Como si de un augurio se tratara, al mismo tiempo que el zascandil más temerario que ha llegado a la presidencia del gobierno español debió de plasmar su firma en una ampulosa carta dirigida al Rey de Marruecos y comendador de los creyentes musulmanes; una espesa calima se cernía sobre los cielos de la península ibérica, ensuciando los campos y las ciudades y dificultando la respiración de los paisanos.
De esa coincidencia de fechas nos enteramos ayer, gracias a la impagable cobertura prestada ayer al jefe del ejecutivo por parte de un diario que hace tiempo se pretende “global”, ya que no independiente. A pesar de las razonables dudas sobre la autenticidad del “documento” publicado, dado lo improbable de que Mohamed VI recibiera una misiva en español, y los evidentes rastros de redacción en francés de un texto original previo, su contenido parece verosímil. Así lo avala la satisfacción expresada por el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí del pasado 18 de marzo y las propias declaraciones del ministro homónimo de España, Jose Manuel Albares Bueno, ante la ausencia de toda explicación por parte del autor mediato del mensaje.
Las relaciones de España con Marruecos están marcadas por las pretensiones territoriales de este segundo país sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, otros islotes en el Estrecho de Gibraltar, e incluso las Islas Canarias
La estupefacción producida en la sociedad española no pudo ser mayor. Sin un debate previo en su propio gobierno, sin una autorización de las Cortes y sin siquiera informar previamente a los españoles del paso que pensaba acometer, acaso crecido por codearse con un autócrata, el inquilino de La Moncloa asumía una representación mayestática de España para doblegarse a las apetencias del régimen marroquí de anexionarse el Sáhara Occidental, con la mascarada de ofrecer a sus habitantes un estatuto de autonomía:
“En este sentido, España considera que la propuesta marroquí
de autonomía presentada en 2007 como la base más seria,
creíble y realista para la resolución de este diferendo”.
Para mayor escarnio, la noticia se conoció, con toda suerte de intoxicaciones, después de que la cancillería del destinatario emitiera el viernes pasado el mencionado comunicado. En él se valoraba “sobremanera, la opinión favorable y el compromiso constructivo de España sobre la cuestión del Sáhara marroquí, expresados en la carta dirigida a su Majestad el Rey Mohamed VI, que Dios le asista, por el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez”.
A modo de somero trasfondo sobre el conflicto del Sáhara, conviene recordar que España, a pesar de haber contraído la obligación de organizar el proceso de descolonización del territorio, de acuerdo al derecho internacional, abriendo la posibilidad de que la población decidiera libremente su futuro mediante un referéndum, se desentendió de acometerlo.
A dicho propósito debía servir el censo de la población saharaui que el Gobierno General de la Provincia había realizado en 1974, el cual estaba abocado a ser un auténtico padrón electoral fidedigno. Sin embargo, la declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental, acordada en Madrid el 14 de noviembre de 19751 marcó un fatal precedente en los estertores del franquismo en una cuestión que parecía encarrilada desde el momento que el gobierno español lo había incluido en la lista de territorios no autónomos de la ONU, susceptibles de descolonización. Acompañados, al parecer, de acuerdos secretos – declarados como no vinculantes por el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, si no se registraban en la Secretaría General – supuso una rendición a la invasión del territorio impulsada por el rey Hassan II de Marruecos con la “Marcha Verde”.
La principal consecuencia de esa declaración fue que España, potencia administradora, cedió “temporalmente” el territorio a Marruecos y Mauritania para que ambos países “en colaboración con la Yemaá (o Asamblea de notables saharauis) asumieran la administración. Al mismo tiempo se estableció la terminación de la presencia española del 28 de febrero de 1976.
