El diario El Mundo publica una información titulada El PP capta medio millón de jóvenes, mientras el PSOE encadena medidas. O nos encadena con sus medidas, podría decir el diario sin pérdida de precisión.

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La información procede de los datos brutos de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS. No es la fuente más fiable en el campo de las encuestas políticas, cabe decir. Pero no es por el diseño de la muestra o la obtención de los datos, sino por su interpretación creativa al servicio de los intereses del PSOE.

Conocemos muy bien los efectos del control de precios sobre el mercado de la vivienda. Todo esto lo estamos viendo ahora mismo. Berlín era hasta hace poco una ciudad en la que se podía vivir por un precio asumible. Esto ha cambiado en los últimos años

Según el CIS, el número de jóvenes (menores de 53 años) que votaría al PP ha aumentado en un 52,1%, si los comparamos con el comportamiento del electorado en 2019. Ese aumento es más pronunciado cuanto más jóvenes son los votantes: de 18 a 24 años, el aumento es de dos tercios (el 66,6%).

El PP hereda al votante joven de Cs, como lo hereda en el resto de las horquillas de edad. Esto es fácil de entender. De Ciudadanos casi ni nos acordamos de lo que pudo haber sido, y le queda un voto residual, nostálgico, más preocupado por la autoafirmación o por el asco al resto de opciones, que por lo que podrían suponer cuatro años más de sanchismo. Más chocante es que le acompañe Vox en la sangría, en el voto joven, bien que en el caso de los verdes a mitad de ritmo.

El CIS sigue otorgando al PSOE, ¡cómo no!, el primer puesto en las preferencias de quienes llevan hasta 16 años con derecho al voto. Lo cierto es que, siempre según la encuesta, el PSOE pierde muy poquito. Y lucha contra el desencanto de sus votantes teniendo las redes sobre las víctimas del desencanto que produce Pudimos, que es aún mayor.

El diario entiende que Sánchez, que es el principal interesado por estos movimientos de los electores, ha impulsado una Ley de Vivienda, pactada con ERC y EH Bildu (pero no con Pudimos), para impedir que los jóvenes abandonen su partido a borbotones.

La Ley de Vivienda es un dislate, tal como está redactada. No sabemos cuál será la versión final, pero no creo que sea muy distinta. Es una norma claramente intervencionista. Relaja los criterios para que un área se pueda considerar una “zona tensionada”, que es un espacio en el que las Administraciones Públicas (las Comunidades Autónomas, sobre todo) tendrán manga ancha para intervenir en el mercado de vivienda. En la actualidad, está aprobado un tope al aumento de los alquileres del 2%. A partir de 2024, el tope será del 3% para los grandes tenedores. Cuando se anunció la norma, se dijo que los grandes tenedores serían el Gran Wyoming y cuatro más (dueños de 15 inmuebles o más). Pero una vez metida la cuña (por no recurrir a otra metáfora), les ha bastado empujar un poquito para rebajar el umbral de los grandes tenedores (los nuevos kulaks) en los 5 inmuebles. Además, en los supuestos en los que el arrendador no fuera un gran tenedor, el incremento será el pactado entre las partes y, en defecto de pacto, no podrá ser más del 3%.

Teniendo en cuenta que la inflación está en el 3,3%, pero que la subyacente es del 7,5%, de aplicarse el tope supondría una rebaja del alquiler en términos reales. Los planificadores que se han dotado de este instrumento legal para manosear el mercado, lo saben. Por eso prevén la creación de un índice alternativo al IPC, para fijar el tope del crecimiento de los precios del alquiler.

Los índices, en una economía libre, no tienen mayor relevancia. Idealmente, el IPC marca la evolución media de los precios de la cesta que compran, en nuestro caso, los españoles. Y, por tanto, es una forma de apreciar la pérdida de valor (habitualmente) de la moneda. O lo que tendría que aumentar la renta, en este caso inmobiliaria, para que el coste, por un lado, y los ingresos reales por otro, se mantengan inalterables.

Son un índice de referencia. Y subrayo esas dos últimas palabras: de referencia. Porque sobre ésta las dos partes pueden acordar lo que quieran, dentro de lo que puedan permitirse. La ley quiere convertir la referencia, un elemento que informa las decisiones libres de los agentes, en una tasa. Es un cambio fundamental en la vivienda: básicamente consiste en que el Estado asuma parte de la propiedad de la vivienda, y decida por los dueños unos límites dentro de los cuales pueden pactar.

Conocemos muy bien los efectos del control de precios sobre el mercado de la vivienda. Todo esto lo estamos viendo ahora mismo. Berlín era hasta hace poco una ciudad en la que se podía vivir por un precio asumible. Esto ha cambiado en los últimos años. La oferta de vivienda no ha alcanzado a satisfacer el creciente atractivo de la ciudad, y los precios se han doblado en diez años. En respuesta a esta situación, el gobierno municipal de Berlín decidió congelar en febrero de 2020 el precio del alquiler a los precios que estuviesen fijados el 18 de junio del año anterior, para todos los edificios construidos antes de 2014.

A ese precio, el mercado regulado se ha desplomado: la oferta se ha venido abajo, y prácticamente ha desaparecido. Muchos dueños de las viviendas anteriores a 2014 han intentado venderlas, al ver que ya no le podían sacar rendimiento, pero como muchos han pensado lo mismo, sólo pueden vender a un precio mucho más bajo del que esperaban.

Pero como sigue habiendo muchos europeos deseando vivir en la capital alemana, se han tenido que ir al mercado no regulado: el de las viviendas construidas después de 2014. Pero aquí el alquiler se ha hecho mucho más caro. La construcción de viviendas lleva tiempo, y no alcanza la velocidad de los precios. En conjunto, según The Economist, los anuncios de viviendas en alquiler se ha reducido a menos de la mitad en sólo un año.

En Berlín ha habido ganadores y perdedores. Ganan los políticos que prometen soluciones pensando en las próximas elecciones, pero no en el medio o largo plazo. Y pierden todos los demás: los que buscan piso y no lo encuentran, los que se ven obligados a vivir hacinados, y el ciudadano común, que ve cómo se degrada su ciudad. Incluso los que viven alquilados y ven que su piso se abarata no lo verán tan ventajoso en cuanto pase el tiempo y vean que su casa es peor cada año.

Hacia eso vamos.

Foto: Cassie Boca.


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