No me pareció nunca mala idea dejar de valorar mis percepciones en categorías de lo bueno y lo malo, tomándome el tiempo necesario para intentar discernir si realmente era consciente de lo que ocurría de verdad. En la vorágine del día a día, que gana en vértigo con cada año que pasamos en esta vida, perdemos en ocasiones el contacto con la realidad subidos al rocín de los juicios de valor. Si no nos duele el espinazo, mantenemos el galope hasta caer por algún despeñadero del que, si los daños lo permiten, luego nos cuesta horrores salir. Hacer un alto en el camino nos devuelve el sosiego necesario para poder recuperar cierta perspectiva.
Mis vecinos, no sólo un profesor alemán desde un diario suizo, me dicen que el nuestro, el español, es un estado al borde del precipicio. Algunos de ellos francamente preocupados desde su sincero cariño por su “segunda casa, la de las vacaciones”, otros intentando ser empáticos con este inmigrante que les escribe. Lo que más me cuesta reconocerles es que el palpable deterioro institucional, político, social y económico de mi país no se debe a malvados intereses foráneos, celosos de una sociedad pujante y próspera. No. El enemigo está en casa.
Las ideas, los principios, se tornan en dogmas si alguien las toma como verdad absoluta y decide que todos los demás deben asumirlas como propias. Más peligrosas aún son las ideas en manos de quienes, en lugar de perseguir una sociedad de individuos pensantes, diferenciados entre sí por sus capacidades y méritos, prefieren una sociedad de individuos iguales en resultados y “protegidos por el estado”
La precariedad del Estado Español es fruto exclusivo de la debilidad de sus administradores. Debilidad humana y debilidad política. Y del paulatino distanciamiento – por desidia resignada – de sus administrados ante todo lo que tenga que ver con la labor de aquellos. Ningún partido político español en el Gobierno ha sido capaz jamás de transmitirnos con certeza que gobernaba para todos. Mientras los grandes partidos nacionales seguían (siguen) empecinados en una absurda lucha ideológica hace años caduca, prisioneros de la autocomplacencia y servidores de la más rancia endogamia política, los partidos nacionalistas gobiernan aferrados a sus principios decimonónicos, nostálgicos en la mayoría de los casos de una historia inexistente, opresores de voluntades con la palabra (la lengua) como arma.
Las ideas, los principios, se tornan en dogmas si alguien las toma como verdad absoluta y decide que todos los demás DEBEN asumirlas como propias. Más peligrosas aún son las ideas en manos de quienes, en lugar de perseguir una sociedad de individuos pensantes, diferenciados entre sí por sus capacidades y méritos, prefieren una sociedad de individuos iguales en resultados y “protegidos por el estado”. Protegidos de otros y de sí mismos por el PODER estatal. Entonces asistimos a la glorificación del Estado no sólo como principio aglutinador de voluntades, sino como GENERADOR de voluntades. El individuo se ve arrebatado de su capacidad de decisión propia, impedido en el desarrollo de criterios propios, abandonado a la vorágine de la corriente de pensamiento “estatalmente correcta”. Primero delegamos nuestra voz en unas siglas, luego en un Estado. Cuando la codicia por conseguir ese poder sobre los demás puede más que la ambición por devolver el poder a los individuos, la clase política abandona los principios de la democracia y la libertad para entregarse a un absolutismo paternalista disfrazado de democracia parlamentaria. Y así se explica el afán por controlar el poder judicial, o el encubrimiento de las limitaciones a las libertades individuales bajo el manto de la protección de la salud de todos.
Permítanme tirar de las bridas y frenar el discurso. ¿Y si estoy equivocado?… no importa. Debo poder decir en voz alta lo que pienso. Cuando decidimos reinventarnos como estado democrático de derecho, lo hicimos desde el convencimiento de que todos teníamos derecho a opinar en voz alta sin temor a la represalia de la dictadura de la que acabábamos de salir. El problema es que prácticamente nos están obligando a abandonar aquella idea inicial.
Aquella idea que incluía la posibilidad de que quienes piensan diferente, incluso quienes piensan muy diferente, puedan tener razón. Esto incluye admitir que la postura de quienes piensan de manera diferente, incluidos de aquellos que piensan de manera muy diferente, podría estar basada en principios éticamente justificables. Esto también incluye usar una discusión para intercambiar argumentos en lugar de buscar palabras clave con las que uno pueda condenar a aquellos que piensan de manera diferente, incluidos aquellos que piensan de manera muy diferente, para luego huir de la discusión y dejarse aplaudir por otras personas de ideas afines, por los propios votantes. Aquel consenso también incluía el respeto a la persona y a los principios universales de la razón y la lógica. Y, por último, pero no menos importante, el derecho de todos a participar en un debate en estas condiciones.
¿Somos conscientes de lo que en realidad estamos poniendo en riesgo? Cuando desde el gobierno se ignora el principio sagrado de la universalidad de la acción ejecutiva en interés del gobernado, substituyéndolo por el de la imposición de las propias convicciones, aún a costa de debilitar las instituciones que a todos nos protegen, estamos dando pasos de gigante que nos alejan de aquel espíritu que nos dio una Constitución (imperfecta, sí, pero de todos) y un estado en que crecer juntos, cada uno desde sus propias ideas y capacidades.
Foto: Erik Aquino
