Hace tiempo que tengo pendiente una reflexión que podríamos llamar “Desmontando España”. No sé que formato darle, ni la extensión. Tampoco el título está decidido. No sé si tendré tiempo para investigar un poco, recabar datos o bibliografía y así poder darle forma de libro o simplemente, como hoy, pondré negro sobre blanco algunas pinceladas de las ideas que tengo en mi cabeza para de forma efectiva, sistemática y estructurada desmontar la mastodóntica administración española. Lo cierto es que España es, en estos momentos críticos, un obeso mórbido burocrático, sin capacidad de reacción.

Son muchas las circunstancias y noticias que estos días de encierro me han llevado a plantearme de nuevo esta idea, máxime cuando son legión los ciudadanos y analistas que yerran en el diagnóstico y, por lo tanto, en el tratamiento a aplicar. Se avecina, según todos los augurios, una crisis de proporciones extraordinarias y parece razonable que nos planteemos si las estructuras de nuestro país están mínimamente preparadas o, al menos, si hemos caído ya en la cuenta de la pésima salud del sistema y, en consecuencia. qué deberíamos hacer para preparar mínimamente nuestra estructura.

El horizonte que tenemos a la vista, con caídas del PIB del orden del 20 por ciento o más y un desempleo que duplicará el actual, obliga a una actuación decidida y precisa destinada a aligerar la nómina estatal

A nivel económico, España no tiene mayores problemas en cuanto a organización territorial. Puede compararse fácilmente el gasto de países centralizados con el de países descentralizados como el nuestro y concluir que éste depende mucho más de una gestión eficiente que de la división territorial. De hecho, en general, suelen ser más eficientes los sistemas descentralizados que los centralizados. Con frecuencia la centralización no es más que un cuello de botella que impide a la acción humana fluir. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las monarquías y las repúblicas. Podemos discutir sobre la idoneidad moral de una u otra, pero a nivel institucional y económico, hay repúblicas desastrosas y monarquías ejemplares.

La corrupción o la compra de voluntades a través de subvenciones solo tienen el camino de la ley y del juzgado. Podemos prohibir las subvenciones directamente y para todos, como suelo repetir asiduamente en las redes sociales, sin embargo, seguiremos sin señalar la piedra angular del problema. De hecho, la eliminación de las subvenciones no suprimiría totalmente el derroche aproximado de 25.000 millones de euros que ha venido produciéndose en los últimos años porque muchos de los que se han beneficiado de ellas obligarían a engordar la partida presupuestaria para la prestación por desempleo.

Podemos ser más celosos en la persecución de la corrupción. De hecho, con esta intención se vendió y promulgó la Ley de Contratos del Sector Público allá por el año 2017. No quiero aburrirles con detalles, así que les pondré un ejemplo sencillo. Para un ayuntamiento pequeño, que pueda licitar al año entre medio y un millón de euros en contratos de todo tipo, y suponiendo un nivel de corrupción tal que en todo el contrato hubiera una comisión, pongamos del 3 por ciento que es una cifra que a todos les suena, tendríamos en el peor de los casos unas pérdidas de 30.000 euros anuales. Con la ley mencionada, y admitiendo que es totalmente efectiva para acabar con la corrupción, que no lo es, con esos 30.000 euros no habríamos cubierto los gastos de personal que se generan para poder licitar anualmente todos los contratos necesarios en un ayuntamiento pequeño, conforme se hacía anteriormente. El incremento de burocracia es tal, que se hacen necesarias una o dos personas más para poder seguir con el ritmo normal de trabajo de un pequeño municipio. No hemos acabado con la corrupción y hemos incrementado el gasto.

Así, se acaba de publicar que el gasto en nóminas funcionariales se incrementó en 2019 en un 5,1 por ciento, hasta alcanzar los 143.063 millones de euros. Súmenle el gasto en pensiones que ascendió a 135.163 millones de euros, con un incremento del 6,30%, y el de desempleo que sumó 17.300 millones, con un incremento del 5,8 por ciento, y tendrán algo más del 23 por ciento del PIB y dos tercios del gasto del Estado. Teniendo en cuenta lo que hemos comentado de las subvenciones el porcentaje del gasto podría elevarse punto o punto y medio más. Un cuarto del gasto del Estado se va en alimentar las bocas que dependen directamente de él, en mayor o menor medida. Tengan en cuenta además que, a los tres millones de funcionarios, tres millones de parados y casi 10 millones pensionistas hay que sumar las familias que de ellos dependen. Más de la mitad de la población de España, probablemente.

