Hace ya algunas semanas unas declaraciones de Escrivá generaron un gran debate en los medios de comunicación en torno a la sostenibilidad del sistema de pensiones y su viabilidad futura. El Ministro declaró que la generación Baby boom “podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o podrán trabajar algo más”. Una cosa hay que reconocer a Escrivá, y es que en estas declaraciones fue mínimamente honesto sobre las consecuencias de la jubilación de los baby boomers para la sostenibilidad y capacidad del sistema público de pensiones. Eso sí, tan solo un día después de dichas declaraciones y tras posicionarse sindicatos y patronal en contra de la posición de Escrivá, este rectificó alegando haber tenido un mal día y disculpándose por no haber sabido transmitir certidumbre.
La realidad es que lo que no transmite certidumbre es la “reforma” del sistema de pensiones que el Gobierno acaba de pactar con los agentes sociales. Lo aprobado hasta el momento es únicamente la primera parte de una reforma más amplia que se ha prometido a Bruselas. El problema está en que esta primera parte es de fácil ejecución y bajísimo coste político (no así en términos de coste económico), mientras que las partes restantes quedarían para siguientes legislaturas, y, por lo tanto, se traspasaría la responsabilidad de dichas reformas futuras -más dolorosas, en términos de coste político- a otros partidos, probablemente.
Las reformas del sistema de pensiones no son más que parches mal puestos que no solucionarán el grave problema estructural de sostenibilidad del sistema
La primera parte de la reforma aprobada por el Gobierno incluye la eliminación del Índice de Revalorización de las Pensiones, que, recordemos, limitaba la subida anual de la pensión al 0,25% en caso de déficit del sistema, y, asimismo, la derogación del Factor de Sostenibilidad, que adaptaba las pensiones a la esperanza de vida para así garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. El Gobierno propone sustituir este último mecanismo por uno de equidad intergeneracional -cuyo funcionamiento aún se desconoce- a la par que se vuelven a ligar las pensiones al IPC sin tener en cuenta otros factores.
Por supuesto, esto no saldrá gratis. Un documento de Fedea estima que esta medida costará cerca de 2.400 millones de euros anuales. Para su financiación, Escrivá considera varias medidas que aumentarían los ingresos, como la subida de impuestos a aquellos ciudadanos con ingresos superiores a 49.000 euros, la ampliación de la base reguladora (esto no es seguro tras la polémica generada hace algunos meses en torno a ello) o la aproximación de la edad de jubilación efectiva a la edad legal. Esta última medida no está nada claro que ayudase a generar un mayor ahorro al sistema, ya que los coeficientes correctores aplicables sobre las pensiones de jubilación temprana son contundentes, y en muchos casos contribuyen a ahorrar más que un retraso de uno o dos años en la edad de jubilación efectiva. Cabe recordar que el Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a realizar un ajuste del sistema del 3% del PIB, lo que equivaldría más o menos a 30.000 millones de euros.
Otra de las medidas “estrella” del ministerio de Escrivá consiste en trasladar los denominados “gastos impropios” de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado, rompiendo parcialmente el principio de separación de fuentes (en vez de reforzarlo, como algunos han tratado de vender) y tratando, en realidad, de que el Estado, a través de los PGE financie una mayor proporción de las pensiones contributivas. La reforma trasladaría cerca de 21.000 millones de euros al año al Estado desde la Seguridad Social, lo cual equivaldría al 2% del PIB. Para este año, tal y como se hallaba ya presupuestado, se transferirán 14.000 millones, cifra que aumentará anualmente. Esto no supondría solución alguna, ya que pasaría el problema de la sostenibilidad del sistema de unas cuentas a otras y lo trasladaría al futuro, a través de la propia dinámica del aumento de una ya elevadísima deuda pública, que supondrá una gran carga para los trabajadores futuros.
Volviendo al documento de Fedea, en el mismo se afirma que con la reforma de las pensiones del año 2013, se alcanzaría en 2050 un gasto en pensiones del 12,5% del PIB (actualmente se destina cerca del 12%), mientras que con la actual supresión del Factor de Sostenibilidad y la indexación al IPC, el gasto se elevaría hasta el 17% del PIB en 2050. Lo realmente relevante es que el déficit del sistema, tras esta reforma, se elevaría hasta el 5-7% del PIB. Esto requeriría un recorte del gasto en pensiones de entre el 3% y 5% del PIB para que el sistema de pensiones no requiriera que el Estado cubriese estos déficits.
Si hay un factor sobre todos los demás que hace innegable la insostenibilidad del sistema en un futuro cercano es el factor demográfico. En un sistema de reparto, los trabajadores actuales cubren las pensiones actuales, mientras las suyas serán cubiertas por los trabajadores del futuro. Esto es muy relevante, ya que mientras en la actualidad hay 3,4 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 66 años (no significa que todas las personas en edad de trabajar estén empleadas), en 2050 habría 1,8 personas en edad de trabajar por pensionista, y tan solo 1 trabajador en activo por pensionista. En este sentido, el Banco de España ha calculado que, incluso asumiendo una tasa de ocupación del 80% (en España es del 60%), las cotizaciones futuras deberían aumentarse un 35% para poder financiar la tasa de sustitución actual en 2050, algo absolutamente inviable. Todo ello mientras la natalidad se mantiene anclada en 1,2 hijos por mujer, incluso en épocas de elevado crecimiento económico.
Las propuestas realizadas por diferentes instituciones para solucionar los actuales problemas del sistema público de pensiones español son muy variadas. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional propone un incremento de la inmigración cercano a los 5,5 millones de personas hasta 2050, a la par que un incremento de los ingresos del sistema, una reducción de la tasa de sustitución de la pensión, incrementar la tasa de ocupación, retrasar la edad de jubilación y aumentar las fuentes de ahorro complementario. Según el FMI, solo así se garantizaría la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España bajo las perspectivas demográficas actuales.
Por otro lado, Fedea plantea la transición hacia un sistema mixto con cuentas nocionales, al estilo sueco. En un sistema de este estilo, los trabajadores aportarían una porción de la base salarial a un sistema individual de cuentas financieras (aparte de al sistema general). Dichas cuentas financieras serían gestionadas de manera privada, mientras la parte de “reparto” podría ligar la edad de jubilación y/o la cuantía de la pensión a la esperanza de vida.
Por lo tanto, vemos que la primera fase de reformas del sistema de pensiones no son más que parches mal puestos que no solucionarán el grave problema estructural de sostenibilidad del sistema, mientras contribuye a trasladar el problema y sus costes asociados al futuro cercano, cargando con ello a los trabajadores más jóvenes y a las futuras generaciones.
*** Álvaro Martín, Estudiante de Economía en Cambridge University.
Foto: Justin Groep.
Publicado originalmente en el Instituto Juan de Mariana.
