El control de internet se realiza, en primer lugar, en los Estados Unidos. Varias organizaciones que regulan y estandarizan la red tienen allí sede, como es la ICANN o el IETF. Y allí tienen la sede las principales empresas de internet, como Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter… Por ello tiene especial importancia lo que se haga desde el gobierno federal, con sede en Washington.
En el repaso a la industria de la censura hemos observado que el pistoletazo de salida es 2016, en cuanto se vio que Donald Trump podía optar con éxito a la presidencia de los Estados Unidos. Hoy sabemos mucho más sobre el contexto político en que se gestó esa industria.
La expresión “Deep State” es una correcta metáfora que alude al funcionamiento autónomo de las burocracias, que utilizan su poder en favor de sus propios intereses, y en favor de los intereses de los actores que las han capturado
Los periodistas Michael Shellenberger, Matt Taibbi y Alex Gutentag escribieron un artículo en febrero de este año. El artículo se basaba en fuentes anónimas procedentes de la CIA, entre otros actores de la comunidad de inteligencia. La principal conclusión del artículo es que la CIA pidió a los “cinco ojos”, la alianza entre las agencias de inteligencia de Canadá, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda y los propios Estados Unidos, que vigilaran a los socios y asesores de Donald Trump, y que compartieran con Washington el resultado de sus pesquisas.
John Brennan, entonces director de la CIA, “identificó a 26 asociados del expresidente Donald Trump para que los Cinco Ojos los ‘toparan’”, según una de las fuentes consultadas por los periodistas. Toparlo quiere decir “establecer contacto o manipular”.
Un periodista, Dan Bognino, ya se había referido a esta trama en dos libros, titulados Spygate (2018) y Follow the money (2020). Según Elizabeth Stauffer, que recoge este testimonio, Bognino afirmó en este último libro que “en 2015, más de un año antes de que Brennan dejara la CIA para convertirse en el NeverTrumper más desquiciado de la administración Obama, su agencia recibía información de inteligencia sobre figuras relacionadas con Trump y agentes rusos conocidos o sospechosos de serlo”.
Barack Obama es el presidente que espió de forma masiva a los ciudadanos de los Estados Unidos, a los miembros de la Cámara de Representantes, a las agencias de información. Nos lo contó Glen Greenward desde The Guardian, gracias a una parte de los documentos desclasificados por Edward Snowden.
Todo ello nos ofrece contexto sobre la siguiente historia, que es mucho más importante de lo que pareciera si uno se limita a leer lo que dicen los medios de comunicación. Según otra de las revelaciones de Shellenberger, Taibbi y Gutentag, se creó en el seno de la Administración estadounidense una iniciativa para censurar el contenido de internet. El objetivo era evitar “otro 2016”; es decir, otro Brexit y, sobre todo, otro Donald Trump.
En el centro de esta iniciativa está la Cyber Threat Intelligence League (CTIL). Este organismo “comenzó oficialmente como el proyecto voluntario de científicos de datos y veteranos de defensa e inteligencia, pero cuyas tácticas con el tiempo parecen haber sido absorbidas por múltiples proyectos oficiales, incluidos los del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.
Aquí, en la CTIL, están todos: “Los documentos del denunciante describen desde la génesis de los modernos programas de censura digital hasta el papel de las agencias militares y de inteligencia, las asociaciones con organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación comerciales, y el uso de cuentas títere y otras técnicas ofensivas”.
Entre esas técnicas, cabe destacar “enmascarar la censura dentro de las instituciones de ciberseguridad y los programas de lucha contra la desinformación; centrarse en detener las narrativas desfavorables, no sólo los hechos erróneos; y presionar a las plataformas de medios sociales para que retiren información o tomen otras medidas para evitar que el contenido se haga viral”.
Cuando hablamos de “agencias militares”, hablamos también de empresas que contratan con esas agencias, y con los gobiernos estadounidense y británico, y a los que le va mucho en juego.