En el tablero geopolítico de aquel tiempo, resultó que el movimiento guerrillero que ya había organizado acciones contra la presencia española, el Frente Polisario, se enfrentó, con el apoyo de Argelia y de la extinta Unión Soviética, a los nuevos colonizadores. No obstante, el gobierno de Mauritania renunció muy pronto a ocupar la parte que le había correspondido. Desde 1976 hasta 1991, en que se pactó un alto el fuego por mediación de la ONU, se desarrolló una guerra entre saharauis y marroquíes. Desde el cese de las hostilidades se sucedieron sucesivas misiones de paz bajo los auspicios de la ONU. Durante estos años, con el apoyo de Argelia, el Frente Polisario constituyó una llamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) con el apoyo de gran parte de los refugiados en Tinduf, mientras que el gobierno de Marruecos se trazó el objetivo de desplazar al territorio a marroquíes que se incluyeran en el censo de habitantes y evitar la celebración de un referéndum de autodeterminación cuando se percató que el solo se reconocería un derecho de voto a los desplazados anteriores al año 1999.
En cualquier caso, después de la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020 y sucesivos fracasos de las negociaciones, la Resolución 2602/2021 del Consejo de Seguridad de la ONU de 29 de octubre de 20212 decidió prorrogar la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) hasta el 31 de octubre de este año. Poco más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución de 9 de diciembre de 2021 que, entre otras cosas, solicitaba al Comité Especial de descolonización que siguiera examinando la situación en el Sáhara Occidental y la informara al respecto en su septuagésimo séptimo período de sesiones.3
Por otro lado, la sentencia de 29 de septiembre de 2021 del Tribunal Superior de la Unión Europea4 anuló, a instancia del Frente Polisario – lo cual consolida su posición como sujeto de derecho internacional, ya reconocida por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU- la Decisión (UE) 2019/441 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, relativa a la celebración del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, al entender que ( 335 ) para celebrar un acuerdo con el Reino de Marruecos que se aplique explícitamente al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes, se deduce, del principio de autodeterminación y del principio de efecto relativo de los tratados, que el pueblo de dicho territorio debía prestar su consentimiento a tal acuerdo.
Todas estas circunstancias deben recordarse para relativizar ciertos argumentos geoestratégicos que el gobierno (esquizofrénico desde su formación) deja que algunos sectores esgriman por él, en el sentido de que se dirimiría en el Sáhara un nuevo juego de alianzas que abocaría a España a aceptar las pretensiones de anexión por parte de Marruecos, so pena de enfrentarse a EE.UU, Israel y otros países europeos. La cuestión es mucho más poliédrica de como se quiere presentar, pues las resoluciones de prórroga del mandato de la MINURSO, aprobadas por el Consejo de Seguridad (en el que EEUU, Francia y Reino Unido tienen derecho de veto, que no ejercen) de ninguna manera cierran la posibilidad de que, como resultado de un referéndum con garantías democráticas, los saharauis puedan obtener la independencia.
Por último. Las relaciones de España con Marruecos están marcadas, asimismo, por las pretensiones territoriales de este segundo país sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, otros islotes en el Estrecho de Gibraltar, e incluso las Islas Canarias. En este último caso, las discrepancias se sustancian, de momento, en la desconsideración del archipiélago como territorio susceptible de sustentar una zona económica exclusiva, además de su mar territorial.
Es por esto por lo que difundir la especie de que el mero deseo de comenzar una era nueva en las relaciones supone la renuncia por parte de Marruecos a sus pretensiones territoriales es simplemente falso. La falacia choca contra la evidencia de que el gobierno de Marruecos se limita exclusivamente a congratularse del cambio del presidente del gobierno español respecto al futuro del Sáhara.
Relacionar un problema con otro a la vista del reino vecino es un completo dislate y una muestra de debilidad incomprensible. Más aun, la cesión de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, dudosa fuente de obligaciones para el Reino de España, se produce después de la invasión de Ceuta por parte de 10.000 personas orquestada por las autoridades marroquíes en mayo del año pasado. Un guiño evidente del vástago a la estrategia fructífera de su padre, Hassan II, para apoderarse del Sáhara y una llamada para nuevos chantajes en el futuro inmediato.
1 https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20988/volume-988-i-14450-english.pdf
2 https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/S_RES_2602_2021_ES.pdf
3 https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/A_RES_76_89_ES.pdf
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019TJ0344&from=EN
Sentencia de 29 de septiembre de 2021 del Tribunal Superior de la Unión Europea, dictada en los casos acumulados T-279/19, T-344/19 y T-356/19.
*** José Antonio Baonza Díaz, abogado y profesor.
Foto: Ejército de Tierra español.
