La reciente reforma del Código Civil efectuada por el gobierno socialista mediante la aprobación del Real Decreto Ley 9/2018, de 3 agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género, ha suscitado un enconado debate tanto sobre su inconstitucionalidad, como sobre los efectos y consecuencias de alguna de las medidas que en el mismo se contemplan.

Respecto a la inconstitucionalidad y al alcance jurídico de la reforma, me van a permitir recomendarles la lectura de un artículo de un blog de una compañera, Verónica del Carpio (@veronicadelcarp), que lo explica y desarrolla brillantemente.

La nueva norma faculta a una administración que no es la de justicia a otorgar la condición de víctima, sin presunto delito ni autor

El presente artículo tiene por objeto analizar una serie de cuestiones conceptuales que suscita la reforma desde el punto de vista de su encaje en el actual sistema de instituciones jurídicas y los principios que lo inspiran: la posibilidad de que, al margen del poder judicial, la administración considere acreditada la condición de víctima de violencia de género, sin necesidad de un procedimiento judicial paralelo, y sin existir un presunto responsable penal del mismo. O lo que es lo mismo: la nueva norma faculta a una administración que no es la de justicia a otorgar la condición de víctima, sin presunto delito ni autor.

El artículo controvertido de la reforma en el que me voy a centrar es la modificación del art. 23, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Artículo 23. Acreditación de las situaciones de violencia de género.

Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñaran, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género.».

En resumen, esta norma permite considerar acreditada la condición de víctima de maltrato, a los efectos de acceder a determinados derechos, con fundamento tanto en lo actuado en el seno de un proceso judicial (como ocurría antes de la reforma), como además al margen de la propia administración de justicia, en base a informes puramente administrativos, como servicios sociales, y de manera bastante inconcreta “por cualquier otro título”.

La declaración de responsabilidad corresponde a uno de los poderes del Estado, el judicial, y debe realizarse en el seno de un proceso con todas las garantías, como la presunción de inocencia o el principio de contradicción

En nuestro sistema penal, el delito se define como aquella acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley. Esto es, requiere una acción contemplada en la ley penal de la que resulte responsable un sujeto que lesione un bien jurídico (de lo que resulta la condición de víctima).

Resulta inconcebible, en consecuencia, que exista una víctima de delito si previamente no hay un sujeto responsable. La declaración de responsabilidad corresponde a uno de los poderes del Estado, el judicial, y debe realizarse en el seno de un proceso con todas las garantías, como la presunción de inocencia o el principio de contradicción.

Tanto la anterior regulación, como la reforma, no hablan de que se acredite el delito de violencia de género sino la situación, lo que ha permitido a muchos argumentar que el hecho de que un órgano de la administración como los servicios sociales considere que una persona ha sido victima de violencia de género no tiene trascendencia penal alguna. Que antes de la reforma también se emplease el término situación para referirse al presunto delito no tiene la misma relevancia que con la redacción actual, pues anteriormente la acreditación de la situación se hacía con fundamento a lo actuado en el seno de un procedimiento judicial, en el que el presunto autor era parte y, por lo tanto, quedaban garantizados todos sus derechos.

En el momento en el que la reforma sustrae del ámbito de la justicia la acreditación de la situación de violencia de género, y la traslada al ámbito administrativo, el presunto autor queda al margen del procedimiento, en el que ni siquiera interviene como parte interesada, a pesar de que el resultado del mismo previsiblemente le suponga cargar con el estigma social de maltratador. Argumentar como han hecho muchos que sus derechos están garantizados porque contra las decisiones administrativas cabe recurso es falaz, en la medida que de la norma no se desprende la necesidad de que el autor del maltrato sea parte, y porque además la jurisdicción competente para resolver sobre la existencia de maltrato no es la contencioso administrativa. Se vulneran así los principios de defensa y de contradicción, pues para tomar la decisión ni siquiera existe obligación de escuchar al autor, que socialmente deja de ser presunto en el momento en el que un informe reconoce la condición de víctima.

Se deja la puerta abierta a que sean la sociedad y los medios quienes, como tribunales populares, dicten sus propias sentencias

La ley podía haber evitado este problema con la exigencia de que esta acreditación en sede administrativa fuese de la mano de un procedimiento penal. De esta manera, la víctima de violencia de género accedería a los derechos que prevé la ley, además de con la orden de protección o el informe del Fiscal, con fundamento en los informes administrativos, garantizándose así tanto su protección y derechos como los del presunto autor. Además, puede considerarse que el hecho de que no sea requisito la existencia de un proceso penal en paralelo, priva al presunto autor de hacer uso de instrumentos jurídicos como la querella por denuncia falsa o por calumnias, y abre la puerta a escenarios legalmente complejos.

