Que las regulaciones son trampas no es ninguna novedad, ya lo sabía el habilísimo Conde de Romanones cuando decía, hace ya un siglo, “Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”.

Lo que resulta sorprendente es que al tiempo que se promueve, desde todas partes, pero sobre todo desde la izquierda más supuestamente radical, una sistemática sospecha hacia los políticos, no se haya caído en la cuenta de que muy peores que estos, y más duraderas, son las regulaciones que ellos producen sin cesar.

Buena parte del engaño con el que se somete a los electores a responder sobre alternativas trucadas está precisamente en las regulaciones, en el hecho de que se espere que una más, la preferida de cada cual, arregle algo que no hará nunca otra cosa que estropearse a medida que aumente el frenesí regulatorio.

Con las regulaciones en la mano se puede hacer, como decía Quevedo del dinero, con las piedras pan, un pan mentiroso, pero que muchos consumen con delectación. Los efectos principales de este placebo político son dos, el primero dejar la ley en suspenso, al albur de procedimientos que casi siempre acaban en nada, lo que otorga al político una serie de posibilidades en cadena, la dilación, el embrollo, el recurso a procesos de tramitación absolutamente impenetrables, una forma de eludir cualquier responsabilidad en último término.

El segundo efecto es todavía más pernicioso, porque consiste en establecer una serie de controles y procedimientos que a la postre solo sirven para crear dificultades a los que menos pueden, y dar, por el contrario, ventajas adicionales a los que están perfectamente instalados y pueden absorber esos nuevos costos para inmediatamente endosarlos a los terceros que así han conseguido eliminar del campo de su competencia.

Que el gobierno regule más cualquier cosa es el mecanismo seguro para garantizar un alza de precios sin mejora real

Lo grave de este último aspecto, que es casi ineluctable, es que, en muchas ocasiones, estos efectos no son perceptibles a primera vista, se toman su tiempo precisamente para garantizar que todo quede no igual sino un poco mejor para los que controlan el asunto. Que el gobierno regule más cualquier cosa es el mecanismo seguro para garantizar un alza de precios sin mejora real, el mecanismo perfecto para que paguen el pato los supuestos beneficiarios.

En realidad, quienes más debieran temer las regulaciones son los más débiles, que, por el contrario, son muy frecuentemente, víctimas  del engaño más pueril, en la medida en que piensen, por ejemplo, que si un gobierno se pone duro con los bancos eso les beneficiará de alguna manera, ignorando el hecho decisivo de que los poderes financieros se las arreglarán, de uno u otro modo, para que los más ingenuos e indefensos acaben pagando de sus bolsillos las alegrías intervencionistas y demagógicas del mejor intencionado de los gobiernos, suponiendo que alguno de estos intervencionistas de pacotilla realmente lo hubiese sido.

Bastaría con caer en la cuenta de lo mal que les va ahora mismo a los Bancos y otras especies de poderosos que se han visto sometidos a las continuas amenazas regulatorias, décadas llevan haciéndose tirabuzones con el acero de los cañones de esos vocingleros.

La regulación creciente es el reino de la arbitrariedad sin control, y eso no pasa solo en las cuestiones de fondo puramente administrativo y fiscal, sino, para desgracia de las democracias poco maduras, en cuestiones que afectan a los derechos políticos y a la igualdad ciudadana.

En España, el mejor ejemplo posible de esa iniquidad lo constituye el trato que los sucesivos gobiernos, supuestamente pro bono pacis, vienen tributando a fuerzas políticas desleales con los intereses nacionales más básicos e irrenunciables.

Hemos visto cómo el señor Sánchez ha soltado casi dos mil millones de euros a la Generalidad de Cataluña sin ninguna clase de control por parte del Congreso

Recientemente hemos visto cómo el señor Sánchez, que preside de manera accidentada el gobierno de España, ha soltado casi dos mil millones de euros a la Generalidad de Cataluña sin ninguna clase de control por parte del Congreso y de la manera más reglamentaria y oscura que quepa imaginar. Cualquiera podría preguntar si no estarían mejor empleados esos dineros en arreglar el transporte ferroviario en Extremadura o, todavía más simplemente, en tratar de no aumentar la deuda que ha de pagar las generaciones futuras que son las que, por definición, nada podrán decidir nunca sobre un gasto que va a caer sobre sus espaldas.

Pero eso sería pensar en serio en la política que llevamos, en la ley como regla de juego que no puede saltarse ninguna disposición caprichosamente, sería casi tanto como dejar a los políticos sin margen de maniobra, porque ya se lo decía con claridad ese estadista que fue Rodríguez Zapatero al melifluo Solbes, paradigma del apaño presupuestario, “sin dinero (del que pagarán nuestros hijos y nietos) no se puede hacer política”.

