Kristina Sundquist, médico, es investigadora de la Universidad de Lund. Ha elaborado 723 artículos científicos, sola o en colaboración con decenas de otros científicos. Son dos décadas de trabajo en esa literatura abominable para el lego, pero apasionante para el especialista, que observa cómo se resuelve uno de los pequeños misterios que crea la vida en común, en el aspecto sanitario.
Algunos, claro, no son tan pequeños. Kristina Sundquist, alarmada por el importante aumento de las violaciones en su país, decidió estudiar qué factores se asociaban a la comisión de delitos sexuales. Para ello, la autora, junto con los otros coautores, recabaron los datos que consideraron que podrían asociarse con mayor frecuencia a la comisión de esos delitos sexuales: los que describan su estatus social, o económico (como el desempleo), o los que se refieran a su salud. En un segundo nivel de análisis, los profesores recogieron otros datos de control, entre los que se encontraba la condición de inmigrante.
Nadie ha puesto en duda los datos anonimizados utilizados por los profesores. Nadie ha criticado su metodología. Nadie se ha planteado que, de algún modo, las conclusiones del artículo pudieran estar equivocadas. Lo que se considera inaceptable es precisamente que las conclusiones sean buenas
Investigando la situación en su propio país, pero como si lo hicieran desde otro continente, los autores no consideraron que la inmigración tuviese una clara relación con la comisión de estos delitos. Y, sin embargo, esta es la principal conclusión del artículo, publicado en febrero de este año.
Insisto en que el planteamiento es un poco australiano, por lo del otro continente, porque la relación de un comportamiento (cometer violaciones) y un grupo social (los inmigrantes), es una cuestión que está en la calle. Y por muy encerrado que esté un científico en su torre de marfil, es complicado que no le lleguen los ecos de esta cuestión.
Los autores estudian 3.039 violaciones entre los años 2000 a 2015; es decir, antes de la última gran riada de inmigrantes al país. En verdad, no estudian lo que son estrictamente violaciones, sino lo que entra dentro del epígrafe “rape+”, que además de estos violentos delitos sexuales se incluyen los intentos de violación y otros casos cercanos.
Así, los datos muestran que los violadores suecos cuyos padres también son suecos cometieron el 40,8 por ciento de las violaciones, y que el resto eran suecos de origen foráneo, o extranjeros. Casi la mitad, el 47,7 por ciento de los delincuentes, nacieron fuera del país. De ellos, un tercio, el 34,5 por ciento, proceden de Oriente medio y África del norte, y un quinto, el 19,1 por ciento, del resto de África. Es decir, que del conjunto de los violadores, el 16,4 por ciento proceden de Oriente medio y Norte África, y el 9,1 por ciento del resto del continente africano.
La feminista, y activista por los derechos humanos, Ayaan Hirsi Ali, recogió en abril de este año las conclusiones del estudio. E invitó a los lectores a que tuviesen en cuenta que los extranjeros son el 19,7 por ciento de quienes viven en Suecia, por lo que es más probable que cometa una violación un extranjero, sobre todo si procede de ciertas áreas del mundo, que un nacional.
De hecho, se da la circunstancia de que Ayaan Hirsi Ali publicó un artículo en abril de este año en el que se lamentaba de que no había estadísticas fiables al respecto. El preocupante aumento en el número de violaciones ha seguido a la llegada masiva de inmigrantes en 2015. Hirsi Ali, feminista, activista en favor de los derechos humanos, intentó estudiar esta cuestión para su libro Prey. Pero no supo encontrar datos fiables al respecto. No eran públicos.
El objetivo de que esos datos no fueran públicos es el mismo que está detrás de la prohibición a los medios de comunicación de que mencionen el origen de las personas detenidas o condenadas por la comisión de algún crimen: evitar que se asuma por parte de la opinión pública que hay alguna relación acusada entre los crímenes y los inmigrantes. O, por decirlo más claramente: para evitar que se crea, o incluso que se sepa, que un inmigrante cometerá determinados crímenes con más frecuencia que un nacional. Y evitar, de este modo, que los suecos actúen con especial cuidado ante la presencia de un inmigrante, o que le discriminen en algún sentido con su comportamiento.
También se quiere evitar que los suecos voten a partidos a los que, a todas luces, no deben votar; esos partidos que están a la derecha pero que resuelven los problemas como los partidos de izquierdas: ¿Hay que subir los salarios más bajos? Los prohibimos con leyes de salario mínimo. ¿Es necesario que el alquiler no sea demasiado caro? Imponemos límite a las rentas de alquiler. ¿Que queremos controlar el número de violaciones? Ponemos barreras a la llegada de los inmigrantes. Es la misma mentalidad estatista, la misma política de brocha gorda, a izquierda y derecha.
Que los inmigrantes, y en particular los procedentes de Oriente Medio y del Magreb, cometen violaciones con mayor frecuencia que otros ciudadanos que viven en Suecia es el secreto guardado con más celo y menos éxito que pueda imaginarse.
Esta es la situación en la que se ha publicado el artículo de Sundquist et al. La sociedad sueca puede asumir que todo el mundo sepa lo que todo el mundo sabe, pero no admite que una institución pública y respetable contravenga la verdad oficial. Y la respuesta no se ha hecho esperar.
Ahora, los profesores que firman el artículo se enfrentan a un proceso que puede truncar su carrera académica. El artículo ha sido enviado para que lo analice el Consejo de apelaciones de revisión ética. El motivo es que los investigadores no tenían el privilegio de acceder a “información sensible”; es decir, no se les concedió la “licencia ética”, que es la que da acceso a la información que Ayaan Hirsi Ali buscaba, pero no pudo encontrar.
“Licencia” hace referencia a que el Gobierno decide quién utiliza información que debería ser pública, y “ética” a que el uso de esa información no debe estar al servicio de mensajes que, ciertos o no, van en contra de la verdad oficial.
Ardavan Khoshnood, coautor del artículo, se defiende ante el tribunal de opinión, alegando que ellos no querían toparse con esas conclusiones: “El propósito del estudio no era averiguar cómo influye la inmigración. Sorprendentemente, esta variable resultó ser bastante importante y no sabíamos de antemano qué mostraría el estudio. Queríamos crear un perfil del perpetrador, saber quién es el perpetrador típico”. El problema es que acabaron encontrándolo.
Mats Persson, diputado del Partido Liberal, ha pedido que no se sancione a los autores por elaborar y publicar este artículo. Y ha dicho que si es el caso, acabará afectando a la libertad con la que otros investigadores realizan su trabajo.
Nadie ha puesto en duda los datos anonimizados utilizados por los profesores. Nadie ha criticado su metodología. Nadie se ha planteado que, de algún modo, las conclusiones del artículo pudieran estar equivocadas. Lo que se considera inaceptable es precisamente que las conclusiones sean buenas.
Esta es la cultura de la cancelación imponiéndose en la Universidad en la civilizada Suecia. Y no es un caso de espiral del silencio.
Foto: Nolan Simmons.
