La pasada semana, como desmintiendo que escribiese en el diario El País, el periodista Daniel Gascón escribió un breve artículo defendiendo la libertad de expresión. Vito Quiles y el precio de la libertad, se titula el artículo. Es un bien precioso, ya lo decía el manchego, pero además preciado. Su porfía nos impone renuncias; costes, en el tosco lenguaje de los economistas. Si tenemos libertad, tendremos que pagarlo con el degradante uso que de la misma hacen algunos de nuestros compatriotas. En fin, ya lo dije en un artículo, destruido como todo el contenido de aquél Factual, hace ya quince años: la libertad de expresión no es el derecho de escuchar las mentes más brillantes y los corazones más nobles del coro humano. Consiste en permitirles a todos la facultad de compartir lo que deseen. Y la palabra “todos” nos somete a la disciplina de compartir ese bien con lo peor de nuestra sociedad. No hay gema sin escoria. “La libertad exige sacrificios odiosos, pero la alternativa es peor”, concluye Gascón.
Entre los sacrificios ociosos está la contemplación del triste espectáculo que ofrece sin excepción Bertrand Ndongo. Es un hombre de partido. Es un activista. Es un periodista. Tres afirmaciones que, en tiempos mejores, se desmentían mutuamente. Vito Quiles nos impone su propio espectáculo, pero en su caso no es siempre degradante. Sólo lo es cuando lanza noticias sin sustento, vulgo mentiras, siempre con un trasfondo conspiranoico. Pero también hace preguntas (im)pertinentes. La Asociación de Periodistas Parlamentarios, APP, llama a esa actitud inquisitorial “provocaciones e insultos”. Y clama por ejercer el periodismo con lo que denomina “respeto”.
Desde la expulsión de Vito Quiles del Congreso hasta el nuevo modelo de control “a la china”, todo apunta a un mismo destino: menos libertad, más obediencia
Ese “respeto”, llevado a su perfección, condujo a la APP a conceder el premio a la mejor relación con la prensa a José Luis Ábalos. Eran los días en los que Ábalos (que ya había sido premiado por la APP en 2017), atacaba sin miramientos a la periodista Ketty Garat, y la llevó a los tribunales por publicar informaciones veraces. Esa es la relación de los políticos con la prensa que quieren los periodistas parlamentarios.
El Parlamento ha aprobado una normativa que permite revocar la acreditación a los periodistas que “intimiden” a los diputados, y con ese argumento le han cerrado las puertas a Quiles. La reglamentación está firmada por varios partidos con una relación conflictiva con la libertad de expresión: el PSOE, Sumar, ERC, Junts y el PNV. Se le suma Bildu, expresión política y legal de la banda ETA. El Partido Popular, otro héroe de la libertad de expresión, no critica el fondo de la medida, sino su procedimiento.
Es Quiles el protagonista, también, de otro hecho que tiene que ver con la libertad. Vox ha convertido Torre-Pacheco, donde españoles de todos los rincones de nuestro país acuden a zurrar a los moros, en un caladero de votos. No sabemos si el partido apoya a las masas enfurecidas, pero esta cuenta con su bendición. Quiles seguía el asunto con su discurso sencillo, directo, sin concesiones a la sutileza. Y el sutil Gobierno de Sánchez ha enviado a la Guardia Civil a expulsarlo del lugar.
Estos últimos eventos, coincidentes en el tiempo, se producen mientras avanza el proyecto del gobierno de asumir una política china hacia el periodismo. El gobierno amigo de Sánchez otorga licencias que permiten ejercer el periodismo. Si un profesional se sale del tiesto, le retiran la licencia, y no puede ejercer su oficio. Allí no existe la figura del periodista independiente. Sánchez quiere una regulación del periodismo con características españolas.
Para obtener jìzhě zhízhào, o licencia de periodista, el gobierno exigirá dos condiciones. Una de ellas es dedicarse profesionalmente a ello. ¿Con qué criterio? ¿Los ingresos? ¿La licenciatura? ¿El visto bueno de las asociaciones de jìzhě, como la FAPE? La segunda condición es la información sea “veraz” y “de interés público”. De nuevo, no queda claro quién será el juez de todo ello. La intención está clara, pero su formulación exige un ejercicio de ambigüedad que ampare la arbitrariedad deseada. Contra Vito Quiles, pero no contra Facu Díaz.
La información sobre los planes del gobierno se la debemos a InfoLibre, y a su periodista Fernando Varela. Él nos ayuda a entender cuáles son los perfiles de la nueva ley: “Imaginemos dos personas. La primera trabaja en una web informativa, cubre tribunales y redacta crónicas judiciales. Tiene contrato o trabaja de manera autónoma con ingresos estables por esta labor y sigue normas éticas, verifica sus fuentes, y firma sus textos. La segunda tiene un canal de YouTube donde habla de política. A veces acierta con primicias, pero no verifica fuentes. Su objetivo es influir en la opinión pública y monetizar visitas y no trabaja bajo normas deontológicas ni con control editorial externo. La primera sería periodista; la segunda no”.
Es todo arbitrario. Porque el primero quiere influir. El primero puede no verificar sus fuentes, y el segundo sí. La diferencia entre una web y un canal de YouTube es meramente tecnológica, no informativa. ¿Qué diferencias esenciales podemos distinguir entre uno y otro? Ninguna. Lo que más se acerca es que el primero trabaja en un medio que recibe subvenciones, y es controlable, y el segundo no las necesita.
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