El Rubius se ha llevado su fuente de ingresos fiscales a Andorra. Gracias, gracias, Rubius. Porque tu actitud, y la de otros, muestra que hay algún límite, aunque sea a esas mareantes alturas, a la voracidad de Hacienda. Cual esclavo fiscal, veo en ti una grieta en el sistema, por la que mirar al cielo sin fin como inalcanzable tierra de libertad. Contribuyentes, nos llaman, añadiendo al crimen el insulto. ¡Como si fuésemos esclavos de buen grado!

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Crimen, sí, pues de él quiero hablar. El Rubius, en su carta a la sociedad española en respuesta a los ataques desde el poder y los medios, dijo lo siguiente: “Lo que me molesta es que (…) Hacienda me haya tratado como si fuera un ‘delincuente’. Desde ese primer día, he estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU. para ver si tenía ‘cuentas corrientes ocultas’, me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera”.

Hacienda es un gran ojo de Mordor que se posa en nosotros. El Estado se ha convertido en un gran panóptico. En una sociedad libre, son los ciudadanos quienes vigilan al Estado, no él quien vigila todo lo que hacemos

En la relación de Hacienda con el ciudadano, nosotros estamos en una posición especialmente vulnerable. Para explicarlo, me voy a basar en un reportaje escrito por Luis Fernando Quintero en tres partes (una, dos, tres), oportunamente titulado Hacienda, la Stasi de la España del siglo XXI.

Merced a la película La vida de los otros, identificamos a la Stasi con una maquinaria de espionaje masivo de la población, cuando para la Stasi eso era sólo el punto de partida de un catálogo de crímenes en nombre del socialismo. El ministro de Hacienda, cualquiera de ellos, quiere esa maquinaria para extractar nuestra renta y riqueza. Esto incluye los interrogatorios, en los que se cuestionan las decisiones de las familias o empresas, el origen y cantidad de los ingresos, la realidad tras cada factura y demás.

La Hacienda Española descuella sobre las demás en el uso de la tecnología en la observación de los ciudadanos, identificación de sus comportamientos económicos y demás. Y cuenta con nuestra obligada colaboración, no sólo para que confesemos lo que hemos producido, sino para denunciar a nuestros conciudadanos. Si un inquilino declara lo que paga de alquiler para obtener beneficios fiscales, está obligando al casero a hacer lo propio. 44 declaraciones informativas nos brinda Hacienda, recuerda Quintero.

Hacienda es un gran ojo de Mordor que se posa en nosotros. El Estado se ha convertido en un gran panóptico. En una sociedad libre, son los ciudadanos quienes vigilan al Estado, no él quien vigila todo lo que hacemos. Los biógrafos tendrían en Hacienda prácticamente todo lo que necesitan para retratar una vida.

En un Estado de derecho, el ciudadano que cumple las leyes no tiene nada que temer del Estado. Sólo en un régimen autoritario, o totalitario, cualquier acto del ciudadano puede suponer un problema con el Estado. Una de las diferencias, la principal de todas ellas, es que en un Estado de derecho las normas definen el terreno que nos está vedado, pero sólo porque afecta a los derechos de otros. Y los supuestos de las normas, y las consecuencias para quienes las violan, son claros y faciles de entender para los ciudadanos. Donde no hay certidumbre jurídica, lo que impera es la arbitrariedad. Y ese es el suelo que tiene preparado el Estado para nosotros en el ámbito de los impuestos.

Cita Quintero una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 que alude a esta cuestión: “Es sentir común la profunda inseguridad jurídica e incertidumbre social provocada, entre otros factores, por la imprecisión de las normas jurídicas. Lo que se manifiesta de manera muy significativa en el ámbito fiscal”. Sigue: “Descubren una finalidad directamente dirigida a salvar obstáculos que harían inviable su aplicación” (…) “se presentan como impuestos lo que constituyen verdaderas tasas o viceversa” para jugar “con la imposición directa o indirecta, o con los tributos extrafiscales”. Es una nebulosa donde impera la arbitrariedad y el abuso de poder.

