La cárcel y las jubilaciones son dos servicios que el Estado ofrece y que, por distintas razones, se hayan ahora mismo bajo sospecha. Es muy bueno que se ponga en tela de juicio cualquiera de las prestaciones que nos ofrecen los poderes públicos, pero sería muy deseable que ese juicio crítico se hiciese con cierta agudeza.

Para empezar, es notoriamente insuficiente que nos fijemos en los fines que ambas instituciones proclaman, especialmente si no prestamos atención, al tiempo, a los resultados efectivos que ofrecen. Como es lógico, el Estado se presenta siempre ante sus deudos con las mejores proclamas, y lo hace ocultando no ya pudorosamente, sino de modo muy artero, el coste de sus servicios.

Si le preguntamos a un político o a cualquier servidor público, las prestaciones estatales están llenas de ventajas: casi se acercan a insinuar que nos dan mucho a cambio de nada

Si le preguntamos a un político o a cualquier servidor público, las prestaciones estatales están llenas de ventajas: casi se acercan a insinuar que nos dan mucho a cambio de nada. Obviamente, esto es falso, y la clase de explicaciones que insisten en los ideales sin molestarse en el cálculo simple de los efectos son parte de una enorme mentira, de un engaño interesado. No se descubre ningún secreto si se afirma que siempre que le preguntemos, por ejemplo, a un inspector de hacienda por las bondades de los impuestos obtendremos una loa interminable, incluso con cierta lírica, especialmente si el Estado se ha preocupado de garantizar a estos probos funcionarios una prima por productividad, por sacarnos cuanto puedan, como si fuesen agentes de una inmobiliaria.

Los impuestos se justifican en la teoría, por contribuir a la justicia social, las cárceles por la reinserción de los delincuentes y las pensiones por la solidaridad, pero, tras esas bellas intenciones, hay siempre algo más, y quienes ganan mucho con que no lo sepamos han demostrado una rara habilidad en ocultar tanto sus intereses como el importe exacto del negocio.

Dicen que la prisión permanente no se ha demostrado eficaz para disminuir el número de víctimas, sin embargo, jamás solicitarían la derogación de la ley de violencia de género, que no ha demostrado mayor eficacia

Estos días, por ejemplo, se ha discutido, en un clima intensamente pasional, si es oportuno derogar una determinada ley penal, y los partidarios del caso dicen que la prisión permanente no se ha demostrado eficaz para disminuir el número de víctimas, un razonamiento interesante, pero que no aplicarían jamás, por ejemplo, para solicitar la derogación de la ley de violencia de género, que no ha demostrado mayor eficacia.

Este argumento, manejado con una lógica tan torticera, sirve, por tanto, para encubrir otras intenciones, en particular para preservar el monopolio de la moral justiciera que se administra con el argumento de la reinserción, sobre cuya eficacia tampoco se indaga en extremo, y es que hay cosas que les parecen a estos defensores de la moral pública que están más allá de cualquier discusión.

El bien público es concebido por el pensamiento dominante como una variante del colectivismo, que nadie se preocupe por su caso, que el Estado se preocupa por todos

Fijémonos en las pensiones. El argumento de la solidaridad parece moralmente excelente, pero oculta un par de cosas, primero, que no hay solidaridad que valga cuando el pago se obtiene de manera obligada, y, en segundo término, que esa llamada a la solidaridad puede servir, en realidad, para reforzar la dependencia de los individuos respecto al Estado, para quitar de la cabeza a los ciudadanos cualquier preocupación sobre su futuro, y por eso se persigue con tozudez, cualquier plan privado de previsión.

Y esa maniobra de despiste se agrava cuando efectivamente ocurre, como ahora pasa, que la supuesta solidaridad intergeneracional, los jóvenes que trabajan pagan las pensiones de los viejos que ya no lo hacen, ya no provee la base suficiente porque la relación entre los trabajadores en activo y los pensionistas es ya notoriamente insuficiente para mantener esta pirámide financiera. Pero el bien público es concebido por el pensamiento dominante como una variante del colectivismo, que nadie se preocupe por su caso, que el Estado se preocupa por todos.

La izquierda que habita en todos los partidos se obstina en ocultar el hecho de que las previsiones públicas fallan, que muchos delincuentes acaban demasiado pronto en la calle y vuelve la burra al trigo sin que la reinserción obre apenas milagros

En ambos casos, la izquierda que habita en todos los partidos se obstina en ocultar el hecho de que las previsiones públicas fallan, que muchos delincuentes acaban demasiado pronto en la calle y vuelve la burra al trigo sin que la reinserción obre apenas milagros. Ocultan también que las pensiones van a ser muy pronto insostenibles con el esquema financiero que las funda. Estas ocultaciones ya no se pueden considerar ni siquiera malintencionadas, porque culminan la tradición básica de este tipo de políticos, hacer como que regalan los servicios, negar que los cobren, promover una gratuidad que es más falsa que una moneda de siete euros.

