Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha manifestado su apoyo a la decisión del Gobierno de conceder indultos a los líderes del proceso secesionista, condenados por el Tribunal Supremo. Si esta decisión política, que contradice la sentencia e ignora el dictamen del propio Tribunal Supremo, sirve para que «las cosas se normalicen, bienvenido sea». Es más, Garamendi defendió que todo lo que sea «acercamiento y diálogo, es bueno»: Por supuesto, Garamendi mostró su total oposición a «las posiciones maximalistas y más radicales», que no es la del Gobierno revirtiendo el fundado dictamen de la justicia, sino las de aquéllos que creen que la sentencia no se debió haber revocado en ningún caso.
Después de hecha su deposición, Antonio Garamendi ha querido rectificar como los políticos. Les ha robado su manual, y ha recurrido a decir que quienes oímos o leímos sus palabras no le hemos comprendido o, más modestamente, que él no acabó de expresarse correctamente. La verdad es que el contexto de sus palabras lo marca la fecha en que las dijo, el 17 de junio. Entonces, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesitaba armar su anuncio extraparlamentario de esta decisión política. El apoyo de Garamendi fue un capote ante una opinión pública astifina y cabreada. ¡Y por parte de una institución de orden, Vive Dios!
Los empresarios españoles callan fieramente ante los grandes escándalos políticos de nuestro tiempo. No han levantado el mentón para mirar a la cara a España y señalar a sus enemigos
Es más, Antonio Garamendi no sólo dijo lo que dijo y no otra cosa, sino que ofreció con encomiable precisión el contexto político de la decisión de Sánchez. La normalidad que Garamendi alude como puerta de entrada al cielo de la prosperidad y la felicidad tiene una llave; es decir, una clave: “La clave de la normalidad es la estabilidad. Y la estabilidad política es posiblemente la más importante para que luego el mundo en el que nos movemos funcione de una forma adecuada”. Esa estabilidad consiste en que el Gobierno de Pedro Sánchez se mantenga, su permanencia en el poder depende de ERC, y la decisión de ERC depende a su vez de que Sánchez conceda los indultos. Lo cierto es que Garamendi no pudo ser más claro. No dejó resquicio a que se le interpretase mal.
Y aún así, falta una parte del contexto que permite con todos sus matices. Según se anunció el 23 de junio, dos días después del anuncio de Pedro Sánchez en el Liceu y seis después de que el presidente de la patronal apoyase la concesión de los indultos, el Gobierno concederá a Antonio Garamendi la Gran Cruz del Mérito Militar el 12 de julio de próximo transcurso. Quizás no haya ponderado del todo bien que esa condecoración puede caer sobre él como una cruz, puesto que todo el mundo entiende perfectamente los motivos por los que Sánchez se la ha otorgado.
La pública exposición de apoyo al Gobierno en asunto tan grave y polémico se hizo sin contar con la directiva de la CEOE. El cabreo dentro de la organización es apreciable, pero tras las oportunas explicaciones internas de Garamendi, la CEOE ha respaldado a su presidente como un solo hombre. Un hombre a quien el Gobierno hubiera aumentado las subvenciones de 2,5 a 15,3 millones de euros.
Y completamos así el cuadro de corrupción que protagonizan el Gobierno y la CEOE ante nuestros ojos. Es parejo a la corrupción asociada a la concesión de 25 millones de euros en ayudas al duopolio televisivo. El do ut des a la vista de todos, con el dinero de los españoles, y para oprobio de la justicia, última muralla de protección del ciudadano común.
Es una corrupción muy burda, que los españoles miramos con pasmosa indiferencia. En ese indigno negocio están los sospechosos habituales. El líder de UGT ha mostrado su apoyo sin mácula al líder de la patronal, y ha condenado con duras palabras a quienes le han criticado: «Ha sido un linchamiento indigno»: Porque lo digno, para la UGT, es cobrar en subvenciones la adhesión a la estrategia política del Gobierno.
Pero hay otra corrupción taimada, más eficaz, que no es la de las grandes ocasiones como la concesión de los indultos, y que forman parte del callado quehacer diario de los empresarios españoles. Tiene como instrumento las partidas de los Presupuestos Generales del Estado, más los de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, pero no es ni el único ni el principal. Una regulación por parte del Gobierno puede llevar a un sector a la ruina o a asegurar su negocio durante décadas. Una regulación puede suponer la imposición de barreras infranqueables para las pequeñas y medianas empresas, lo que asegura que las grandes no tendrán que enfrentarse a su competencia. Son cuestiones que sólo entienden los interesados, y que no le llegan al gran público más que como grandes avances sociales en materia medioambiental o de igualdad.
Por eso Antonio Garamendi apoya los indultos, pero sobre todo por eso los empresarios españoles callan fieramente ante los grandes escándalos políticos de nuestro tiempo. No han levantado el mentón para mirar a la cara a España y señalar a sus enemigos. La Constitución y la misma continuidad de la nación están en juego, y ellos se han mantenido silentes con denuedo, con una voluntad férrea de evitar las palabras que señalen cualquier amenaza a la nación y a las leyes que hacen todavía de España un país digno.
Foto: Fundación Cajasol.