Un abuso cimentado sobre la inversión de la carga de la prueba. Si Hacienda determina que eres culpable, eres tú quien tiene que demostrar su inocencia. Lo cual nos lleva a otra de las fuentes de abusos de la Administración Tributaria. Cuenta ésta con enormes recursos económicos, tecnológicos y humanos. Y, sobre todo, con un horizonte temporal que va mucho más allá de la paciencia o de la desesperación humana. Pueden anegar las fuerzas y recursos de una empresa en un torrente de papeleo, para obligarla a pagar su rescate con una multa que no le corresponde.

El Estado tiende a la crisis fiscal porque dispara con pólvora del ciudadano. No conoce límite en lo que quiere hacer, y sobre lo que puede sólo nuestro bolsillo le ofrecemos una cierta resistencia. Si nos roba una parte excesiva de lo que nosotros generamos, acabamos por dejar de hacerlo o por trasladarnos a otro país, como han hecho tantos. Todo gasto se acabará financiando con impuestos o inflación. O con deuda, que supone más impuestos o inflación en el futuro. Y como los ciudadanos queremos el gasto, porque el propio Estado nos oculta su coste. Además, como pensamos que los impuestos los pagan otros (lo que se conoce como “ilusión fiscal”), creemos que el poco coste que tiene el gasto no recaerá tanto sobre nosotros.

La realidad es que estamos trabajando para el Estado prácticamente la mitad del año. Civismo elabora desde hace años un informe que calcula cuál es el coste fiscal del Estado, y traslada ese porcentaje al calendario. De modo que sabemos cuántos días del año los destinamos a trabajar para él, y a pesar de qué día comenzamos a hacerlo para nosotros mismos. Según el último informe, de 2020, el día de la liberación fiscal fue el 26 de junio. Con este Gobierno, volveremos a esperar más allá del uno de julio. Medio año es lo que le destinamos al Estado. Y no somos el Rubius.

La angustiosa necesidad del Estado de acrecentar sus ingresos es lo que explica que nos trate sin contemplaciones. No debemos permitirlo. Los Parlamentos surgieron precisamente en relación con las necesidades fiscales de los reyes, para pedir a las ciudades que allegasen fondos para sus guerras interminables. Y el Parlamentarismo forma parte de cualquier sistema representativo y de cualquier Estado donde impere la ley, donde todos estemos sometidos a la misma, incluyendo al propio Estado.

Recuerdo que hace años un policía dijo que le gustaría tener a cierto periodista en una habitación sin Estado de derecho. A lo mejor sólo quería convertirse en su inspector de Hacienda.

Foto: Chris Yang.


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9 COMENTARIOS

  1. «Hacienda es un gran ojo de Mordor que se posa en nosotros. El Estado se ha convertido en un gran panóptico. En una sociedad libre, son los ciudadanos quienes vigilan al Estado, no él quien vigila todo lo que hacemos. Los biógrafos tendrían en Hacienda prácticamente todo lo que necesitan para retratar una vida»

    Sin duda, José Carlos, es el ministerio más potente, digitalizado y eficaz del Estado para practicar el terrorismo fiscal y esquilmar hasta el último céntimo de las rentas del ciudadano común que ante el poderío del aparato burocrático no tiene escapatoria y solo le queda levantar los brazos y rendirse.
    No es casualidad que este ministerio sirva su venganza en plato frío a personajes relevantes de la sociedad que pretenden esquivar y saltarse sus normas. Aunque no parezcan estar en el ojo de Mordor, a la que se descuidan, el hachazo fiscal suele ser de órdago. Incluso se revierte la fortuna y prestigio de los ilusos que creen estar por encima de la hacienda pública.
    En otros casos excepcionales, inhiben su ansia voraz de recaudación y practican la contención fiscal de forma temporal. Pero no porque no controlen o no tengan conocimiento, sino porque esperan a que prescriba el delito de fraude, como ocurrió con Jordi Pujol y los que no sabemos. Posiblemente, hubieran actuado con la misma discrección con el emérito, pero éste, ha preferido cumplir y pasar antes por caja.