Si alguna vez hubiese un gobierno medianamente liberal en España, lo primero que debería hacer es separar el precio de los bienes de consumo de los impuestos con que se gravan, de forma que cuando cualquiera fuese a comprar un reloj de cien euros se encontrase con que debería pagar más de doscientos, lo que realmente vale más el suplemento impositivo que se llevan el Estado, las CCAA y los ayuntamientos. Esa pedagogía enseñaría a los ciudadanos más que cien tratados de Economía, aprenderían que es falso que el dinero público no sea de nadie, pues, por el contrario, es de todos, es nuestro, y que deberíamos aplicarle a su gasto, al menos, el mismo celo que ponemos con las cuentas de la comunidad de vecinos.

Claro es que ese día, comprenderíamos el recibo de la luz, y comenzaría la cuenta atrás de la indecible credulidad ciudadana frente a las bondades de lo púbico, de la inserción de los delincuentes, de la sanidad gratuita y de las ventajas de pasar de curso sin aprobar las asignaturas. Y eso, sería una desgracia para muchos, ¿no les parece?


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6 COMENTARIOS

  1. Soy pensionista y mi empresa cotizó religiosmente por todos mis haberes, los que cobraba en nómina y lo que no se ve, que es la parte empresarial. Por cierto mucho más que el máximo, qye debe estar, si no lo han bajado, en 2.400€ brutos. Pero por la crisis perdí mi empleo a los 60 años, como la mayoría de mis compañeros, que estaban en el nivel II y III de la tabal salarial. Tuve que pedir la jubilación anticipada a los 61 años, porque con 900€/mes no podía vivir.
    Que venga “el macho alfalfa” y su banda, en que hasta unos días decían. Que si eliminaban a los mayores de 45 años, ganaban por mayoría absolutísima y vendría “el paraíso proletario”. Quizá la Carolina Bescansa, una millonaria gallega con intereses en empresas de allí, como Televés y farmacéuticas, al cumplir los 46 se largó, no fuese, que acabara en las cámaras de gas.
    Lo de las pensiones ya estoy harto de escribir del tema. Aunque luego casi nadie me lea, porque no soy nadie. Los grandes culpables son la oligarquía de partidos del régimen. Tanto “la derecha” como la “izquierda” (de la derecha) han hecho de “lo público” un mantra, que se lo han grabado en la mente del español medio. Este problema viene desde hace más de 30 años. Ellos, que carecen de plan, de visión, del concepto de nación y de futuro, han hecho lo que hacen siempre, vivir al día y haciendo trampas. Entonces viene el “pacto” de Toledo, para que “el personal”, no se inquiete. Además aprobar aumentar las cotizaciones y percibir menos. Privilegios de casta aparte.
    Éste que suscribe, lo ha sabido y empezó a suscribir pólizas de ahorro. El régimen jamás se tomó en serio el asunto. Y ha sido al inútil Mariano al que le caído encima toda la mierda y la cobardía acumuladas durante 40 años. Tan admirador de Maggie Thatcher como era Felipe González. Siempre me pregunté por qué no copió su reforma del sistema de pensiones británicos.
    Los sindicatos son unos hipócritas y analfabetos. Se han opuesto, excepto en los últimos años, cuando han olido la quiebra del sistema de pensiones, a los fondos de pensiones de empresa, como se opusieron en la mía.
    Si el BCE corta el suministro de euros a la “cleptocracia de partidos” al “concepto discutido y discutible”. Tendrá que venir un general con los atributos bien puestos. A hacer una “reconversión” estructural del régimen a lo bestia. Cuando dos millones de vagos y maleantes, se vayan a la calle. No me dará ninguna pena. Bien seguros, que se sentían, cuando me “reconvirtieron” a mí.

  2. Magnífico.
    Nos sustraen por vía impositiva y luego de pagar el aparataje burocrático, con sus múltiples corruptelas, reparten migajas. Para colmo, tenemos que aguantar que se autoimpongan la medalla de la solidaridad.

    Así es el estado que nos hemos dado… dicen.

    El pueblo, el pueblo, todo por el pueblo y en su nombre, bajo el comunismo te decerrejaban un tiro.
    Hoy no hay tiro, pero si atraco al contribuyente a quemarropa, porque la solidaridad lo justifica todo, aunque prefieren no hablar de que el golpe de Estado catalanista, bautizado convenientemente como desafío separatista, es básicamente, un asunto de insolidaridad fiscal.

  3. De acuerdo con el autor. Nos venden la burra de que es papá estado nuestro valedor sin decir que la faltriquera de tan generoso benefactor se nutre de los bolsillos de los ciudadanos.
    La cosa se reduce, así, a lo bestia, en que para que unos puedan cobrar sin trabajar, otros deben trabajar sin cobrar.
    Y lo malo es que cada vez sale más a cuenta para muchos formar parte del primer grupo.
    Mal asunto.

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