al país en vilo. En estas circunstancias el Consejo Nacional Electoral activó un escrutinio especial que revisa acta por acta aquellas mesas que presentan inconsistencias, errores de transmisión o discrepancias con los registros originales. El proceso incluye la revisión de aprox. 2794 actas, más de 119000 votos nulos y fallos detectados en el sistema biométrico de validación de huellas. Esta decisión se tomó tras graves deficiencias del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, que provocó retrasos de hasta 60 horas en la divulgación de los datos oficiales. Aun así, con los resultados parciales disponibles, Nasry Asfura, del Partido Nacional, encabeza la votación con el 39,41%, seguido muy cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 38,01%. La candidata del partido gobernante Libre, Rixi Moncada, queda relegada con el 18,77% de los votos. Mientras tanto, la ciudadanía observa con expectativa el recuento especial de votos, que definirá al próximo presidente, en una disputa cerrada entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla.
Honduras atraviesa uno de los momentos más convulsos de su historia reciente tras las elecciones generales del 30 de noviembre
Recuento especial de votos
Estas irregularidades han sido rápidamente capitalizadas por la izquierda, que sufrió una derrota contundente en las urnas. En lugar de esperar los resultados del recuento especial, el oficialismo vuelve a recurrir a su libreto habitual: el desconocimiento de los resultados y el llamado a la movilización callejera. En la práctica, esto se traduce en vandalismo y destrucción de infraestructura pública, una estrategia que evidencia su rechazo sistemático a las formas democráticas. La presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zalaya han denunciado un supuesto “golpe electoral en curso”, acusando al sistema de recuento de manipulación y alegando injerencia de Estados Unidos a favor de Asfura. En este contexto resulta preocupante la postura de Salvador Nasralla, quien, hasta hace poco, parecía dejarse arrastrar por la narrativa de la izquierda. Si bien es legítimo exigir aclaraciones y denunciar fallas en el sistema de conteo, confluir en protestas junto a quienes abiertamente buscan desbordar el orden democrático es un error grave. Esa alianza circunstancial no beneficiaría al país; por el contrario, otorgaría el oxígeno al partido Libre y abre la puerta a un golpe de Estado encubierto bajo el discurso de la “defensa de la democracia”. Por su parte, las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea y la OEA, no han señalado irregularidades graves y han instado a respetar la voluntad popular: “Esperen los resultados oficiales y mantengan una vigilancia activa sobre los escrutinios en curso para asegurar que las fases finales del proceso se desarrollen conforma a la ley y reflejen la voluntad popular”. De la misma forma el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Héctor Valerio, declaró que no apoyará la petición del régimen socialista de anular elecciones: “reconoceremos y respaldaremos los resultados que exprese el CNE, emanados de la suma de 100% de las actas”.
El proceso hondureño también ha estado rodeado de tensiones internacionales. El parlamento denuncia la injerencia extranjera: “condenamos de manera absoluta la injerencia de Trump, quien amenazó y coaccionó a los ciudadanos hondureños alterando el libre ejercicio del sufragio, mediante declaraciones públicas realizadas 72 horas antes de las elecciones del 30 de noviembre”, indicó, el presidente del Parlamento, Luis Redondo. Por otro lado, cabe mencionar el apoyo explícito de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para la candidata de la izquierda. El indulto otorgado a Juan Orlando Hernández por el presidente Trump hizo estallar las filas oficialistas de Xiomara Castro. La fiscalía general hondureña encabezada por el sobrino de Rixi Moncada ha emitido una orden de detención internacional contra el expresidente, además de difundir versiones falsas sobre su supuesto retorno a Honduras para romper el orden constitucional. Estas intervenciones, lejos de contribuir a la estabilidad, alimentan narrativas conspirativas y profundizan la polarización interna. La prudencia diplomática y el respeto a los procesos institucionales deberían ser la norma, no la excepción.
