Afirmaba Arturo Pérez-Reverte que “el español es un ser humano muy peligroso”, que “somos parte de la enfermedad de este país”. Y añadía admonitorio: “He visto lugares civilizados, que parecían oasis de paz como Líbano o los Balcanes, y que en poco tiempo se vuelven peligrosos. Por eso es importante la responsabilidad de los políticos”, pero “¿quién va a reconstruir luego el Estado? ¿Políticos como Casado, Rivera, Echenique, Iglesias, Monedero, Torra o Abascal? No me toques las narices. No saben de lo que están hablando”.

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Más de una década después del estallido de la Gran recesión parece que volvemos (o acaso nunca salimos de ahí) a ese esencialismo fatalista con el que se pretende justificar una supuesta maldición española. Se trata de una visión romántica de la historia, con el drama y la tragedia como hilo argumental, que dotaría de sentido a cada acontecimiento incorporándolo a un relato lineal, contundente, inapelable. Así, lo que sucedió hace cincuenta años o quinientos, da igual la cantidad, define lo que somos, como si los sucesos fueran cápsulas del tiempo de las que no es posible escapar. Es la traslación al Estado nación de la idea contra la que argumenta Steven Pinker en su libro La tabla rasa.

Sin embargo, la traumática experiencia de la Gran recesión, con la emergencia posterior de lo que se ha dado en llamar populismo y, en el caso español, el secesionismo catalán, no son sucesos determinados por la historia, sino por cadenas de errores, casualidades, omisiones e intereses de corto plazo. Tampoco la dinámica de “buenos” contra “malos”, de ilustrados contra reaccionarios, de cosmopolitas contra nacionalistas arroja demasiada luz. Hay detrás algo intrínsecamente ineficiente, un problema de fondo que poco tiene que ver con esa visión esencialista, y para el que existiría otra explicación más racional que la España maldita.

En un «Estado natural» todo es susceptible de convertirse en un recurso, renta o privilegio con el que comprar apoyos y voluntades

Al fin y al cabo, si la función del Estado es hacer cumplir los derechos de propiedad y, mediante el monopolio de la coerción, maximizar el rendimiento de los impuestos y redistribuir la riqueza, los gobernantes, movidos por su propio interés, en vez de propiciar la corrupción y el desaforamiento de la política, deberían haber incentivado una sociedad más abierta y competitiva, eliminando las barreras de entrada a la economía y a la política, ya que al hacerlo habrían obtenido un pastel mucho mayor. Sin embargo, en muchos aspectos se ha avanzado en la dirección contraria, ¿por qué?

Para comprender este mal funcionamiento y su relación con la estructura de poder de una comunidad nacional, Douglas C. North et al., en Violence and Social Orders (2009), diferencia entre dos modelos de Estado: el Estado antiguo o “Estado natural” (definición que nada tiene que ver con esa otra filosófica de Thomas Hobbes) o “sistema de acceso restringido”, que surge hace 10.000 años con la primera revolución económica, y el Estado moderno o “sistema de libre acceso”, que surge a partir de 1700 con la segunda revolución económica.

El primero, el Estado antiguo o «Estado natural”, aunque supuso la especialización económica y la creación de una clase gobernante más sofisticada, restringía el acceso al sistema político, económico y religioso. Mientras que el segundo, el Estado moderno eliminó las barreras de entrada a la política y a la economía, y suprimió los privilegios que favorecían a las elites políticas, económicas y religiosas.

Para ambos modelos de Estado la tarea principal es asegurar su propia supervivencia, de ahí que el Estado moderno y el Estado natural proporcionen un necesario orden social. Sin embargo, mientras que el primero apuesta por el libre acceso a la política y a la economía para asegurar la estabilidad y la prosperidad, el Estado natural hace justo lo contrario: limita el acceso al sistema político y restringe la economía. ¿Por qué razón actúa al revés? Pues porque de esta forma las rentas no competitivas generadas por las barreras de entrada pueden ser utilizadas por la coalición gobernante para establecer y asegurar compromisos creíbles entre los grupos que conforman el poder, evitando que estos se enfrenten entre sí, ya que las rentas de que disfrutan están supeditadas a la continuidad del modelo establecido.

