El Estado moderno surge en Europa como una institución capaz de proteger a todos frente a la insolencia de cualquiera, frente a la violencia y el miedo común a los desastres y la guerra. En las democracias representativas esa protección adquiere fundamentalmente una forma de ley y, a medida que las situaciones conflictivas se extienden y complican, las leyes tienden a convertirse en una maraña en la que, sobre todo por inadvertencia, se quedan prendidas muchas víctimas inocentes. Así sucede con las regulaciones que es casi imposible que no perjudiquen a terceros, especialmente cuando tratan, y lo hacen de manera habitual, de proteger intereses sólidamente establecidos.

Frente a esos “fallos del Estado” (tan frecuentes como los consabidos “fallos del mercado”) apenas cabe otro recurso que el activismo de los perjudicados o, en forma de previsión, el “lobby” de los más precavidos, puesto que las instituciones (parlamentos, gobiernos y administraciones) que establecen los marcos normativos pueden equivocarse con frecuencia, porque no poseen toda la información relevante, no son infalibles, y tampoco son capaces de predecir el futuro.

El activismo contemporáneo es fruto, sobre todo, de la queja de los administrados frente a las imprevisiones, fallos e incompetencias de los reguladores. Muy conscientes de que esa necesidad de hacerse notar, de reclamar por los daños sufridos, tiene que hacerse presente de manera pacífica, los legisladores han reconocido, generalmente con gran amplitud de miras, el derecho de huelga, es decir la legitimidad moral y política de negarse a seguir siendo una pieza funcional del engranaje social, empresarial o de cualquier otro tipo, cuando los afectados consideren que el reparto de cargas y beneficios  que les afecta está excesivamente desequilibrado.

¿Qué hace posible que los activistas interrumpan de manera violenta el normal funcionamiento de las instituciones y los servicios?

El problema que plantea el activismo y las huelgas es muy fácil de describir: un determinado colectivo no está dispuesto a seguir funcionando bajo un régimen que considera injusto o vejatorio y trata de imponer un cambio favorable para lo que recurre a interrumpir el orden normal, lo establecido. Para ello se manifiesta, deja de trabajar, ocupa las calles, y, según los casos, ejerce un tipo de acciones violentas e intimidatorias que nunca tienen en cuenta el daño que se infiere a terceros enteramente ajenos al conflicto.

La teoría dice que todo ese activismo es legítimo, que no se puede prohibir. Es una teoría correcta, desde luego, especialmente si el daño que se inflige al conjunto de la sociedad y, en especial, a los individuos a los que les afecta de manera más directa, no es irreparable ni absurdamente desproporcionado. Ahora bien, ¿cómo se calcula ese daño? Dicho de otra manera, ¿qué hace posible que los activistas interrumpan de manera violenta el normal funcionamiento de las instituciones y los servicios?

El cálculo del daño solo es posible cuando el interés de los activistas se dirige contra intereses perfectamente organizados (por ejemplo, en España, las actuales huelgas de los taxistas actúan contra el interés del sector VTC), pero es literalmente incalculable cuando los afectados no forman un conjunto definido, y esa ignorancia del daño es, precisamente, lo que hace tolerable el activismo. Lo que ocurre es que en el conjunto social funciona de manera tácita una especie de regla del “hoy por ti mañana por mí”, de manera que los ciudadanos soportan los daños que les afectan, calculando que en otro momento ese tipo de movilizaciones pueda redundar en su beneficio, suponiendo, por ejemplo, que toda defensa de intereses sindicales puede resultarles a la larga beneficiosa, o razonamientos similares.

En esa actitud se esconde un viejo prejuicio socialista, en el sentido más estricto del término: la suposición de que existen reformas sin coste alguno, o, dicho de otra manera, la creencia de que existe un fondo inagotable de mejoras sociales que no se actualizan en virtud de la mera perversidad de alguien, o del inextinguible egoísmo de los ricos. Esta creencia ha sido, sin duda alguna, un importante motor de los cambios sociales de los últimos ciento cincuenta años y ha conducido, nunca por si sola, sin embargo, a mejoras efectivas del nivel medio de vida. La pregunta que hay que hacer ahora es la siguiente: ¿se puede seguir sosteniendo esa creencia cuando las movilizaciones se enfrentan a cambios tecnológicos decisivos? La izquierda radical seguirá viendo, imperturbable, que detrás de esos cambios se encuentra el interés y la avaricia del capital, pero, ¿es razonable seguir aceptando esa clase de explicaciones? Me temo que no.