Desde el momento en el que el proceso judicial es innecesario y la violencia se acredita en sede administrativa sin intervención de todas las partes implicadas, se está creando una suerte de justicia penal paralela, donde se eluden las garantía penales y procesales, se subvierte la presunción de inocencia y se deja la puerta abierta a que sean la sociedad y los medios quienes, como tribunales populares, dicten sus propias sentencias con fundamento en informes administrativos que no tienen la consideración procesal de prueba, llamando situación a lo que no puede ser otra cosa que un presunto delito.

Quizá esta sea la forma que se le ha ocurrido a Carmen Calvo para evitar que, como dijo, los delitos de violencia de género puedan ser objeto de interpretación por los jueces: eliminándolos de la ecuación.

Foto PSOE Extremadura

22 COMENTARIOS

  1. Desde la párvula perspectiva de C.Calvo se puede legislar cualquier cosa, pero la realidad nos dicta lo contrario.
    La Ley no es de nadie, diría usted Dª Carmen, pero nos incumbe a todos y por tanto no se puede improvisar el marco legislativo y menos en el despacho de Napoleón Sánchez al albur de cualquier disparate. La Ley en almoneda ¡más madera!
    Legislar acerca de algo cuyo producto devenga en “violencia de género” ya es una aberración semántica. Yo no tengo claro de que estamos hablando. Me acuerdo de los vendedores callejeros que ofrecían “género barato”, refiriéndose al textil, “buen género” refiriendose a un buen paño, los esclavistas utilizaban esa jerga deleznable, y así mil ejemplos ¿Género humano o bovino? ¿Género alter especie? ¿!Qué, vive Dios, que quieren decir!? ¡ Ay de mi !

    “Mas pues son menester de varias telas
    varios hilos, que tanto urdir pretendo,
    dejo a Reinaldo en suerte semejante
    y vuelvo con su hermana Bradamante”. ( Orlando furioso ).

    La neolengua progre tiende a ‘magnificar’ las definiciones con dos objetivos, al menos: confundir y prefabricar un estado de ánimo.
    Cualquier tipo de violencia me parece repulsiva, y la que ejerce el más fuerte sobre el débil más todavía. La violencia contra los niños me parece la forma más extrema y cruel.
    Los políticos, y los socialistas en particular, son amantes de la jerigonza confundidora, de la germanía confusa, de navegar en la niebla sin norte ni brújula, improvisando el rumbo y encallando en todos los escollos; el problema es que en la nave España va mucha gente que no quiere billete para el Titanic.
    Legislar a contracorriente es navegar a la deriva. Es preferible una cierta libertad de movimiento y mensajes claros, como si hablaran para párvulos ( esto lo tienen que entender perfectamente ).
    Disidencia continua. No a la diarrea legislativa.

  2. En el Reino Unido hay cientos de tribunales de sharía, en los que clérigos extremistas sustituyen a la ley británica. En tiempos de Thatcher, la mera idea de que un tribunal islámico pudiera asentarse en el Reino Unido era ridícula; hoy es una realidad consolidada. Los disparates de hoy se convierten en “lo habitual” cuando la línea roja se ha cruzado demasiadas veces. Hoy son tildados de nazis aquellos que cuestionan que normas de la Arabia post-Mohammed rijan en el Reino Unido del XXI.
    Si aceptamos el doble baremo ahora, abrimos la puerta a que no haya más baremo que el que imponga cada organización en el ámbito social que controla.

    http://www.dailymail.co.uk/news/article-3348606/Sharia-councils-Britain-lock-women-marital-captivity-not-officially-report-domestic-violence-says-academic.html

    • La pena es que cuando les pillan robando no se les puede cortar la mano.

      Entonces se acojen a la ley “orsidental”.

      Cosas que pasan por dejar la Ley en manos do los idiotas

  3. Parece ser que Sánchez “el cobarde democrático” enunciado gran admirador de la maneras elegirlas de Chaves y Maduro. Esperemos que esta tortura democrática acabe pronto. Abra solo hace falta convocar elecciones, creo que el PSOE está en estos momentos en cincuenta diputados y bajando, asunto feo, podemos esperarnos cualquier cosa antes de las elecciones.
    Esperemos qué esta vez los españoles sean conscientes de lo que están haciendo con su libertad políticas e individual.