La única manera de respetar realmente las leyes es dejarlas que puedan ejercer sus benéficos efectos sin atosigar su cumplimiento con una infinitud de reglamentos tan perversos como absurdos. Claro es que la cultura política que haría posible ese ideal es estrictamente contraria al principio de arbitrariedad, a esa manera de entender la representación política y la legitimidad de las urnas, como una especie de derecho ilimitado a trastocarlo todo.

Volvamos al ejemplo catalán, que es deslumbrante en su condición teatral, barroca y surrealista, es decir, españolísima. Resulta que el Estatuto vigente no se podía modificar con menos de dos tercios del parlamento regional, ni, por supuesto, la Constitución española, pero eran tan grandes las ganas de Puigdemont y compadres de hacer algo fantástico que bastó una muy mínima mayoría parlamentaria para abolir el Estatuto, saltarse la Constitución española y proclamar una República que no ha podido ser ni siquiera bananera.

No cabe mayor ignorancia de lo que es el respeto a la ley  que convertir a la Constitución y a la ley en su conjunto en papel mojado, en un reglamento que cualquier regulación puede cambiar si el que gobierna así lo desea

Ahora proponen, además, que los tribunales se sometan a sus deseos, que su rebelión no cuente para nada y que, por supuesto, se implante realmente su república soñada sin que nadie se altere, pacíficamente, seguramente para evitar que las milicias populares catalanas tengan que volver a derrotar de manera vergonzosa y fulminante a ese tigre de papel que es el Estado según sus delirantes designios reglamentistas. No cabe mayor ignorancia de lo que es el respeto a la ley ni mayor confusión interesada, convertir a la Constitución y a la ley en su conjunto en papel mojado, en un reglamento que cualquier regulación puede cambiar si el que gobierna así lo desea.

Claro es que todo ese zafarrancho de despropósitos no servirá para nada positivo, a no ser que algún estadista mesetario decida jugar a lo grande y les conceda por lo barato lo que no saben alcanzar en ningún mercado político legítimamente democrático, quiero decir, si se les continúa dando favores y excepciones como esos casi dos mil millones que se acaban de embolsar para que quien yo me sé pueda permanecer en los jardines de palacio algunas semanas adicionales.

Casi me da vergüenza escribirlo, pero es obvio que las triquiñuelas, regulaciones, exenciones, tratos de favor, trampas y otros dispositivos de excepción, sí favorecen a alguien: naturalmente, a quienes los pueden promulgar tras haber conseguido engañar a un número suficientemente amplio de personas.

En el caso de los supremacistas catalanes, es claro que en su alocada ensoñación han conseguido muy poco de lo que pretendían y han puesto en píe los mecanismos de alerta y protección de toda la Nación (con mayúscula), y del mundo entero, más allá de los comentarios de algún periodista memo y/o a sueldo del aparato de propaganda que absurdamente les seguimos pagando, de forma que hasta ellos saben que no ha habido choque de trenes, que se han roto las narices contra un muro lo suficientemente sólido.

Las leyes no existen para dar más poder a quienes tienen el honroso derecho y el deber de representarnos y gobernar, sino para limitarlo severamente

A pesar de haber padecido y padecer gobernantes muy lamentables, los españoles podemos estar relativamente tranquilos porque esas argucias reglamentarias de un parlamento regional no prevalecerán contra nosotros.

Desgraciadamente, todavía no podemos decir lo mismo del sinnúmero de arbitrariedades, como la maldición de los coches Diesel, la infausta y caótica regulación de los servicios de alquiler de automóviles con conductor,  o las infinitas y contradictorias normativas que nos acechan en cualquier negocio, sobre las que todavía no nos hemos caído del guindo: nos haría falta un Puigdemont que las llevase al absurdo indubitable, pero los beneficiarios del barullo regulatorio suelen ser más astutos que el peregrino líder separatista de los catalanes enloquecidos.

Tanto el delirio político de los supremacistas como todos los disparatados regímenes regulatorios nacen de una misma fuente, el olvido de que las leyes no existen para dar más poder a quienes tienen el honroso derecho y el deber de representarnos y gobernar, sino para limitarlo severamente y por muy buenas razones.