La simplicidad y agilidad de esas nuevas tecnologías ha dejado en evidencia a un sistema basado en paradas fijas, paseo por la calle y teléfono con centralita y dudosa respuesta

Veamos el conflicto que actualmente afecta al sector del taxi en España, y, de alguna manera, en todo el mundo. Siempre ha habido VTC y el taxi había convivido con ese servicio sin problema alguno. La novedad radical que ahora ha cambiado la situación no es, esencialmente, de carácter empresarial, sino tecnológica: el hecho de que se pueda relacionar con eficacia y rapidez mediante una sencilla aplicación de móvil un universo de coches con chófer y un universo de personas que necesitan ese servicio. La simplicidad y agilidad de esas nuevas tecnologías ha dejado en evidencia a un sistema basado en paradas fijas, paseo por la calle y teléfono con centralita y dudosa respuesta. Desde el punto de vista de numerosísimos clientes, la alternativa no ofrece dudas, porque supone una alternativa bastante más eficaz al sistema del taxi tradicional.

En este caso, pues, la huelga del taxi perjudica notablemente a los usuarios, pero no porque no puedan coger un taxi estos días, aunque también eso ocurra, sino porque la movilización pretende impedir que los clientes puedan usar medios alternativos que consideren mejores. Desde este punto de vista, el conflicto es enteramente descarado e impopular y se presta a comparaciones muy odiosas y negativas para los taxistas. En el fondo estamos ante un caso más en el que las tecnologías permiten desbordar el marco regulatorio y en el que los taxistas no han andado listos a la hora de ponerse al día. Les pasa lo que le habría pasado a Telefónica si no hubiese desarrollado la telefonía móvil y pretendiese que las administraciones obligasen a los usuarios a seguir haciendo un determinado tipo de llamadas desde terminales de pared.

Los taxistas son víctimas de un despiste profesional y tecnológico, despiste no disculpable porque son varios los profesionales del sector que se han pasado al VTC, pero, sobre todo, son víctimas de su absurda confianza en la capacidad de las administraciones para proteger sus intereses y de su esperanza en que el miedo de los políticos a enfrentarse a una fuerza tan viral y organizada como la suya les otorgue una victoria con cartas marcadas, como ha sucedido en Cataluña.

No se sabe cómo acabará este asunto, pero si los taxistas piensan que se puede detener el impacto tecnológico, aciertan solo a medias. El impacto tecnológico se puede aminorar, y solo basta comparar muchas ciudades europeas, con las urbes más avanzadas como Singapur, Austin, San Francisco o Shanghái, pero a la larga se acabará imponiendo, un retraso que conlleva costes, por supuesto.

Es desesperantemente incauto pensar que siempre habrá un poder benévolo con los taxistas

Las formas de movilidad urbana están cambiando por todas partes, y van a seguir haciéndolo. Es desesperantemente incauto pensar que siempre habrá un poder benévolo con los taxistas o que podrán ganar una guerra más o menos incruenta contra el resto del mundo si se dejan guiar por uno de esos asaltantes de cielos que ahora les inspiran.

El activismo es engañoso, sobre todo, porque al fortalecer los lazos grupales con los afectados, aminora cualquier capacidad de análisis ya que nos importa más el reconocimiento del grupo social que la verdad que viene de fuera, aunque esa verdad se suela encontrar en la forma más amarga cada final de jornada, al regresar a casa con las manos vacías. Estamos entrando en una época en que la diversidad y la intensidad de los cambios sociales empuja hacia soluciones escasamente compatibles con la democracia liberal, y todo activismo exaltado lo es, porque, como decía Marañón, que era un buen cliente del gremio, “Ser liberal es, primero, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo; segundo, no admitir jamás que el fin justifica los medios”. Eso, además, es ser inteligente.

7 COMENTARIOS

  1. “La pregunta que hay que hacer ahora es la siguiente: ¿se puede seguir sosteniendo esa creencia cuando las movilizaciones se enfrentan a cambios tecnológicos decisivos? La izquierda radical seguirá viendo, imperturbable, que detrás de esos cambios se encuentra el interés y la avaricia del capital, pero, ¿es razonable seguir aceptando esa clase de explicaciones? Me temo que no”

    Pues no sé que decirle, Quirós. Pensar “que detrás de esos cambios se encuentra el interés y la avaricia del capital” no parece ser exclusivo de “la izquierda radical e imperturbable” de Colau, a no ser que las políticas de recortes aplicadas por los que gobiernan y han gobernado desde la Generalitat se consideren de izquierdas. Ni unos ni otros me suscitan simpatías, pero en esta cuestión, al margen de etiquetas políticas, han sabido estar a la altura de las circunstancias y dar un paso al frente.

