Una publicación en Twitter de Luis Garicano me ha llamado la atención sobre el informe Worldwide Governance Indicator, elaborado por el Banco Mundial. Es un informe de síntesis, que recoge datos procedentes de otros informes, y estandariza sus datos para poder compendiarlos en un único índice. Así, proporciona un conjunto de medidas de gobernanza para más de 200 países y territorios.
¿De dónde saca el Banco Mundial los datos para su informe? Entre otras fuentes, Evaluación de las políticas e instituciones nacionales (CPIA) del Banco Mundial, Transparencia Internacional (TI), Freedom House, Economist Intelligence Unit, Variedades de Democracia (V-Dem), Foro Económico Mundial (FEM). Pero son sólo una parte de las más de 30 fuentes, que incluyen también entrevistas realizadas a empresas y personas, o evaluaciones realizadas por think tanks, organizaciones internacionales y demás.
Este informe de informes recoge una degradación en España en los años de Sánchez. Con todo, quizás no es lo más llamativo. Aunque este descenso en las valoraciones de nuestra democracia es apreciable, me parece al menos igualmente interesante el descenso que se observa desde los 90 a la actualidad
Una vez recabados los datos, es necesario tratarlos. Para ello, lo que hace el Banco Mundial es utilizar un modelo que le permite ponderarlos en función de su coherencia con las demás. Así, le otorga un mayor peso a las fuentes que parecen más fiables, pues precisamente muestran una mayor capacidad de reforzarse en otros indicadores, con los que más coincide. Se identifica la consistencia de los datos con la calidad de los mismos. Y dados los dos primeros pasos, la selección de los datos y su combinación ponderada, queda el tercero: normalizarlos y otorgarles una valoración. Las puntuaciones finales de gobernanza se estandarizan en una escala que va de -2,5 (gobernanza débil) a +2,5 (gobernanza fuerte).
Esa larga treintena de indicadores se sintetizan en seis capítulos. El primero lo podríamos traducir como Voz y rendición de cuentas, y mide la participación ciudadana, la libertad de los medios de comunicación y los derechos políticos. El segundo aprecia la Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo, y el tercero la Eficacia del gobierno. Este evalúa la calidad de los servicios públicos, la burocracia y la aplicación de las políticas.
Los tres últimos son la Calidad reguladora (capta la capacidad de formular y aplicar políticas sólidas), el Estado de derecho (refleja el cumplimiento de los contratos, los derechos de propiedad, la independencia del poder judicial y el control de la delincuencia) y el Control de la corrupción (aprecia hasta qué punto se ejerce el poder público en beneficio privado).
Bien, ya sabemos de qué estamos hablando. Vamos ahora a observar qué dice el informe de nuestro país. Para hacer más fácil la comparación en el tiempo y con otros países, vamos a elegir fundamentalmente tres años: 1996, que es el más antiguo, 2018, que es el último cuyos resultados no se pueden achacar a la gestión de Pedro Sánchez, y 2023, que es el año más reciente para el que hay datos. Y vamos a ir capítulo a capítulo.
Por lo que se refiere al Control de la corrupción, España obtiene 0,63 puntos en 2023. Para que nos hagamos una idea, Suecia tiene 2.03 puntos, 0,70 en Portugal, 1,12 en los Estados Unidos, 1,18 en Francia y 0,97 en Chile. Polonia tiene una valoración más baja: 0,57. La valoración de nuestro país era en 1996 de 1,13 puntos, en 2018 había caído a 0,61, y ahí seguimos, con 0,63 puntos en 2023. Nos puede sorprender que el índice no haya caído más, pero el grueso de las noticias sobre el latrocinio organizado en torno a Pedro Sánchez se han producido en el último año. Habrá que esperar.
En 1996, la valoración de España en Efectividad del gobierno era de 1.62 puntos. Caímos en esa valoración en los años 2006 y 2007, nos recuperamos después, pero llevamos un tiempo de lenta degradación hasta los 0,97 puntos de 2018. En 2023 obtenemos la peor valoración jamás registrada: 0,75 puntos. Suecia obtiene una valoración de 1.60 puntos, Portugal 0,99, Polonia 0,42. Los Estados Unidos obtienen 1,22 puntos, y Chile muy cerca de España.
No vamos a observar los datos de violencia y terrorismo, pero sí los de la Calidad regulatoria. Como en los dos casos anteriores, hemos ido a peor en los últimos años. De 1,18 puntos en 1996 a 0,94 puntos en 2018, y 0,80 en 2023. La situación es muy parecida con Estado de Derecho. Con 0,82 puntos, estamos cerca de la peor valoración nunca registrada, que es la del año anterior. En 2018 obteníamos 0,98 puntos, ya muy lejos de los 1,44 puntos de 2006. Es lógico, a la vista de la degradación institucional que vive nuestro país, y el intento de Sánchez de someter todo lo que se mueve a su control. Ese espíritu norcoreano, progresista, del PSOE, está poniendo a prueba lo poco que tenemos de arquitectura institucional.
El último capítulo que voy a recoger es el de Voz y rendición de cuentas, que entre un máximo de 2,5 y un mínimo de -2,5, lo que obtuvimos en 1996 fueron 1,32 puntos. En 2018, España obtiene 1,03 puntos, 1,19 en 2023.
En conjunto, este informe de informes recoge una degradación en España en los años de Sánchez. Con todo, quizás no es lo más llamativo. Aunque este descenso en las valoraciones de nuestra democracia es apreciable, me parece al menos igualmente interesante el descenso que se observa desde los 90 a la actualidad. Revisando capítulo por capítulo, hay varios años que se repiten en el descenso de los últimos años: 2004, 2005 y, sobre todo, 2006. Y, más adelante, 2014 y 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que ni Sánchez ni el PSOE son los únicos responsables de los males que nos afligen.
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