La corrupción que rodea al gobierno socialista y al propio presidente Pedro Sánchez está alcanzando tales dimensiones que, en comparación, el tristemente famoso entramado de los ERE de Andalucía va camino de quedar en simple anécdota.
La tipología de esta ola de corrupción es muy variada. Incluye la venta amañada de mascarillas en cantidades y precios desorbitados a diferentes administraciones durante la pandemia; un máster universitario impartido por la mujer del presidente en una universidad pública y otorgado, presuntamente, gracias al tráfico de influencias; la creación irregular de un puesto ad hoc como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz para que David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, tuviera una vida muelle a costa de los contribuyentes; la utilización de la Fiscalía General del Estado para filtrar datos confidenciales de la Agencia Tributaria de un particular para atacar a un rival político; la adjudicación amañada, mediante el pago de las correspondientes comisiones, de concursos de obras públicas, etc.
De entre todos estos escándalos destaca especialmente uno: la trama de los hidrocarburos
Tanto la lista de casos como sus modalidades es casi inacabable. Sin embargo, de entre todos estos escándalos destaca especialmente uno: la trama de los hidrocarburos. Este caso en concreto podría haber supuesto el mayor quebranto económico de todos, al menos 182 millones de euros de IVA defraudados en un negocio ilícito cercano a 900 millones. Se especula, además, que esta cantidad podría ser notablemente superior, puesto que el volumen total del petróleo comercializado excedería con mucho el estimado hasta el momento.
Una invisibilidad sospechosa
Las investigaciones de esta trama han revelado una estructura compleja que operaba en varios ministerios, utilizando licencias de operadoras para evadir impuestos. Los procedimientos judiciales han recopilado pruebas, incluidas comunicaciones entre los implicados, donde se pactaban reuniones y beneficios económicos a cambio de gestiones para facilitar permisos. Los tribunales manejan informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que incluyen pruebas documentales y testimoniales, como las declaraciones de testigos protegidos que han señalado pagos de hasta 600.000 euros y regalos de alto valor para asegurar la operatividad de la trama.
La trama utilizó empresas con actividad inexistente que desaparecían tras operar, reclamando devoluciones de IVA por importes no ingresados. Varios ministerios pudieron estar relacionados dado que hasta marzo de 2023 era relativamente sencillo obtener licencias para operar en este mercado. Estas facilidades normativas fueron aprovechadas mediante sobornos para construir un entramado del que también, aún indirectamente, podrían haberse beneficiado grandes petroleras.
Resulta chocante que las directivas europeas muestren tanto celo en reducir a importes ridículos las transferencias de dinero sin declarar entre particulares, para evitar posibles fraudes, y sin embargo negocios con movimientos de cientos de millones de euros pasen completamente desapercibidos a los sabuesos europeos
Cabe cuando menos preguntarse cómo Hacienda, que utiliza cruces de datos automáticos y sistemas de alarma bastante expeditivos, no detectó un fraude de esta magnitud antes de que llegara tan lejos. Por más que el entramado de empresas pantalla complique la detección de este tipo de fraude, en escándalos de esta magnitud parece lógico sospechar la complicidad de las instituciones a través de funcionarios clave. Este podría ser el caso de Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y, casualmente, ministra de Hacienda. Resulta que Moreno se compró un chalet en Cádiz con dinero de origen desconocido y «ajeno al matrimonio» justo después de pedir ayuda a Víctor de Aldama para invertir en bienes inmuebles.
La propia ministra Montero ha acabado reconociendo que su mano derecha se reunió hasta en cuatro ocasiones con Aldama a pesar de que durante varios días sostuvo que no se conocían de nada. Una vez demostradas las reuniones entre su número dos y Aldama, la ministra ha restado importancia a esta circunstancia declarando que «los ministerios tienen que tener contactos con empresarios para ayudar», lo que suena a tomadura de pelo.
Pero la trama de los hidrocarburos es todavía más relevante, no ya por los importes económicos y las posibles implicaciones de varios ministerios del gobierno socialista, sino por sus ramificaciones internacionales. Según la investigación, los implicados utilizaron entramados empresariales tanto en España como en otros países, principalmente en la Unión Europea, para blanquear dinero y evitar el pago de impuestos. Estas estructuras incluían empresas pantalla y transferencias internacionales destinadas a disimular el origen ilícito de los fondos. Países como Portugal, Malta y otros de la UE han sido mencionados como puntos de conexión en las operaciones financieras y logísticas de la trama.