Así, en el Estado natural primero se limita la competencia económica para crear y detraer rentas no competitivas, y luego se usan esas rentas para comprometer el apoyo de los grupos de poder. Este recurso, si bien garantiza la supervivencia del Estado, reduce el sistema económico a una mera herramienta con la que la coalición gobernante se perpetúa adjudicando rentas y derechos discrecionalmente en favor de unas minorías, lo que conlleva la concentración del poder económico-financiero.

Cuando North se refiere a la «coalición gobernante» hay que entender su definición en un sentido que trasciende meros gobiernos o coaliciones partidistas concretas. Así, en el caso de España, esta coalición gobernante habría estado compuesta de manera formal por la Corona, los dos grandes partidos, los partidos nacionalistas y los llamados “agentes sociales” (fundamentalmente sindicatos y patronal); y de manera informal, por una reducida élite, u oligarquías, que controla o influye en los medios de información, las organizaciones políticas, las finanzas y los grandes negocios. De ahí que una de las características del modelo español sea la inexistente separación entre lo público y lo privado, pues en un Estado natural todo es susceptible de convertirse en un recurso, renta o privilegio con el que negociar y comprar apoyos y voluntades.

No hay más que repasar las rentas no competitivas y privilegios obtenidos durante las últimas décadas por los agentes enumerados anteriormente, y otros de nuevo cuño, para comprobar que, en efecto, España se asemeja más a un Estado natural, incompatible con la sociedad abierta y la plena prosperidad económica, que a un sistema de libre acceso. Es decir, nuestro Estado es en muchos aspectos un Estado natural y no un Estado moderno.

Mientras los partidos no cambien, los españoles aguardarán la salvación nacional como los cristianos aguardan la parusía

Este proceso de concentración del poder ha sido la consecuencia del modelo consagrado por la Transición, el cual, partiendo de la provisionalidad y, en la práctica, carente de controles y contrapesos, incentivó las relaciones personales (favoritismo, prebenda, privilegio) y desincentivó las impersonales (competencia, mérito, esfuerzo), lo que ha socavado la democracia (libre acceso a la política) y neutralizado la libre competencia (libre acceso a la economía). De ahí que, en lo político, los derechos hayan sido reemplazados por privilegios; y que, en lo económico, la escasa competencia limite la prosperidad.

No se trata de deslegitimar la Transición, tampoco la actual Constitución, lo que resultaría muy conveniente para unos supremacistas a los que, precisamente, les conviene y mucho la visión esencialista de la España maldita. Se trata de reconocer que lo que fue el único punto de partida posible, debió tener un carácter provisional y no permanente. Por ejemplo, la idea de crear partidos políticos fuertes, con suficiente poder para que la transición de la dictadura a la apertura democrática no descarrilara, tuvo su razón de ser en el pasado, pero hoy se ha convertido en el talón de Aquiles del sistema. Mientras los partidos no cambien, es decir, mientras no se abran a la participación de personas independientes y capaces, los españoles aguardarán la salvación nacional como los cristianos aguardan la parusía.

Los modelos de acceso restringido basados en coaliciones gobernantes, con los que el modelo español tiene demasiadas similitudes, son modelos, a medio y largo plazo, sin posibilidad de salida. Tarde o temprano, su incapacidad para proporcionar y asegurar un crecimiento económico sostenido y de libre acceso, sus incompatibilidad con el llamado «ascensor social», así como su demanda de privilegios siempre creciente e incompatible con unos recursos cada vez más limitados, desemboca en el enfrentamiento y la fractura de la coalición gobernante. Lo que parece estar sucediendo ya en el caso español.

En lo que sí tiene razón Pérez-Reverte es que nuestros líderes políticos no parecen estar en disposición de dar la vuelta a España como si fuera un calcetín. Pero es comprensible, cuanto más se estrecha el margen de la prosperidad, con más intensidad se lucha no por cambiar el sistema, sino por colocarse o mantenerse en él. Además, la lógica del modelo y sus conflictos de intereses les impide asumir que la solución no consiste en una serie de reformas cosméticas, ni siquiera en un proceso poco probable de reformas incrementales. Cuando las inercias de los intereses propios son tan poderosas, revertirlas solo es posible mediante un big-bang reformista, un plan de choque lo suficientemente intenso y creíble como para superar las resistencias y transitar a un modelo de libre acceso en un corto espacio de tiempo. Eso, y no otra cosa, es lo que nos enseña la historia. Claro que aceptarlo implicaría querer ver la viga en el ojo propio en vez de la paja en el ajeno.

Imagen: Muertos de rocroi, de Augusto Ferrer-Dalmau


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