Foto: Stefan Steinbauer


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7 COMENTARIOS

  1. La hiperregulación es la consecuencia lógica de los super estados intervencionistas postmodernos, o mejor dicho de las estructuras de poder, ya que probablemente el 80% como mínimo de las regulaciones en España no son de origen nacional sino supranacional, de la Unión Europea, que a su vez no responden a los intereses nacionales ni de los ciudadanos europeos sino a fines ideológicos de ingenieria social y de control absoluto de la vida del individuo desde que es un embrión hasta que es enterrado, bueno e incluso después como estamos comprobando con toda tranquilidad con el caso del cadáver de Franco, ante la tranquilidad sumisa de gran parte de la población española. Las leyes hace mucho tiempo que perdieron su finalidad de regulación de la convivencia humanda y de evitación de los conflictos si era posible o en su caso canalización de los inevitables. Hoy en día las normas, da igual del rango que sean, tienen por finalidad la transformación de la sociedad y la imposición de un modelo ideológico determinado. Uno de los efectos de la abundancia de normas y de regulaciones de todo tipo es la eliminación de la seguridad jurídica. Ni los juristas más eficientes, ni lo funcionarios que se dedican a la aplicación de normas saben relamente ni lo que está en vigor ni la normativa aplicable en un determinado ámbito de la realidad social, nadie lo sabe, y mucho menos el ciudadano. Normas y más normas de escasa calidad técnica, con un lenguaje diabólico que nadie entiende que recuerda al inolvidable dialogo de Grucho y Chico en “un día en las carreras” aquel de la parte contratante…, normas que se contradicen unas a otras. Por ellos muchos juristas sostienen que el mantenimiento del viejo adagio de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, que estaba pensada para épocas más civilizadas donde las leyes eran pocas y de fácil conocimiento, es una injusticia manifiesta, pero claro Iustitia, quid est Isutitia? Bueno nuestra preclara Ministra de Educación dirá que se lo preguntemos a Aristóteles o a otro persa de esos que sabían mucho y decían cosas muy chulas que cree recordar que leyó en algún libro de autoayuda.

  2. Ah, la hiperregularización….con la Iglesia hemos topado amigo Quirós.

    He ahí el dominio social INVISIBLE más eficaz y eficiente, y como señalaba bien Javier Benegas en su entrevista, amenaza menospreciada o ignorada por la cansina galaxia tontuliana que nos aburre con su logorrea mediática.

    El DOMINIO ADMINISTRATIVO, venerado por sádicos y masoquistas por igual, a derecha e izquierda, y ESTATOLATRAS de toda índole y condición.

    Pocos teóricos ponen el foco sobre esta nueva magia que manipulan los nigromantes de la política y la administración, tan golosa…tan impune. Pero haberlo haylos…y así, esos escasos eruditos conscientes, ya han denunciado la transformación sutil y a la vez despiadada e imparable del derecho administrativo (con sus altos funcionarios de nuevos clérigos) a su nueva condición, bautizándola de NEOPOLICIAL, esto es, la eliminación de sus limites externos mínimos para mutar en ‘todo un elenco de obligaciones que condicionan intrínsecamente las actividades’ de la sociedad civil, invadiéndola y centrada en la inspección y la sanción, sin dejar de disfrutar empero de aquellos privilegios y prebendas y exenciones que ya caracterizaban la relación de antaño del ciudadano con el Levitan, cuando su ‘corpus legal de parte’, fatalmente ventajista, quedaba vinculada al menos a las obligaciones de servicio público lo que hasta cierto punto justificaba el desequilibrio…Ya no…del derecho prestacional se ha pasado al derecho policial-administrativo pero conservando intactas sus tradicionales ventajas en la relación entre ambas partes. El abuso y el atropello institucionalizado, en definitiva.

    Una combinación de factores que acojona al ojo atento.

  3. Ah, la hiperregularización….con la Iglesia hemos topado amigo Quirós.

    He ahí el dominio social INVISIBLE más eficaz y eficiente, y como señalaba bien Javier Benegas en su entrevista, amenaza menospreciada o ignorada por la cansina galaxia tontuliana que nos aburre con su logorrea mediática.

    El DOMINIO ADMINISTRATIVO, venerado por sádicos y masoquistas por igual, a derecha e izquierda, y ESTATOLATRAS de toda índole y condición.

    Pocos teóricos ponen el foco sobre esta nueva magia que manipulan los nigromantes de la política y la administración, tan golosa…tan impune. Pero haberlo haylos…y así, esos escasos eruditos conscientes, ya han denunciado la transformación sutil y a la vez despiadada e imparable del derecho administrativo (con sus altos funcionarios de nuevos clérigos) a su nueva condición, bautizándola de NEOPOLICIAL, esto es, la eliminación de sus limites externos mínimos para mutar en ‘todo un elenco de obligaciones que condicionan intrínsecamente las actividades’ de la sociedad civil, invadiéndola y centrada en la inspección y la sanción, sin dejar de disfrutar empero de aquellos privilegios y prebendas y exenciones que ya caracterizaban la relación de antaño del ciudadano con el Levitan, cuando su ‘corpus legal de parte’, fatalmente ventajista, quedaba vinculada al menos a las obligaciones de servicio público lo que hasta cierto punto justificaba el desequilibrio…Ya no…del derecho prestacional se ha pasado al derecho policial-administrativo pero conservando intactas sus tradicionales ventajas en la relación entre ambas partes. El abuso y el atropello institucionalizado, en definitiva.

    Una combinación de factores que acojona al ojo atento.

