“Los americanos de toda edad, condición y tendencia se asocian continuamente. No solo poseen asociaciones comerciales e industriales, de las que todos forman parte, sino que tienen también otras muchas de otro tipo: religiosas, morales, grandes y fútiles, generales y específicas, muy amplias y restringidas.
Los americanos se asocian para celebrar fiestas, fundar seminarios, construir albergues, erigir iglesias, difundir libros, enviar misioneros a los antípodas; crean hospitales, cárceles, escuelas. Por doquier, donde a la cabeza de una institución veréis en Francia al Gobierno, tened la seguridad de que en Estados Unidos veréis una asociación”. Así describe Alexis de Tocqueville en su Democracia en América su descubrimiento de la sociedad civil norteamericana.
El principio de subsidiariedad, auténtico baluarte para la defensa de la sociedad civil, tuvo una formulación —devenida clásica— en la encíclica Quadragesimo anno de Pío XI (1931), en la que se sostiene que: “Así como no es lícito quitar a los individuos lo que estos pueden realizar con las fuerzas y el ingenio propio para confiarlo a la comunidad, así también es injusto remitir a una sociedad mayor y más alta lo que pueden hacer las comunidades menores e inferiores”.
Los males comienzan cuando, en lugar de apelar a las energías y las iniciativas de los individuos y asociaciones, el Gobierno los sustituye
El principio de subsidiariedad puede formularse así: que el Estado haga lo que los ciudadanos no pueden hacer.
Para John Stuart Mill, en On liberty: “Los males comienzan cuando, en lugar de apelar a las energías y las iniciativas de los individuos y asociaciones, el Gobierno los sustituye”.
“Una de las grandes debilidades de nuestra época, sostenía Hayek, es la falta de fe y paciencia para crear organizaciones voluntarias para alcanzar los objetivos que se consideran importantes”.
Si los fundamentos de la democracia liberal establecían un gobierno limitado preservador de la libertad ciudadana y garante de la ley, desde sus orígenes hasta hoy el Estado no sólo ha aumentado sin cesar su dimensión económica y regulatoria (como se demostraba en artículos previos) sino también su presencia directa en ámbitos típicos de la sociedad civil cada vez más invadida por organismos públicos completamente alejados del principio de subsidiariedad antes formulado.
El número de empresas públicas que invaden el espacio propio de la sociedad civil no ha hecho sino crecer, innecesaria y perjudicialmente, hasta extremos desmesurados. Según ha investigado Juan Miguel de la Cuétara para un muy recomendable libro de próxima publicación, en 2014 se contabilizaban por el Ministerio de hacienda 18.921 organismos públicos. ¿Cuántos de ellos responden al principio de subsidiaridad? Seguramente muy pocos, o quizá ninguno.
Cuando el Estado compite con la sociedad civil y la expulsa de espacios que legítimamente le corresponden perjudica a toda la sociedad para beneficio de unos cuantos políticos o amigos de ellos, pues su eficiencia siempre es menor que la privada. En Suecia, la patria de la intromisión democrática del Estado en la esfera privada, después del fracaso cosechado por tales excesos han rectificado con resultados ejemplares.
Tras décadas de monopolio del Estado en sanidad y educación, la severa crisis que sufrió Suecia en los años noventa del pasado siglo (del 4º país mas rico del mundo pasó a ser el 14º) conllevó reformas en ambos servicios públicos: se abrieron a la competencia con la empresa privada. La libre elección de los ciudadanos se inclina cada vez más por la oferta privada, con lo que todos ganan: la libertad ciudadana de elección, la eficiencia económica y el gasto y el déficit públicos.
Los partidos políticos no están interesados en mostrar con transparencia y rigor la razón de ser y utilidad de los casi 20.000 organismos públicos que manejan a su antojo
La existencia y aún más la proliferación de organismos públicos presenta, al menos, los siguientes problemas:
- Más gasto público convertido en déficit fiscal y mayor deuda pública.
- Duplicación innecesaria de funciones entre administraciones públicas y con la sociedad civil
- Competencia desleal con la sociedad civil, que ha demostrado con creces mayor eficiencia en la gestión económica que el Estado.
- Conversión de la noble función de la política en una aberrante maquinaria de colocación de allegados políticos que raramente superarían una selección profesional seria.
- Oportunidades de prácticas económicas corruptas al operar al margen de las reglas de control que rigen en las administraciones públicas.
- Desbordamiento y subversión de los límites del orden civilizador del Estado Liberal de Derecho al servicio de intereses particulares articulados por partidos políticos financiados involuntariamente y su pesar por todos los ciudadanos.
Sería muy interesante investigar la contribución material al reciente proceso secesionista catalán de muchos de sus organismos públicos actuando libres de las exigencias de control de las administraciones públicas, como muchos otros en el resto de España.
Como es impensable que los partidos políticos estén interesados en mostrar con transparencia y rigor la razón de ser y utilidad de los casi 20.000 organismos públicos que manejan a su antojo, una sociedad civil más vitalista y responsable debería organizarse para investigar para qué sirven y exigir en su caso –que serán muchísimos- su desaparición. De este modo la sociedad civil podría respirar más y mejor y el déficit público disminuiría, que falta nos hace.
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