El retroceso de la izquierda en la región
Más allá de la contienda local, estas elecciones evidencian un fenómeno de mayor alcance: el retroceso del socialismo del siglo XXI en la región y el giro del electorado hondureño hacia la derecha. Esta red criminal pierde una pieza pequeña pero clave del puzzle: el puente estratégico entre América del Sur y Estados Unidos que garantizaba la logística y el flujo de recursos. Honduras se alinea así con un eje antisocialista que incluye a El Salvador de Bukele, en contraste con modelos autoritarios como el de Nicaragua de Ortega. El fracaso de la candidatura de Rixi Moncada simboliza el desgaste del proyecto del partido Libre. Tras años de gobierno, la gestión de Xiomara Castro no logró mejorar las condiciones de vida de los hondureños: más de 73% de la población sigue en situación de precariedad; la violencia y la migración forzada aumentaron y la economía continúa dependiendo en gran medida de las remesas provenientes de Estados Unidos. A ello se suman escándalos que han vinculado la izquierda con el crimen organizado. Diferentes vídeos demuestran como Carlos Zelaya, cuñado de Castro, negociaba con narcotraficantes, lo que ha debilitado aún más su credibilidad política.
La derecha hondureña y sus sombras
La probable victoria de Nasry Asfura plantea, sin embargo, un dilema moral ineludible. El Partido Nacional arrastra una historia marcada por estructuras clientelares y por su convivencia con el narcotráfico. La figura de Juan Orlando Hernández – exmandatario condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por tráfico de drogas y armas, así como desvío de fondos públicos, y recientemente indultado por Donald Trump, simboliza esta ambigüedad: pragmatismo político frente a una historia de corrupción y narcotráfico. El Partido Liberal, con figuras como Salvador Nasralla y Yani Rosenthal, tampoco está exento de coquetear con el narcotráfico, aunque se presenta como alternativa moderada frente a la izquierda. El voto de los hondureños, por tanto, refleja un mal menor: pragmatismo frente a la urgencia de superar la catástrofe socialista.
Está claro cuál es el enemigo – la maquinaria criminal del socialismo del s. XXI, sostenida por el narcotráfico, las dictaduras castrochavistas y apuntalada por potencias autoritarias como China, Rusia e Irán -, sin embargo, una parte de la derecha pretende ganar la batalla moral traicionando los valores que dice respaldar. Y para combatir al monstruo es necesario mostrar nuestro propio hogar impecable, libre de las mismas impurezas que caracterizan al adversario. Tenemos que mirar más allá de las siglas partidistas. No basta con señalar la corrupción, el abuso de poder o la connivencia con el crimen cuando provienen de la izquierda. Hay que tener el coraje de denunciarlo viniera de donde viniera, incluso cuando brotan dentro del propio entorno. La farsa de quienes protegen a “los suyos” para no manchar la imagen del movimiento conservador es una traición directa a los ciudadanos que confían en un cambio real. La derecha que trabaja, que se juega la vida enfrentando al crimen organizado y que mantiene coherencia entre lo que dice y lo que hace, ve su esfuerzo saboteado por los simuladores de siempre: los que repiten discursos vacíos mientras practican los mismos vicios que critican. Si queremos una derecha distinta a la izquierda que denunciamos, debemos comportarnos de manera distinta. La justicia y la honestidad no pueden ser consignas: deben ser principios inquebrantables. De lo contrario, todo lo construido se pudre desde dentro, y el enemigo no necesita avanzar…porque ya nos derrotamos solos.
Para concluir, el caos actual no es responsabilidad de un solo actor. La empresa colombiana encargada de proveer la herramienta tecnológica fallida debe rendir cuentas. Pero tampoco están exentos de culpa aquellos políticos que, mientras invocan el respeto al voto popular, se sitúan por encima de la ley y arrastran historiales vinculados al narcotráfico y la corrupción. La gestión socialista una vez más demostró ser un cáncer empobrecedor y que sus promesas de justicia social e igualdad no eran más que papel mojado. Tras los catastróficos resultados del gobierno de Xiomara Castro, los hondureños giran a la derecha por un mero instinto de supervivencia; el suyo es un voto pragmático que, desafortunadamente, no significa la purificación institucional ni el alejamiento del yugo criminal. Finalmente, los actores internacionales deben actuar con extrema prudencia. Respaldar candidaturas sin evaluar el trasfondo ético y político de sus protagonistas es una irresponsabilidad. La defensa de la democracia exige algo más que etiquetas ideológicas: requiere compromiso real con el Estado de Derecho, la transparencia y la voluntad popular. El pueblo hondureño ha dicho no al socialismo del s. XXI; ahora queda por ver si sus nuevas élites políticas estarán dispuestas de romper con un ciclo de tolerancia de la impunidad y del crimen organizado para construir una democracia íntegra, confiable y orientada al bienestar real de su población.
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