Dentro de la CTIL se decidió crear, en 2017, un “proyecto de contra-desinformación”, para “evitar otro 2016”. Se creó el grupo de trabajo MisinfoSec, cuyo nombre se cambió por el de Virality Project. Este grupo “creó una estrategia de censura, influencia y lucha contra la desinformación denominada Adversarial Misinformation and Influence Tactics and Techniques (AMITT)”. Pues bien, de acuerdo con los periodistas, AMITT asumió “un marco de ciberseguridad desarrollado por MITRE, un importante contratista de defensa e inteligencia que cuenta con un presupuesto anual de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares de financiación gubernamental”.
AMITT está detrás de la creación de DISARM Framework, una organización inspirada por la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo declarado es “la lucha contra la desinformación”. En este contexto, es la lucha contra los discursos críticos con la vacunación y contra los confinamientos. MITRE apoya el carnet de vacunación.
Ya tenemos el instrumento. Sólo hay que ponerlo a trabajar. Y comenzaron con los confinamientos: “El CTIL comenzó a rastrear y denunciar los contenidos desfavorables en las redes sociales, tales como las narrativas contra el bloqueo como ‘todos los puestos de trabajo son esenciales’, ‘no nos quedaremos en casa’ y ‘América abierta ya’”. Los periodistas siguen describiendo su labor con estas palabras: “Como parte de estos esfuerzos, CTIL creó un canal de información sobre contenidos para las fuerzas del orden. La organización también investigó a las personas que publicaban hashtags contra el bloqueo… y mantuvo una hoja de cálculo con los detalles de sus biografías en Twitter. El grupo también debatió la posibilidad de solicitar «retiros» y denunciar dominios de sitios web a los registradores”.
La CTIL entiende que es fundamental desacreditar a quienes tienen discursos inconvenientes, “como un requisito previo a censurarles”. Otra de sus actividades consiste en intentar convencer a los bancos que les nieguen sus servicios financieros, si lo que pretenden es organizar manifestaciones o eventos públicos.
Un documento interno se queja de que en el pasado, la gente se informaba sobre todo por los grandes medios, y en especial por las televisiones. Pero recientemente “se ha permitido que el control de los instrumentos informativos recayera en las grandes empresas tecnológicas, que se han mostrado felizmente complacientes y cómplices al facilitar a los operadores de la información el acceso al público por una fracción de lo que les habría costado por otros medios”.
La información muestra cómo desde la CTIL ven con nostalgia la gran cibermuralla china, que impide a sus ciudadanos acceder a información relevante de fuera. Pero entienden que adoptar un discurso de protección de la ciudadanía al estilo chino podría resultar inconveniente, y les pondría en un lugar muy vulnerable, pues es fácil decir que su actuación va en contra de la Primera Enmienda. Pero “el ethos es que si seguimos adelante, es legal. Y que no hay preocupaciones porque somos una ‘asociación público-privada’”.
Por otro lado, la CTIL está vinculada con la Cybersecurity and Infraestructure Security Agency (CISA), que estos tres periodistas, cuando sacaron conjuntamente los documentos de Twitter, ya vinculaban con la industria de la censura.
Pues bien, Racket News ha accedido a información gracias al protocolo de trasparencia con las comunicaciones públicas que sitúan a la CISA de nuevo dentro de la industria de la censura. De nuevo, aquí aparecen una multitud de actores: medios de comunicación, universidades, y el todopoderoso gobierno federal. CISA se coordinó con la Election Integrity Partnership (EIP) para “luchar contra la desinformación”.
¿Quién forma parte de la EIP? “El proyecto EIP es un proyecto académico independiente con sede en el Royal Military College de Canadá, la Queen’s University (Canadá) y la University of East Anglia (Reino Unido)”, según dice la propia página. Y apoyan esta iniciativa el Centro Carter, entre otras organizaciones.
Casi estoy oyendo a un avispado lector diciéndome: “Y si todo lo relacionado con la CTIL ocurría en 2017, 2018 y más tarde, ¿no pasó durante la Administración Trump?”. Sí, eso es correcto. Así como la expresión “deep State”, que es una correcta metáfora que alude al funcionamiento autónomo de las burocracias, que utilizan su poder en favor de sus propios intereses, y en favor de los intereses de los actores que las han capturado.
Foto: Peter Forster.
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