    Y todo ello con una de las democracias más degradadas del planeta:

    EL CONFIDENCIAL: ‘El CGPJ excluye la prevaricación judicial de sus estadísticas sobre corrupción’

    https://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-20/el-cgpj-excluye-la-prevaricacion-judicial-de-sus-estadisticas-sobre-corrupcion_1368712/

    EL MUNDO: ‘Investigan a una inspectora de Hacienda por estafar 6,5 millones a 40 futbolistas de élite’

    http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/10/01/5bb0e7b646163f552a8b45c7.html

    ‘La jueza Alaya señala la prevaricación administrativa como el epicentro de la corrupción en España’

    http://www.angelesgarciaportela.com/2018/05/la-jueza-alaya-contando-lo-que-ya.html

  4. El “análisis político” en España, incluso cuando se realiza un esfuerzo mental muy considerable y casi agotador, digno de mejor causa, se parece a la conducta de un enfermo imaginario. Éste, convencido de padecer un sinfín de males, duda no obstante de los diagnósticos de los médicos. En el siglo XVII, en la época de Molière, un enfermo imaginario estaba justificado, porque cualquiera que fuese la dolencia, siempre había una cura: la sangría y ésta, en sí misma, era el anuncio de una próxima misa de difuntos, lo que el yacente no ignoraba. Pero, aunque la medicina ha avanzado, al parecer, muchísimo, e incluso es ya una honorable “ciencia”, gracias al método experimental introducido por Claude Bérnard a mediados del XIX, el análisis político todavía no ha llegado a la fase experimental de una etiología objetiva.

    Así que muchas dolencias de las sociedades se achacan a “cuerpos extraños”, “conjuros”, “sangre turbia”, “humores acuosos o vítreos”, “corrientes de aire fétido” y “palabras blasfemas”… o a las leyes torcidas y voluntades arbitrarias y caprichosas. Por supuesto, el médico pre-experimental, de modales escolásticos, que escribe las recetas en un latín aún más achacoso que su letra, nada tiene que envidiar al analista político español, cuyo vademécum es un anecdotario con ínfulas de “Summa” abreviada.

    El analista político español ve antes sus ojos un cuerpo político muy enfermo, moribundo, que hiede de lejos, como se dice que apestaba Felipe II en su lecho de muerte, se rasca la cabeza, resopla varias veces cuando los allegados al pre-difunto le solicitan información y se limita a declarar: “La cosa está francamente mal, tápenlo cuando tenga frío y no permitan que beba agua entre comidas. Una infección, cuyo origen desconocemos, se extiende por este desdichado cuerpo y le provoca calenturas y vómitos. Retiren el orinal cada vez que esté lleno y no aspiren el aroma corrupto que les hará torcer el gesto de la cara”.

    Al “cuerpo político español” le pasa algo semejante. Nadie se preocupa por la etiología, la medicina de tipo holístico está prohibida o mal vista entre gente aposentada sobre posaderas bien asentadas, así que los chamanes toman el relevo de los modernos médicos experimentales. Para cada dolencia, una causa, es decir, una verdad a medias que es peor que una mentira entera. Pero de tomar en consideración la totalidad del cuerpo como organismo íntegramente disfuncional e inarmónico, líbremos Esculapio y el señor de Secondat.

    Si la cabeza no rige y está vacía como bola rodante contra los bolos (la Monarquía como forma de Estado), si las extremidades están esclerotizadas y no pocas gangrenadas (organización del Estado en Comunidades autónomas), si el corazón bombea una sangre por arterias obstruidas por una sobreabundancia de colesterol malo (la forma de Gobierno), si los pulmones están resecos y osificados (el Parlamento), si en la córnea de los ojos las telarañas de las cataratas se han asentado como niebla perpetua (los medios de comunicación de masas), si el aparato locomotor y el sistema nervioso central están controlados por los reflejos de un cerebro lleno de tumores malignos inextirpables (la judicatura y el “poder judicial”), si hasta la facultad del habla sufre dislexias, anacolutos y ecolalias (el inframundo universitario y académico, Cebrián próximo Director de la RAE…), si…, entonces diremos, como buenos médicos, que “España se ha resfriado por el influjo del aire frío acumulado en los altos estratos de la atmósfera” y nada podemos hacer, salvo meternos debajo de una manta y sudar y pedir a mamá que nos haga un caldo de pollo bien caliente, aunque mejor de gallina, más espeso y sustancioso…

  5. Sr. Quiros: parece que no ha querido meterse con la regulación de la, mal llamada, Ley de Género. Ni con la de Memoria Histórica. Ambas mucho mas problemáticas que el aburrido tema catalán. Pero para enharinarse con esas dos cosas y el desastre, nunca aclarado, del 11 M, hay que tener muchos “trabucos” entre la ingles.
    Saludos disidentes