Me he tomado la molestia de seguir con cierta atención el asunto de Novak Djokovic y el Gobierno de Australia y tengo que decir que es un espanto. Asusta, da miedo ver y tomar conciencia de a dónde estamos llegando en nuestro mundo occidental.
El itinerario de los sucesos es más o menos conocido, aunque para tener mínimamente claro lo que ha ocurrido hay que navegar entre la zarza y la maleza de la desinformación. En efecto, el aquelarre mediático al deportista serbio ha sido uno de los mayores que se recuerden. Sólo he visto algo parecido con el estrambótico y provocador empresario Martin Shkreli, que yo recuerde. Nadie, nunca, ni siquiera el peor de los delincuentes que ustedes hayan podido conocer ha sido sometido a las acusaciones y vejaciones que se han dirigido al tenista estos días. Un auténtico escarnio público en el que han participado políticos, comunicadores, otros deportistas y hasta competidores directos.
Los portavoces del Gobierno de Australia han calificado Djokovic como peligro público, justificando la revocación del visado en los altercados que su sola presencia puede ocasionar en el país
Estos hechos, este exorcismo mediático, más allá del fondo del asunto evidencian seguramente muchas cosas, también el estado mental en el que nos encontramos como sociedad y nuestra perfecta preparación y disposición para aceptar o ir aceptando un régimen de corte totalitario donde las reglas, la verdad, el enjuiciamiento serio, riguroso y paciente nada cuenta ya. Sí, creo que estamos perfectamente preparados para implementar la tiranía en nuestras vidas. Al individuo Djokovic, que podrá caer mejor o peor, hay que agradecerle que nos haya permitido tomar conciencia de esto.
Las autoridades australianas concedieron un visado al tenista para participar en la competición deportiva. La normativa, según parece y es pacífico, permite diferentes opciones para entrar en el país, por lo que, contrariamente a lo que se dice, no es obligatorio estar vacunado ni para entrar en Australia ni tampoco participar en el torneo de tenis. Puede ser que Djokovic haya mentido respecto de su comportamiento y actuaciones, pero sus detractores es evidente que también mienten, con el agravante de que el primero lo puede hacer en interés propio, mientras que los otros lo hacen en perjuicio de la opinión pública, que si acaso es algo más importante.
Esas mismas autoridades, por los motivos que todos podemos imaginar, decidieron revocar (unilateral y sorpresivamente) esa autorización de entrada cuando el tenista se encontraba en pleno vuelo hacia Australia. Lo anunciaron a bombo y platillo, con declaraciones en directo y llamando a los medios de comunicación para que aumentaran la resonancia de la decisión. Lo que sucedió después del aterrizaje ya lo conocemos. Podemos calificarlo como trato denigrante, que es lo que fue.
Por suerte el Sr. Djokovic tiene dinero, mucho dinero. Recurrió a unos buenos abogados que impugnan judicialmente esa revocación, algo normal en un Estado de derecho e incluso conveniente. Entonces, el juez Kelly resuelve que la Administración australiana ha actuado de manera arbitraria, impidiendo a Djokovic el más elemental derecho de defensa y, por tanto, anula la decisión de las autoridades de inmigración. El tenista queda libre y se incorpora a su tarea. Es decir, se le reconoce el derecho a circular por el territorio australiano por decisión judicial y además se encuentra sano, no contagiado.
Un Estado y un Gobierno con evidente pulsión autoritaria no se iba a quedar aquí porque, además, ya sabemos que «el Estado siempre gana» y «un Estado no va a postrarse ante una persona por muy famosa y rica que sea». Este es tristemente el pensamiento de muchos de los demócratas contemporáneos, que confunden sistema democrático con Estado.
El caso es que se decide volver a revocar el visado y dejar al tenista sin permiso administrativo para permanecer en territorio australiano. Desconocemos obviamente los detalles de la argumentación ofrecida, aunque algunos documentos e informes han trascendido.
Ante esta nueva revocación, los abogados del Djokovic deciden impugnar judicialmente de nuevo. Es su derecho, y lo hace con solicitud de medidas cautelarísimas. Es decir, consideran que concurre periculum in mora y fumus boni iuri, o lo que es lo mismo, creen que la revocación causaría daños imposibles de reparar, como es lógico, y que la apariencia de buen derecho estaría de su parte porque horas antes el juez había decidido que la revocación previa había sido irregular y arbitraria. Se emplaza a que la autoridad judicial resuelva inmediatamente para aclarar la situación del tenista y se sepa si el lunes 17 puede incorporarse a la competición. Mientras tanto, el Open de Australia actúa correctamente, pues mientras se aclara su situación judicial le mantiene la inscripción.
El viernes vimos la audiencia en streaming y ha sido un horror. El juez Kelly, que permanecerá en Australia cuando todo esto pase, ha mantenido el tipo. En el sentido de que la defensa del Estado australiano era evidente que buscaba la escena de Djokovic detenido, a ser posible esposado y trasladado al aeropuerto. No lo han conseguido porque el magistrado ha considerado que quedaban aspectos por aclarar y ha emplazado a las autoridades administrativas australianas a no tomar ninguna decisión sobre el tenista hasta que haya una resolución firme. Puede decirse que «se ha quitado el muerto de encima» pero se ha echado el Estado de derecho a su espalda. Ha sido garantista y fiel a la primera resolución, consciente de estar ya ante un asunto muy envenenado. Política y mediáticamente envenenado.
Hoy sábado se decidirá, no si Djokovic es un héroe o un villano, si ha mentido o no, algo que es posible y puede tener sus consecuencias; más bien si las autoridades australianas han actuado procedimentalmente de modo correcto. Por lo pronto, contrariamente a lo que pretendían los abogados del Estado australiano, decidirá un órgano colegiado de tres jueces y no el Presidente de la Corte. Ya sabemos que a los políticos y gobiernos siempre les interesa que las decisiones que les afectan se resuelvan, a ser posible, por magistrados afines o por uno más o menos permeable, sin la determinación suficiente para, llegado el caso, ceder ante la presión.
En paralelo, mientras se sustancia un procedimiento judicial, los portavoces del Gobierno de Australia han calificado Djokovic como peligro público, justificando la revocación del visado en los altercados que su sola presencia puede ocasionar en el país. Esto no es una argumentación presentable. Da auténtico pavor ver cómo se solventan asuntos serios y complicados y cómo el poder no duda en apoyarse en la opinión pública y en los medios para conseguir sus objetivos, satisfacer sus deseos u ocultar sus propios errores.
Y todo esto sucede mientras la Corte Suprema de Estados Unidos ha impedido por ahora la intención de la Casa Blanca de establecer la vacunación obligatoria en centros de más de cien empleados, también mientras una juez española acaba de poner entredicho las propias vacunas y permite a una madre no vacunar a sus hijos por la incertidumbre científica, y el Comité de Seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos advierte de mielitis transversa tras la vacunación con AstraZeneca y Janssen.
No conviene ser tan vehemente. No hay que descartar esa incertidumbre científica y tampoco que, al final, tengan razón aquellos que piensan que sólo el tiempo nos aclarará la verdadera fiabilidad de los virales y la desproporción y carácter acientífico de las medidas sanitarias adoptadas en este tiempo.
Foto: Peter Menzel.