El caso de los hidrocarburos no sólo revela la complejidad del entramado empresarial, sino también graves fallos en los mecanismos internacionales de supervisión y cooperación para detectar actividades fraudulentas de esta magnitud. Resulta chocante que las directivas europeas muestren tanto celo en reducir a importes ridículos las transferencias de dinero sin declarar entre particulares, para evitar posibles fraudes, y sin embargo negocios con movimientos de cientos de millones de euros pasen completamente desapercibidos a los sabuesos europeos. Por si esto no fuera suficiente, tampoco los extremadamente puntillosos sistemas de trazabilidad europeos se apercibieron de la entrada en el mercado de grandes cantidades de petróleo de origen irregular.
Esta absoluta inoperancia resulta llamativa. Los entramados de ingeniería financiera pueden complicar la detección de los fraudes, pero cuando estos alcanzan dimensiones extraordinarias, aunque sea complicado averiguar quiénes están detrás y cómo operan exactamente, que ninguna alarma se dispare, aunque ésta consista sólo en la intuición de algún funcionario, resulta raro, más aun tratándose de petróleo proveniente de un país, Venezuela, al que la UE impone fuertes controles sobre las transacciones y las inversiones en su sector energético y al que ha limitado las importaciones de petróleo.
Los tres Rodríguez
El caso de los hidrocarburos no se entiende sin la conexión con Venezuela, particularmente a través de la mano derecha de Nicolás Maduro y ministra del Petróleo, Delcy Rodríguez, que habría jugado un papel clave en las operaciones vinculadas a la trama. Según las averiguaciones, Delcy Rodríguez, en su calidad de figura central en el gobierno venezolano, habría facilitado acuerdos relacionados con el suministro y venta de petróleo. Entre los detalles destacables está la utilización de documentación presuntamente manipulada para justificar envíos de combustibles o crudo, e incluso, el uso de oro como parte de las transacciones ilícitas.
Delcy Rodríguez habría mantenido una relación estrecha con Víctor de Aldama, con quien se comunicaba directamente para gestionar estas operaciones. Las investigaciones han revelado detalles de esta connivencia, incluyendo mensajes que evidencian negociaciones para exportar recursos venezolanos de manera irregular hacia Europa y otros destinos, violando sanciones internacionales.
Lo más interesante es que los hermanos Rodríguez mantienen una relación muy estrecha con otro Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero, tan estrecha que el exjefe del gobierno español ha hecho lobby en Bruselas para que la UE elimine el veto a la vicepresidenta
Este nexo con Venezuela no solo implica a Delcy Rodríguez, sino también a otros actores del régimen venezolano… y de España, como Simón Zerpa, quien fue ministro de Finanzas y tuvo un rol destacado en Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Zerpa aparece ligado a esquemas similares relacionados con corrupción y lavado de dinero en la petrolera estatal. Casualmente, Delcy fue quien sucedió a Zerpa como ministro de Finanzas antes de hacerse cargo del de Petróleo. Delcy, además, tiene un hermano, Jorge Rodríguez, que es la mano izquierda del «hijo de Chávez» y que también ha sido ministro.
Pero lo más interesante es que los hermanos Rodríguez mantienen una relación muy estrecha con otro Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero, tan estrecha que el exjefe del gobierno español ha hecho lobby en Bruselas para que la UE elimine el veto a la vicepresidenta. La proximidad de Zapatero con los líderes venezolanos y su papel como enlace del PSOE da lugar a preguntarse cuánto conocimiento tenía de las actividades económicas ilícitas del régimen, porque resulta bastante difícil de creer que no supiera nada. Mi convicción personal es no ya que Zapatero supiera algo, sino que es una pieza clave.
Como guinda a este pastel están las frecuentes escalas de aviones oficiales Falcon y Airbus del Gobierno español en República Dominicana, lo que ha generado sospechas sobre posibles vínculos con actividades irregulares, especialmente con la trama de los hidrocarburos. Aunque el Ejecutivo asegura que solo ha habido seis viajes oficiales a República Dominicana desde 2019, datos de seguimiento de vuelos muestran hasta 59 escalas desde marzo de 2021.
