La lectura más sentimental sobre la inminente regularización masiva de 500.000 inmigrantes la resumió el periodista Carlos Alsina con una frase: «La diferencia entre la tranquilidad de tener tus papeles en regla y la intranquilidad de temer que cualquier día te puedan deportar».
Es humano sentir empatía por esa angustia. Nadie en su sano juicio desea que alguien viva mirando por encima del hombro, temiendo una llamada a la puerta. El problema no es el deseo de tranquilidad; el problema es a costa de quién y de qué se compra esa tranquilidad. Porque las regularizaciones masivas no son neutras, ni justas, ni inocuas. Son decisiones políticas que premian una conducta y castigan otra.
Los efectos previsibles de una regularización masiva en un país con graves problemas estructurales no son la integración y la armonía, sino tensión acumulada
Toda regularización masiva introduce una discriminación contra quienes han llegado de forma legal. Personas que han respetado las reglas, soportando un calvario burocrático que puede durar años, con altos costes económicos y psicológicos. Personas que han seguido los cauces administrativos y que han descubierto, con perplejidad, que residir y trabajar en España de manera legal es un proceso infernal, a menudo cercano a lo imposible. Esta es la realidad que se silencia: la de una Administración que parece estar diseñada a propósito para disuadir sistemáticamente a las personas honradas y capacitadas de escoger España como destino.
Mientras el aparato burocrático funciona con una eficacia kafkiana para bloquear, retrasar o disuadir al inmigrante legal, con requisitos cambiantes, plazos interminables e inseguridad jurídica, se muestra sorprendentemente tolerante con la entrada y permanencia irregular. A quienes cumplen las normas se les somete a un vía crucis administrativo; a quienes las eluden, se les recompensa periódicamente con una regularización sin apenas requisitos. De esta forma, la ley deja de ser un marco común para convertirse en una mera recomendación revisable a posteriori según la conveniencia política del momento. No es integración: es cinismo.
Luego está el problema de escala. Regularizar a medio millón de personas de golpe hace materialmente imposible mirar caso por caso. No es una sospecha maliciosa; es aritmética pura. El sistema se desborda y, por tanto, renuncia a distinguir. Se mezclan inevitablemente historias de esfuerzo y arraigo con trayectorias mucho más problemáticas. No porque la inmigración sea mala en sí misma, toda población humana es heterogénea, sino porque renunciar a cualquier filtro selectivo tiene un coste real: personas que ya han mostrado conductas conflictivas, otras que las desarrollarán después, y un volumen significativo que acabará dependiendo netamente de un sistema de bienestar ya está bastante tocado.
Cuando se incentiva la inmigración irregular con medidas de gracia masivas, la renuncia a evaluar antecedentes, trayectorias o capacidad de integración no es un error: es una decisión política consciente. Y sus consecuencias no recaerán sobre quienes toman la decisión, sino sobre los vecinos de los barrios más populosos y sobre los servicios públicos.
España tiene una economía real debilitada, una altísima tasa de paro crónica, un mercado laboral con baja productividad y unos servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, servicios sociales) ya muy por encima de su capacidad. Introducir de golpe a cientos de miles de nuevos beneficiarios en ese sistema, sin transición alguna, no lo hace más solidario: lo hace más frágil y más injusto. Es estirar más una cuerda que ya está a punto de romperse. Y cuando el sistema falle, no lo hará de manera abstracta. Lo hará con listas de espera imposibles, aulas saturadas, barrios degradados y una competencia creciente por recursos que, como la vivienda, ahora mismo ya son muy escasos.
Todos queremos tener buenos sentimientos. Casi todos los tenemos. Pero la tranquilidad de unos no debería comprarse al precio de la inseguridad jurídica, económica y social de otros. Ni de los inmigrantes que cumplen la ley, ni de los vecinos que ven degradarse sus barrios, ni de los contribuyentes que sostienen un Estado cada vez más insostenible y menos eficaz.
La política no puede evaluarse por sus supuestas buenas intenciones, sino por sus efectos reales. Y los efectos previsibles de una regularización masiva en un país con graves problemas estructurales no son la integración y la armonía, sino tensión acumulada.
Precisamente porque esos efectos son previsibles, cabe preguntarse si estamos ante una decisión simplemente demagógica o ante un cálculo más perverso.
Si bien la tesis de que esta regularización se traducirá en votos para el Gobierno de cara a las próxima Generales no encaja con el calendario electoral, habría otra hipótesis más inquietante y verosímil.
Pedro Sánchez sabe que muy probablemente perderá el poder en las siguientes elecciones. Pero también es consciente de que las consecuencias de las decisiones estructurales que tome hoy no se pagarán ahora, sino en la siguiente legislatura. En base a esta lógica, no regulariza para ganar votos de cara a las generales de 2027, sino para condicionar al próximo gobierno.
Sánchez estaría dejando una bomba con temporizador cuyo reloj correría en contra del próximo gobierno: una sociedad cada vez más tensionada, servicios públicos aún más desbordados, un mercado de vivienda más asfixiado, mayores problemas de convivencia y una sensación generalizada de deterioro e irritación social. Un terreno especialmente propicio para la movilización de la izquierda, históricamente mucho más eficaz que la derecha a la hora de rentabilizar el conflicto, la agitación y la protesta en la calle.
En definitiva, esta regularización masiva sería una herencia envenenada para un futuro gobierno (previsiblemente de derechas) obligado a gestionar los efectos de una decisión anterior, en un país con la economía tocada y el Estado deteriorado. Un escenario de inestabilidad social muy aprovechable para quienes son expertos en incendiar las calles.
No sería la primera vez que el poder, al intuir su final, decide no ya practicar la política de tierra quemada… sino algo peor: dejar programado un incendio.
Imagen generada con IA.
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