Almeida es un hombre de su tiempo. Un político que despliega una forma de gobernar que, sin ápice de duda, conforma una corriente asentada en las denominadas democracias occidentales.

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Creo que cuando pasen los años y los historiadores, si es que por entonces queda alguno, pongan nombre a este período histórico, quizás esta época sea conocida como la «democracia totalitaria», y nuestro alcalde quede para el recuerdo como uno de sus máximos exponentes. Pudiera parecer exagerada mi afirmación, pero resulta que recientemente hemos conocido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que, a petición de VOX, anula las prohibiciones a la circulación en Madrid de los vehículos según su distintivo medioambiental. Una resolución judicial que rescata a cientos de miles de ciudadanos de las garras del ejercicio autoritario del poder, que a través de una ordenanza de movilidad limita derechos fundamentales como la libre circulación, la propiedad e, incluso, propicia la segregación por cuestiones económicas y que afecta tanto a los vecinos de Madrid como a los de otras localidades que pretendan acceder a la capital de España.

Almeida, como político abanderado de su tiempo, no ha dudado en ser uno de los mayores ejecutores de las corrientes totalitarias particularmente impulsadas tras la pandemia

Una sentencia que ha ocupado espacios en programas de televisión en horario «prime time», que ha abierto portadas de periódicos de toda condición y que ha sido objeto de encendidos vídeos de «influencers» y, que tal vez, no se haya entendido aún en toda su dimensión.

Esta sentencia resulta enormemente relevante más allá de su fallo porque explica, recrimina y pone coto al ejercicio del poder despótico de nuestros gobernantes. Sí, ese despotismo que choca frontalmente con nuestro cuerpo jurídico administrativo y que, en su esencia, se había construido bajo la premisa de la búsqueda del bien común.

Sentencia que, en fondo y forma, advierte de que en el ejercicio del poder las decisiones que limitan derechos deben estar medidas, suficientemente justificadas, quirúrgicamente seleccionadas y han de provocar el mínimo impacto posible sobre las personas más vulnerables para no atentar contra ese principio de «igualdad» tan apelado y, en la práctica, tan pisoteado.

Almeida, como político abanderado de su tiempo, no ha dudado en ser uno de los mayores ejecutores de las corrientes totalitarias particularmente impulsadas tras la pandemia. Y es que, cuando el poder comprobó la tolerancia de la mayoría de los ciudadanos a los encierros ilegales en los confinamientos, bajo la excusa de preservar nuestra vida, se abrió la espita a la limitación de nuestros derechos.

No es casual que el derecho a respirar aire limpio en beneficio de nuestra salud, citado como una verdad inamovible a suerte de acto de fe sin justificación técnica que lo avale, ha sido precisamente el argumento esgrimido por el Ayuntamiento de Madrid para aprobar las mayores restricciones a la circulación de vehículos ¡EN TODA EUROPA!, limitaciones que repercuten de forma directa y lastimera en la vida de las personas y en la economía, sobre todo de las PYMES y los autónomos.

Pero lo que deben saber los ciudadanos es que nuestro ordenamiento jurídico ampara la protección de los derechos que vulnera la ordenanza de movilidad y que el TSJM, con su sentencia, le dice a Almeida que así no se puede gobernar y que su obligación, en caso de tener que tomar acciones en el ejercicio de sus competencias, es garantizar que sus medidas estén suficientemente justificadas, estudiadas y seleccionadas entre diferentes alternativas con el fin de perjudicar lo menos posible a los ciudadanos.

Realmente, lo que dice la sentencia es que gobernantes como el alcalde Almeida no pueden aplastar nuestros derechos simplemente porque hayan sido elegidos en las urnas.

En el ánimo de los políticos seguidores de la «democracia totalitaria» está que los ciudadanos caigamos en la resignación y aceptación de estos «nuevos tiempos». Pero los que no estamos dispuestos a ser sometidos, debemos celebrar esta sentencia, ya que nos anima a seguir luchando por la libertad.

***Arantxa Cabello es concejal de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, funcionaria de carrera, licenciada en Económicas y Empresariales y máster en Dirección Pública.

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