Estas escalas no coinciden con actos oficiales y han sido motivo de requerimientos de transparencia, sin respuesta por parte del Gobierno. La falta de explicaciones detalladas sobre los vuelos en Falcon y, sobre todo, la negativa del gobierno a darlas, refuerza las dudas sobre su posible relación con las actividades de la trama, máxime cuando el sistema fiscal de República Dominicana permite recibir dinero del exterior sin declararlo, lo que facilita el lavado de fondos.
Mucho más que una mafia
Como decía al principio, los casos de corrupción que rodean al gobierno socialista y al mismísimo presidente Pedro Sánchez son numerosos y variados, pero el que tiene peor aspecto y con bastante diferencia es el de la trama de los hidrocarburos. No sólo por el quebranto económico, que podría superar con creces los 182 millones de IVA defraudado, y la cuantía total del negocio que asciende, por el momento, a 900 millones, sino sobre todo por sus ramificaciones y el número de agentes implicados, nacionales y extranjeros.
La reciente comparecencia voluntaria en el Tribunal Supremo del exsecretario general del Partido Socialista y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, donde éste se ha limitado a apuntar hacia abajo, y nunca hacia arriba, ha puesto en evidencia la estrategia del Gobierno de centrar el foco en la responsabilidad en Koldo García, un personaje en realidad menor, que ya el 30 de noviembre dio claras muestras de no estar por la labor de tirar de la manta al calificar la explosiva declaración de Aldama del día 21 de ese mismo mes ante el juez Moreno como un “intento de desestabilizar al PSOE”.
Aldama no sería un mero oportunista, sino un enviado. Un agente especialmente designado para poner en marcha y coordinar una trama de corrupción de dimensión transnacional en la que el PSOE de Sánchez sería una pieza clave, un cómplice imprescindible que se llenaría los bolsillos, pero no el verdadero cerebro
Esta estrategia concertada, donde Koldo, probablemente a cambio de determinadas promesas, se prestaría a ser el cabeza de turco, carga todo el peso de la prueba en lo que un único hombre, Aldama, pueda demostrar… o, lo que es más importante, esté dispuesto a demostrar cuando llegue el definitivo momento de decir toda la verdad y nada más que la verdad. Aunque algunos piensan que Aldama está dispuesto a cantar lo que haga falta, es aquí donde las cosas no están tan claras. En este sentido, la tranquilidad demostrada en los últimos días por la cúpula socialista no augura nada bueno.
Dudo mucho que Aldama acabe contándolo todo en lo que se refiere a la trama de los hidrocarburos, porque en este asunto hay demasiado en juego, para el propio Aldama… y también para terceros que, más allá del Partido Socialista, están acostumbrados a hacer lo que haga falta para cerrar bocas, como, por ejemplo, disparar a un Audi… por el momento, vacío.
Se suele calificar a Víctor de Aldama como nexo corruptor. Un tipo que, aunque muy bien relacionado con las más altas instancias del Partido Socialista, sería un outsider. Desde esta perspectiva, Aldama sería una suerte de pícaro que en un momento dado aprovechó la oportunidad de colarse dentro del círculo sanchista para, amparado por éste, hacer sustanciosos negocios repartiendo las ganancias con sus socios socialistas.
Sin embargo, esta visión del papel de Aldama es bastante corta e interesada. Aldama no sería un mero oportunista, sino un enviado. Un agente especialmente designado para poner en marcha y coordinar una trama de corrupción de dimensión transnacional en la que el PSOE de Sánchez sería una pieza clave, un cómplice imprescindible que se llenaría los bolsillos, pero no el verdadero cerebro.
La pregunta por tanto es quién envió a Aldama a cumplir la misión de convertir el PSOE en el instrumento de una mafia sin fronteras. Lamentablemente no he podido contrastarlo, pero fuentes solventes me han proporcionado unas siglas que coinciden con el nombre y los apellidos de un personaje bastante conocido. La cuestión definitiva, no obstante, es ¿a quién o quiénes sirve este personaje cuyo nombre y apellidos encajan con esas siglas? ¿Y por qué en Bruselas la presunta complicidad del Gobierno español con esta trama transnacional parece no sólo no molestar, sino que alguno de sus principales lobistas sigue paseándose por allí como Pedro por su casa?
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