  4. Están sentando las bases para meternos en los infiernos bolivarianos. La “ley” la dictan ellos cada mañana o cada noche y, a la vez, acaban definitivamente con las clases medias con impuestos confiscatorios y elevando los niveles de paro. La cantidad de problemas que crean es tal que necestian ejércitos de funcionarios obedientes para extender la corrupción. Llevan muchos años de experiencia en Cuba y en Venezuela.

  5. Si los jueces del prostitucional fueran jueces no habría problema alguno.

    El real decreto es claramente inconstitucional. No hace falta ser doctor en dercho para verlo.

    El problema es qeu el prostitucinal ya dictaminó, por ejemplo, que todas esas leyes feminazis de la ideología de genero zapateril son constitucinonales.

    El problema no es ese decreto, (el dedo), el problema es quien va a decir que eso es superferolítico, o sea el prostitucional (la luna).

    Todos mirando el dedo cuando el problema es la luna.

    • Totalmente de acuerdo con su exposición. Tengo la peor opinion de nuestro mediocre tribunal constitucional. Sería mejor su desaparición porque hace más mal que bien y encima cuesta a los españoles mucho dinero. En cuanto a la legislación sobre violencia de género, atribución custodia de los hijos y otros asuntos relacionados con estos temas, he perdido totalmente la esperanza de que tengan una solución acorde a justicia en algún momento. Termino felicitando a la sra. Sánchez Baena su excelente artículo

  6. Magnífico artículo !

    Yo sólo quisiera añadir:

    1. Cómo España se ha convertido en una democracia de opereta. Basta que un mindundi, se llame Zp, Sánchez o Zsánchez consiga el poder para que haga o deshaga a su antojo con el estado de derecho. ¿ Se ha visto mayor abuso de que un gobierno, con poco apoyo parlamentario, use el procedimiento de urgencia del decreto-ley para reformar una ley organica con nocturnidad y alevosía, es decir, en período vacacional ?

    2. La izquierda va situando, poco a poco, el estado, donde ella quiere, a saber: que sea la política, ergo ellos, los que decidan sobre lo bueno y lo malo, sobre el bien y el mal. Les sobra el estado de derecho. Les sobra el poder judicial.

    3. Vuelven, los autollamados progresistas, a insistir en modificaciones legales que sobrepasan los límites constitucionales, en el asunto que ellos denominan “violencia de género”. Un esnobismo recientemente inventado y con el que pretenden generar un conflicto de intereses en el seno de las familias, porque en última instancia, su objetivo es acabar con la familia. Obvío, por obvia, mi solidaridad hacia cualquier mujer maltratada.

    España camina hacia el abismo; llevamos años haciéndolo, pero sólo parece, para muchos, que se visualizará el día que la quiebra económica alcance a sus bolsillos de lleno.

  7. Más allá de la “violencia de género” me parece que sienta un precedente muy feo. Otros delitos podrían entrar en esta clase de “tribunales”. Y así… a la porra el estado de derecho y la democracia y la vida misma.

  8. La discriminación se intensifica El hombre español ya tiene menos derechos que la mujer musulmana.

  9. De este modo queda directamente asociada la barbarie -desprecio de las normas jurídicas y el sentido común- con la mujer. Eso le tienen que agracdecer las mujeres a los brutos feministas.

  10. Y luego se extrañan y se duelen de que las califiquen como feminazis. Me parece a mí que como el marxismo ya ha demostrado a lo largo de su historia que no funciona, han optado por la vía de ataque del feminismo radical. Para lo cual no sólo cuentan con sus propias fuerzas, sino con el machismo que, desde luego en ocasiones mata, pero otras superprotege a la pobrecita e indefensa hembra que necesita desesperadamente la ayuda masculina. Desde luego, destruyendo el heteropatriarcado, con ello ya tienen bastante avanzada la demolición de las familias tradicionales en las sociedades democráticas. Parece mentira que con la de veces que les hemos visto enseñar la patita bajo la puerta no hayamos comprobado que son lobas de afilados colmillos, solitarias, frustradas… y por ello muy peligrosas. No les dejemos pasar ni una o nos espera un mal futuro. Tan malo como inexistente.

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