    Por supuesto que no hay garantías de que en Madrid se resuelva del mismo modo, precisamente porque el gobierno no puede “copiar” o “imitar” la iniciativa llevada a cabo en Cataluña y viniendo de quien viene. Además, es mucho mas cool defender la libertad de los usuarios para elegir el medio de transporte que quieren utilizar, defender la liberalización del sector, el no poner puertas al campo y no abominar de los cambios tecnológicos decisivos que facilitan nuestra vida y nos suben al tren del progreso. Un discurso que también es asumido de forma incomprensible por la derecha más conservadora. Claro que, en función de la etiqueta que a uno le aisgnen y de lo que más interese, ese progreso y esas tecnologías las carga el diablo, hay que poner límites, cautela y no todo vale. La música de siempre.

    No parece que las empresas VTC estén dispuestas a reducir sus beneficios ni se muestren muy razonables cuando se trata de ceder o aceptar condiciones menos ventajosas.
    Vaya que, no han tenido inconveniente en despedir sin problema y dejan con el culo al aire a más de mil quinientos empleados. Claro que, ahí la Generalitat ha estado hábil pidiéndoles que devuelvan esas licencias y que no las puedan revender. Al menos que no tomen al respetable por gili…as.

    ¿Diría usted que en este otro asunto está detrás el interés y la avaricia del capital o son imaginaciones mías?:
    “el Ministerio para la Transición Ecológica ha dado marcha atrás en su plan de cerrar las centrales nucleares en un plazo máximo de 40 años y haya decidido ampliarlo en diez años más para evitar que las grandes eléctricas tengan que hacer frente a las millonarias amortizaciones derivadas de una clausura en un periodo más corto…Así, según El Independiente, el cierre inicial previsto para 2025 habría costado más de 200 millones de euros al año en amortizaciones a Endesa, que tiene participación accionarial en seis de las siete nucleares que aún permanecen activas en España. Un coste del que la compañía pretende librarse con el aumento del plazo a 50 años”

  2. El conflicto enrixav es complejo, hay demasiado dinero en juego de unos y otros. En Madrid, he leído hace unas semanas que no se dan nuevas licencias desde 1979/1980 no recuerdo exactamente la fecha. Ya me dirá el mercado que se está generando con la transferencia de esa licencia de unos a otros y que quiere

  3. Estos cantos de sirena del “Estado Liberal es …” me recuerdan aquel video en el que un anarquista afirmaba que “el anarquismo es lo mejor (del mundo)”.

    Puro humo,…

    El Estado Moderno Liberal es lo que es, es justamente, quien se lucra con las licencias de taxi.
    Toda esa palabrería, tipo “lo mejor (del mundo)”, es boca y vocablo de la parte “funcionante” “del sistema”.

    Los “taxis liberales” también “llamables” funcionarios. Que en la teología liberal poco se diferencian de los curas con su letanía.

  4. Estoy de acuerdo el taxi más tarde o temprano no sé si desaparecerá pero fijo va a tener que adaptarse a las nuevas tecnologías, no se puede poner freno a ellas.

    Ahora que en España, un mundo de corruptos, el tema por lo que veo no sólo es un conflicto taxi/Vtc.
    La especulación del traspaso de la licencia de taxi y la especulación en la compra masiva de licencias de VTC por parte de unos pocos es el verdadero conflicto de todo esto y que nadie está poniendo encima de la mesa.

    Deberían salir a la luz los nombres de todos esos que han comprado licencias masivas de VTC, verdaderas sorpresas nos llevaríamos y por supuesto también deberían salir a la luz muchos temas en el traspaso de licencias de taxis, a veces ya son verdaderas empresas con varios vehículos y trabajadores cuando por la licencia inicial pagaron cuatro duros

    Especulación pura y dura en un bando y en el otro.

    • Muy aguda su reflexión, Emme, y muy a propósito. Así funcionan las fuerzas de acción y reacción de todo sistema cerrado, enfrentadas en la lucha por alcanzar el equilibrio. Lo que pasa es que los agentes implicados en el fenómeno no se dan cuenta de que se les ve la patita y muchas veces los que tenemos la pretensión de analizarlo, tampoco.

      • El conflicto enrixav es complejo, hay demasiado dinero en juego de unos y otros. En Madrid, he leído hace unas semanas que no se dan nuevas licencias desde 1979/1980 no recuerdo exactamente la fecha. Ya me dirá el mercado que se está generando con la transferencia de esa licencia de unos a otros y que quiere que le diga, si alguien paga 200.000 o 150.000 euros por ella, como se han pagado en épocas de bonanza es porque es un negocio muy pero que muy lucrativo.
        Y poco más que la ESO se pide.

        Nadie invierte en un negocio ese dinero si no va a generar unos beneficios bastante pero bastante más cuantiosos.

        Entiendo que si los ayuntamientos empiezan a conceder más licencias eso no lo quieren y tampoco quieren a las VTC porque les roba campo.

        En fin, un conflicto de unos y otros con demasiado dinero en juego.