Uno de los efectos políticos del trumpismo ha sido que se haya convertido en un lugar común la denuncia del tosco tratamiento que muchas de sus afirmaciones reservaban para asuntos en los que los hechos conocidos no le convenían y la agilidad con la que se empleaba el trumpismo para pergeñar lo que llamaron hechos alternativos, cualquier falsedad favorable a sus intereses. La verdad es que Trump era bastante malo mintiendo de forma que sus trapacerías no convencían sino a aquellos que le votarían aunque le hubiesen visto pegando tiros al personal en la Quinta Avenida, según imagen de la casa.
Como anotó Arendt, en 1961, mucho antes de Trump, “las mentiras políticas modernas son eficaces ocultando cosas que no son en absoluto secretas sino conocidas por casi todo el mundo”, una afirmación que obliga a frotarse los ojos, pero que es muy fácil de constatar en miles de casos. Para que esto pueda suceder con la normalidad con que lo hace son necesarias, al menos dos requisitos, el primero que haya una doctrina que ampare la verosimilitud de lo que es falso por completo y, en segundo lugar, que exista una multitud a la que le convendría que lo falso fuese, en efecto, verdadero.
Habría que preguntarse si es razonable que los enemigos de la libertad puedan usar los servicios del Congreso como cámara de resonancia para atacar principios esenciales de nuestro ordenamiento como es la independencia de la Justicia
En este sentido, los auténticos inventores de hechos alternativos son las ideologías, muy en especial aquellas que por considerarse de izquierdas promueven un sistema paradisíaco y creen que la manera de alcanzarlo es poner patas arriba el orden existente, en particular las instituciones de la democracia liberal que reconocen derechos individuales y establecen procedimientos garantistas para protegerlos.
Estos días hemos asistido en el Congreso a un juicio político a los policías que detuvieron a unos radicales en Zaragoza tras los delitos violentos que protagonizaron y a los jueces que los han condenado conforme a la legislación en vigor. El núcleo de este acto ha consistido en la pretensión de establecer unos hechos alternativos y una narración que desmintiera lo que dicen los atestados policiales, los testigos, las pruebas y los razonamientos jurídicos de las sentencias para convertir a los “seis de Zaragoza” en unos mártires.
Si nos tomásemos en serio el alegato de las fuerzas políticas que han promovido este juicio paralelo, todas ellas contrarias al ordenamiento constitucional, y no en aspectos secundarios sino en su mismo fundamento, sobrarían los policías y los jueces y bastaría con preguntar a los mandamases de estas bandas para saber qué es lo que merece aplauso y qué una rotunda condena. Tal vez sugerirían que solo haría falta una única fuerza represora de la burguesía que fuese, a un tiempo, policial y judicial, como en Cuba por citar un ejemplo, porque para estos totalitarios no hay mejor garantía de la felicidad común que el someterse al dictado del partido correspondiente.
Frente a una doctrina omnicomprensiva que pretende establecer la única verdad sobre todo, los mentirosos accidentales, por graves que sean sus mentiras, no dejan de parecer unos chapuzas. Trump se esforzó en poseer sus propios medios de comunicación, pero no pudo evitar que una buena parte de los periodistas le amargasen la vida, porque la democracia americana, y sus jueces, han sido capaces de soportar el vendaval trumpista y un activismo tan fabulador con relativa facilidad.
No estoy demasiado seguro de que nuestra democracia estuviese en condiciones de resistir un acceso al poder de las fuerzas que quieren someter a juicio a policías y jueces cuando actúan, con motivos más que suficientes, contra alguno de sus mamporreros que delinquen de manera palmaria. Temo que si los organizadores del acto parlamentario, UP, EH Bildu o ERC, llegasen a tener un poder suficiente, nadie tendría la menor oportunidad de llevarles la contraria. Y la prueba está en la prisa que se dan para abusar de las instituciones de la democracia para tratar de colocar sus discursos contrarios a la separación de poderes, al imperio de la ley y a a la independencia de los jueces.
Piénsese, por ejemplo, en la risa que le dan al actual gobierno catalán los derechos de los niños catalanes cuya lengua materna es el español a recibir una parte de su educación en esa lengua, digan lo que digan las leyes y los jueces porque, al menos de momento, tienen la sartén por el mango gracias al plus de fortaleza que les da ser imprescindibles para la continuidad de Pedro Sánchez. Y no olviden las estúpidas mentiras que profieren para defender lo que no tiene defensa alguna.
Lo de Unidas Podemos apenas merece mayor comentario, porque parece muy claro que sus mentiras políticas ya les han supuesto un nivel de deterioro de su credibilidad tan alto que ya no importa que añadan cualquier embuste a su trayectoria ejemplar en la manipulación de hechos, ideas y palabras.
EH Bildu constituye un caso aparte. Sus mentiras nunca han necesitado ser ni siquiera verosímiles porque su apoyo les ha venido de practicar el terror, una versión siniestra del dicho que afirma que la letra con sangre entra.
Estos partidos poseen, en efecto, una doctrina que los habilita para convertir la mentira en verdad de obligada aceptación. Que, por ejemplo, Amancio Ortega sea un empresario ejemplar por tantos motivos no impide que estos revolucionarios de vía estrecha lo consideren como un enemigo del pueblo, con lo que muestran una vez más que han convertido la envidia en el móvil perpetuo de un resentimiento ciego y visceral.
La CE del 78 no es una Constitución militante, esto es, no restringe los derechos de las personas y/o las doctrinas que se le oponen, pero habría que preguntarse si es razonable que los enemigos de la libertad puedan usar los servicios del Congreso como cámara de resonancia para atacar principios esenciales de nuestro ordenamiento como es la independencia de la Justicia.
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa y Pool Unión Europea.
