En la historia muy reciente de España abundan los que han querido contraponer la ley a la democracia, es decir su voluntad, sea mayoritaria o no, al respeto a las reglas y los principios sin los que cualquier democracia pierde sentido. Aunque no me guste el término, trufado de equívocos, esa es una de las presunciones que podríamos encontrar en todo lo que suele llamarse populismo, un desprecio de la política ordinaria y de las leyes en que se ampara tratando de erigir, en su contra, una determinada voluntad de ser, logrando la imposición de un nuevo sistema de principios sobre los que se presume que ni habrá ni cabrá discrepancia alguna.
Respetar la ley y la justicia, aunque suponga un obstáculo serio para imponer los propios deseos y perseguir las utopías, es una condición necesaria de cualquier sistema democrático con capacidad de aminorar y atenuar los conflictos sociales. Como es lógico, este principio encontrará siempre la enemiga de los radicales, de los antisistema, de quienes presumen ser víctimas sin otra salida posible que la destrucción del marco de convivencia, sin otra alternativa que tratar de conseguir que se extremen las contradicciones que, en su opinión, hacen que el sistema constitucional constituya una trampa. Es la política del “cuanto peor mejor” que suele encontrar apoyos en diferentes formas de frustración más o menos comprensibles.
En el marco que de sentido a la contraposición entre política y justicia, o entre democracia y ley, no parece posible lograr ningún progreso sustantivo por las vías de la práctica política ordinaria, pero, por fortuna, el buen sentido tiende a impedir que las cosas se desmadren y, aunque sea con cara de muy escasa conformidad, las fuerzas extremistas que enarbolan esas contradicciones suelen acabar aceptando el marco constitucional y sometiéndose a la ley común, aunque no siempre, como estamos viendo que ocurre en Cataluña.
Por debajo de este marco lógico en el que hay que respetar a la ley y la justicia para poder hacer política y construir cualquier democracia, existe siempre algo mucho más delicado y difícil de enjuiciar que es la actitud personal de los protagonistas de los conflictos colectivos, la forma de abordar la contienda política que adoptan los políticos profesionales.
De repente vemos que muchos políticos se comportan a la manera de las “manadas” en las que no se sabe si quien las lidera es en algo mejor que quienes lo siguen o si está delante por ser el más decidido a romperlo todo
Para hacer un breve análisis de esta cuestión he de referirme a una idea de Justicia que sobrepasa su mera condición legal y se ha de entender como un valor moral o, como a veces se dice todavía, como una virtud ciudadana. Si Justicia es dar a cada uno lo suyo, el ideal de un comportamiento justo impone, en primer lugar, un principio de reconocimiento de la individualidad y la dignidad de los demás que impide su sumisión bajo una categoría global que despersonalice y confunda. En este aspecto, la cultura política tiene que decidir entre dejarse guiar por un principio maniqueo, el de amigos y enemigos, o por una actitud más ingenua y ambiciosa que consiste en ver al otro como prójimo, como alguien con quien tengo que compartir el espacio físico, y el universo moral, con alguien a quien tengo la obligación de tratar de entender y con el que he de procurar acordar algo que redunde en beneficio común, aunque suponga costes.
En España vivimos tiempos que se está empezando a alejar de manera dramática de una voluntad de concordia que se había plasmado en las instituciones de la democracia del 78. El método para hacerlo ha sido el clásico, calificar aquellos acuerdos fundacionales de engaño, mostrarlos como la causa universal de todos los males, olvidando, de paso, errores y agravios que se generaron mucho después y de forma independiente de aquellos. El caso es que la voluntad de concordia no está en sus mejores momentos y da la sensación de que nadie se ocupa con seriedad en restaurar el clima que la hizo posible. La consecuencia inmediata es que se hable de crisis o de fin del sistema, es decir que se conceda a sus adversarios, siempre los hubo, a derecha y a izquierda, el beneficio del fracaso.
Mientras, el clima político se sigue deteriorando porque se convierte a las instituciones en rehenes de una voluntad de exclusión. Eso sucede muy en especial en los parlamentos, que ahora son objeto de un sistemático ninguneo por parte de los partidos que se empeñan en políticas del todo o nada, que rehúyen el pacto como si fuera una traición, pero ningún pacto es otra cosa que un intento, más o menos afortunado, de caminar, mientras que la negativa a los pactos supone siempre abandonar los principios de la política para emplear los de la guerra. Y es verdad que la política es siempre una contienda, pero con reglas, civilizada, no sangrienta ni destructiva, con voluntad de convivencia y no de aniquilación.
De repente vemos que muchos políticos se comportan a la manera de las “manadas” en las que no se sabe si quien las lidera es en algo mejor que quienes lo siguen o si está delante por ser el más decidido a romperlo todo. Estas manadas van sembrando el panorama de exclusiones, de “cordones sanitarios”, eufemismos que sirven para ocultar la voluntad de eliminar al adversario, la nula intención de dialogar y entenderse con él en aras de un bien superior, de la solución más razonable para el conjunto de los españoles. Así, como de paso, una situación objetivamente difícil, pues nada es fácil en el mundo que se nos viene encima, se empeora por la aplicación de las terapias más primitivas y elementales, sin que importe que produzcan efectos contraproducentes porque lo único que se busca es lucir el galardón de la victoria y el disfrute del botín.
El paisaje se llena de enemigos irreconciliables, de fascistas, de feminazis, de homófobos, de comunistas y de terroristas, de gente con la que no hay nada que hablar, un secuestro de la dignidad ajena para acrecentar la propia que pretende convertir la intolerancia en virtud. Los insultos dejan de serlo, de puro frecuentes, se toman como meras descripciones del irreprimible carácter del enemigo. El conflicto no se trata de aminorar sino de exacerbar, porque demonizar el pretendido mal se convierte en el único objetivo.
Todas estas actitudes, que, por fortuna, se perciben todavía como ridículas por buena parte de los ciudadanos, expulsan de la esfera pública el menor atisbo de objetividad, de respeto y, en consecuencia, de justicia. En lugar de reconocer a cada cual lo que merezca, se niega el pan y la sal a todos los que convenga, así sean fachas o rogelios. Y, claro, se espera, en el fondo, que los ciudadanos acaben aplaudiendo tamaña gallardía, es más, se carga en su cuenta el peso de la responsabilidad por un supuesto respeto debido a los electores.
No es que los populistas, por emplear de nuevo un término tan gastado, estén imponiendo la antipolítica, es que las malas políticas y las peores actitudes para la convivencia ciudadana se instalan en las direcciones de los partidos y el partidismo arrasa con todo, lo que demuestra no el respeto al elector sino lo contrario, porque los ciudadanos dan por hecho que los elegidos están ahí para resolver problemas, pero todas las encuestas muestran que tienen la sensación de que los políticos se han convertido en un problema, el segundo nada menos. Puede que se equivoquen, pero que vayamos camino de las cuartas elecciones legislativas en menos de cuatro años no es un dato que ayude a valorar la imagen de los políticos. Un mayor sentido de la justicia en el trato al rival y algo más de respeto a su derecho a discrepar debieran ayudar a poner las cosas en su sitio.