    • Quería ampliar información que se difundió ayer y que anoche cuando comenté no sabía. Resulta que los inspectores de hacienda están que trinan con la regularización hecha por el emérito. La crítica de la opinión pública respecto a sus acciones u omisiones, les ha herido en su orgullo fiscal más profundo. Están reivindicando modificaciones legislativas que no les subordinen a la fiscalía para investigar delitos de fraude y puedan hacerlo de forma autónoma, sin pedir permiso. Quieren reforzar la figura de la «policía fiscal», con manos libres para «luchar contra el fraude y la corrupción».

      ¿Más poder todavía para vigilar, intimidar y amedrentar al ciudadano común? No, ese poder ya lo tienen. La diferencia está la cantidad defraudada. Por debajo de 120.000 euros (en el radio de los ciudadanos de a pie) tienen las manos libres para seguir siendo la «Stasi» y actuar cuando les plazca. Es por encima de los 120.000 euros cuando se tienen que inhibir y se les ata las manos para impedir que investiguen el delito fiscal. De manera que quedan fuera de sus redes todos los peces gordos, políticos y corruptos de toda clase y condición que se manejan en las altas esferas. Y en este punto, tienen razón los inspectores al pedir más competencias (lo reclaman desde el 2014) y más independencia para no estar subordinados a la fiscalía.
      El sistema, tal como funciona ahora, es perverso al favorecer y mantener la corrupción, mientras se amedrenta y se mantiene a raya a la gran mayoría de contribuyentes que en muchos caso defraudan cantidades insignificantes, incluso más por error que por mala fe.

  2. No pensaba yo que aquello que comenzó como un simple movimiento espiritual minoritario llegara a convertirse en una religión de masas, menos aún que siendo iconoclastas de todas las figuras fiscales pudiera el adorador común abandonar semejante práctica arraigada por años de culto al estado corrupto y fallido.

    No puedo estar más feliz, «el Rubius» R$ se ha convertido en unidad de medida de la corrupción y despilfarro político, sin ejemplo, que Igualda, son cuatrocientos R$ al año de disparate, sin el Rubius 399, algo es algo.
    A mi me gustaría proponer a el Rubius como obispo o cardenal, lo que prefiera en Andorra de los Objetores Fiscales Fundamentalistas.

    Recemos por el Rubius,.
    Gracias Señor de la Riqueza por librar de la tentación al humano solidario de corromper con su dinero a políticos honestos.
    Gracias Señor de la riqueza por apartarnos de la tentación de crear chiringuitos monstruosos que devoran el esfuerzo a dos carrillos.

  3. El problema de fondo no es trabajar medio año para el Estado (que también), sino que ese dinero va a financiar nuestro sometimiento, los privilegios de una clase política insaciable y corrupta, los chiringuitos «progres», los medios de comunicación prostituidos, la Iglesia Católica (y pronto las mezquitas), los sindicatos y organizaciones empresariales subvencionadas, el inmenso cenagal de los partidos políticos, las ONGs que no paran de traer inmigrantes, las campañas de comecoco feminazi y ecolojeta, la insurrección indepe, el cuponazo vasco, las subvenciones a todo tipo de mercenarios del poder, etc.

    Todo ello para mantener un Estado mastodóntico, bastante inutil, lleno de duplicidades y organismos inútiles, donde los sátrapas politicos (de todo pelaje) enchufan a sus familiares, amigos y afines. Un estado que cada día es más opresivo, tiránico y totalitario. Un Estado que cada día tiene más desafectos y que pastorea de forma miserable a esta sociedad ovejuna, asustada y cobarde llamada España.

    Ese dinero no va para hacer hospitales, mejorar la educación, arreglar las autovías (ahora quieren poner peajes) y generar programas de conservación medioambiental, reforestar y bajar la electricidad. No. Ese dinero va para seguir alimentando la burbuja de la deuda y el gasto improductivo «institucional» (esa palabra tan de moda ahora, aniversario del 23F, de vergüenza ajena ha sido la celebración del aniversario). España es un caso de libro de una élite extractiva, que vampiriza a la sociedad sobre la que gobierna y no le da nada a cambio: enfrentamiento, manipulación, demagogia y adoctrinamiento.