He aquí el problema. La mitad de la población Española depende económicamente del Estado. Si a esto le sumamos que el entramado legislativo y burocrático es tal que todos y cada uno de los funcionarios son “imprescindibles” (para atender a la propia burocracia) o que los pensionistas ya han cumplido de sobra con la sociedad y estaría bien dejarlos en la calle, la magnitud de la losa que va a caer sobre nuestras cabezas es pavorosa.

El horizonte que tenemos a la vista, con caídas del PIB del orden del 20 por ciento o más y un desempleo que duplicará el actual, obliga a una actuación decidida y precisa destinada a aligerar la nómina estatal. Desgraciadamente, como ya hemos comentado, la legislación española en nada ayuda a calmar la desazón. Tanto montan las leyes de la función pública como el Estatuto de los Trabajadores o el resto de la legislación laboral. Todo es colesterol que obstruye el sistema vascular del obeso mórbido. Grasa burocrática que impide al Estado moverse con la agilidad y rapidez que la emergencia exige.

Por lo tanto, no solo se trata de eliminar gasto superfluo, que puede eliminarse en gran cantidad. Se precisa una intervención estructural a nivel legislativo que modifique por un lado el funcionamiento de la administración pública, simplificando procedimientos y eliminado todos los trámites prescindibles, que son muchos, y por otro que determine qué funciones públicas han de ser prestadas por funcionarios –el suministro de agua potable, por ejemplo, es una función pública que se presta desde empresas privadas como en la mayoría de países médicos y profesores no son funcionarios–, todo esto acompañado de la flexibilización del mercado laboral, equiparándola a los mercados de otros países donde el desempleo no supera el 5 por ciento.

Además, si fuéramos previsores, buscaríamos formas alternativas de gestionar nuestra pensión particular y nuestro sistema de pensiones estatal, de forma general. Lo mismo se podría decir del desempleo. Las mochilas austriacas y las capitalizaciones individuales de las pensiones son sistemas ya probados para descargar el peso del Estado.

En cualquier caso, las cosas ocurrirán como tengan que ocurrir. El Estado del bienestar es una quimera que adormece nuestros sentidos bajo una falsa sensación de seguridad y cuyas costuras revientan en cuanto cualquier contingencia las pone a prueba. Son incontables las donaciones privadas que se han precisado para que no colapse un ente que se come más de la mitad de nuestro trabajo. Con una caída de los ingresos del 20 por ciento y endeudados hasta las cejas, difícilmente podremos afrontar siquiera los gastos cotidianos, así que no queda otra que poner el Estado a dieta. Pero si además de esta dieta no establecemos un marco de funcionamiento que permita reducir de una vez por todas el elevado desempleo estructural español, estaremos garbellant aigua (cribando agua) como decía mi abuelo.


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José Luis Montesinos
Soy Ingeniero Industrial, me parieron autónomo. Me peleo con la Administración desde dentro y desde fuera. Soy Vicepresidente del Partido Libertario y autor de dos novelas, Johnny B. Bad y Nunca nos dijimos te quiero. Escribí también un ensayo llamado Manual Libertario. Canto siempre que puedo, en cada lugar y con cada banda que me deja, como al-Andalus Rock y The Gambiters.

8 COMENTARIOS

  1. Muy certero el artículo. Conozco muy bien la Administración y es como dice el autor. Los políticos lo único que saben es hacer leyes y reglamentos muy complicados que hacen que todo sea lento e ineficaz. Ahogan cualquier iniciativa individual de los funcionarios más espabilados (que los hay y muchos, pero están muy quemados) porque quieren que todo el protagonismo sea para ellos y sus asesores. Y así nos va.

  2. «Desgraciadamente, como ya hemos comentado, la legislación española en nada ayuda a calmar la desazón. Tanto montan las leyes de la función pública como el Estatuto de los Trabajadores o el resto de la legislación laboral. Todo es colesterol que obstruye el sistema vascular del obeso mórbido. Grasa burocrática que impide al Estado moverse con la agilidad y rapidez que la emergencia exige».

    Atinado análisis y oportuno titular, José Luis. La administración mórbida necesita un buen reseteo y una buena dieta para que el Estado funcione con eficacia y con un mínimo de diligencia. Para que no se convierta en una auténtica losa que termine aplastando a la Sociedad civil. Para que el Estado deje de funcionar como un búnquer para ineptos y vividores de la política que contagian y se propagan como auténticos virus infectando el edificio con sus extensas redes clientelares.

    Parásitos de lo público sin oficio ni beneficio. Parásitos sin ningún mérito, sin ninguna capacidad de gestión y sin que la sociedad, a la que en teoría representan y en la práctica conducen directa al despeñadero, pueda ejercer ningún control real sobre sus acciones. En esta crisis sanitaria se ha puesto de manifiesto con toda crudeza. Tenemos las pruebas. No solo de la falta de previsión, de anticipación y de asombrosa ineficacia.

    También de su abuso, de su arbitrariedad en la toma de decisiones y en esa nada con gaseosa de «no dejar a nadie atrás en esta crisis». Cuando todos sabemos que pretenden endosarle la factura de la crisis a los autónomos y la pymes que son el principal motor de la sociedad, que son las que en conjunto generan la mayor parte del empleo. El ERTE se lo tendrían que aplicar a ellos, pero con carácter permanente.

    Deberían ser sancionados y pagar de su bolsillo todo el perjuicio económico que van a ocasionar. Deberían ser apartados del volante para no dar más giros suicidas. Deberían ser laminados directamente y apartados de la gestión de esta crisis de la que son responsables en su mayor parte.
    Pero ahí están! aupados por los inmorales y bien pagados como ellos, manejando y administrando los recursos y los presupuestos. Decidiendo a su arbitrio qué colectivos profesionales merecen ser protegidos y rescatados en este estado de alarma y quien «debe sacrificarse».

    El problema añadido es la podredumbre de corrupción que daña gravemente los cimientos y deja al edifico en suspensión a punto de colapsar y derrumbarse. El problema añadido es que si el edificio ya no se sostiene y se acaba derrumbando, la sociedad civil va a quedar aplastada debajo de los escombos y toda la casta parasitaria va quedar a resguardo en el búnquer que se han construido. Y por supuesto, ajenos a lo que ocurra fuera.

  3. El artículo es magnífico. Expresa perfectamente la realidad de España. Todos los gobiernos desde que murió Franco se han dedicado 1º a engordar a lo bestia la administración pública, siendo el estado de las malditas autonomías la culminación de este desastre, 2º a gastar y gastar y gastar, y seguir gastando. Entiendo que está muy bien exponer las posibles soluciones para adelgazar este estado elefantiásico y rebajar la deuda, pero chocamos con la realidad. A esto se ha llegado porque el pueblo español aprobó la Constitución del 78, la cual entrega el país a los partidos políticos. Y estos han demostrado que, ante todo, son agencias de colocación y todo un cúmulo de intereses propios. ¿Y quién va a remediar esta situación? La Constitución nos dice que solo puede hacerse a través de los partidos políticos. Entonces he aquí el círculo vicioso. Solo Vox habla de reformar esta situación, pero nunca llegará a conseguirlo. Así pues, en mi opinión, España no tiene remedio.

  4. Estoy muy de acuerdo con el fondo y la forma de lo que el autor plantea en esta atinada pieza. Yo añadiría que formas de clientelismo hay otras al margen de la subvención, y una que últimamente me trae de cabeza es precisamente la llamada “publicidad institucional”, fuente de poder de los gobiernos para con los medios de comunicación y que yo eliminaría de raíz.

  5. Desde luego, cuanto más vagos y gamberros son los políticos, más les toca currar a los españoles. Las propuestas del artículo son sensatas y beneficiosas para el común y, por eso mismo, los que mandan, si pueden, seguirán yendo en la dirección contraria a la de la sensantez.
    La primera tarea inexcusable es mandarlos, si no quieren redimirse, al paro, si hubiere delitos a la trena, o a realizar trabajos de atención social -auxilio social se llamó la cosa con Franco- como muestra de arrepentimiento sincero.

  6. Pienso exactamente lo mismo, incluso voy más lejos, creo que hay que eliminar toda traba administrativa alentando a todos, jóvenes, muy jóvenes y mayores a realizar cualquier actividad para la que estén capacitados, o no, los más jóvenes podrán meter la pata, como todos lo hemos hecho.
    La responsabilidad de la actividad recaerá a posteriori sobre aquel que haya causado un perjuicio, pero todo el mundo podrá establecerse legalmente en cualquier actividad con una simple notificación de alta sin coste alguno. No se pagarán impuestos de ningún tipo hasta una facturación o beneficio determinado, pero se emitirán facturas de cada trabajo. Las empresas establecidas con empleados no podrán subcontratar los servicios de trabajadores exentos de impuestos, pero podrán despedir libremente.

    O nos ponemos todos manos a la obra creando riqueza de cualquier cosa o estamos muertos.
    Y los políticos bien podían ir pensando en buscarse un trabajo y renunciar a su sueldo político si su actividad no les exige dedicación exclusiva.
    Ventanilla única, solo un funcionario de cara al público que enviará la demanda al departamento correspondiente existiendo un plazo de resolución instantanea al presentar la petición.

    • Es la misma postura que he defendido desde el principio. Siempre he dicho que deberíamos contagiarnos protegiendo a los más vulnerables con una información veraz, consejos eficientes y reforzando la asistencia hospitalaria.

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