    Que pena no ser El Rubius y poder largarse de este estercolero de una p.t. vez.

    • De acuerdo con su comentario, pero creo que se equivoca cuando dice que con los impuestos se financia a la Iglesia Católica. Se financia si uno quiere que se destine parte de sus impuestos a ese fin. Es uno de los pocos caso de quiebra del principio de unidad de caja. En cambio queramos o no financiamos partidos, sindicatos, asociaciones feministas o de memoria histérica…¡lo que daría por tener la posibilidad de decidir si financio a todas esas organizaciones al igual que como hago con la Iglesia Católica!. Por no hablar de las distintas finalidades pero eso sería otra historia. Por cierto la relación presupuestaria, sea la que sea, entre el Estado español y la Iglesia Católica, tiene su origen en el latrocinio perpetrado por la primera contra la segunda, a modo de compensación por decirlo de alguna manera..

      • Saludos Brigante. La Iglesia Católica no deja de ser una organización en buena parte privada, que responde a los intereses de otro Estado (multinacional). Y el Estado español sí que la financia, porque si con la famosa «equis» no se llega, ese mismo Estado pone el dinero que falta para llegar a lo que señala el concordato. Todo ese dinero va en buena parte para el sueldo de los sacerdotes (que se ocupan casi exclusivamente del culto y de sus obligaciones pastorales, además de algo de docencia). Pienso que las personas que ejercen el sacerdocio deberían trabajar en otras cuestiones (muchos son gente bastante preparada) y ocuparse del culto y su parroquía conforme las necesidades litúrgicas, siendo ayudados por los seglares, como pasa en muchas confesiones evangélicas.

        Yo soy católico, aunque la verdad poco practicante y muy crítico con bastantes dogmas que sostiene la jerarquía eclesiástica y sus actitudes, que vienen a ser una prolongación del poder político. La Iglesia y todas las confesiones religiosas deben ser financiadas exclusivamente por sus fieles (atención aquí a la pasta que llega a determinados grupos radicados en España desde ciertos países del Golfo Pérsico, que debe estar directamente prohibida, por el «riesgo de ingerencia extranjera»). De esa manera la Iglesia Católica sería mucho más independiente y crítica con el poder, no como ahora que tiene una actitud bastante genuflexa (salvo el tema del aborto, lógicamente). Estamos en plena pandemia, vivimos en un abuso permamente del poder (cerrando hasta el culto en determinados periodos) y la Iglesia está muda (y los sindicatos, las organizaciones profesionales, el Ibex 35, la sociedad civil en general también).

        Otro tema es la enseñanza de la religión en el sistema educativo (y de la cristiana en particular), dada la importancia que ha tenido y tiene (aunque cada vez menos) en nuestra sociedad. Sin ello no se entiende ni la historia, ni el arte, ni la literatura, ni todas las humanidades. Quitarla (como dicen los progres) sería un disparate, porque mucho jóvenes no saben ya ni lo que es el Evangelio. Pero las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado deben ser revisadas, en mi opinión, especialmente por el bien de la propia Iglesia (que debe ser mucho más autónoma y mucho más libre, también para pagarse lo suyo, IBIs y demás).

        Respecto a dejar de financiar chiringuitos progres o fachas, sindicatos, partidos políticos, observatorios (todos ellos colocaderas de los amigos del poder político) lo he dicho en mi comentario. Ni un duro para esos temas. El dinero público tiene que ir para los intereses públicos, no para los de organizaciones privadas (que en el fondo son los intereses y los privilegios de las personas que están en su cúpula. Y lo sé porque lo he vivido).

        • Injerencia, mis disculpas.
          Por cierto: que yo pongo la equis en la casilla de la Iglesia, se me ha olvidado decirlo. Pese a que pienso que todo este tema debe ser revisado a fondo.

  4. Como dicen los de Vox, este sistema confiscatorio e intimidatorio está al servicio del bienestar de los políticos, nunca de los ciudadanos. Es un plan típicamente comunista en el que Montoro trabajó con pasión.

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